La medida de fuerza, adoptada por pilotos y baqueanos de todo el país, amenaza con interrumpir el comercio exterior al impedir las maniobras de ingreso y egreso de buques. La Prefectura Naval ya cursó intimaciones individuales bajo apercibimiento de penas de prisión, en un intento por destrabar el conflicto que pone a prueba la estrategia oficial de reducción del costo argentino.
El gobierno nacional se encuentra sumergido en el primer conflicto de gran envergadura derivado de su agresiva política de desregulación, impulsada desde el ministerio a cargo de Federico Sturzenegger. Apenas cobró vigencia la normativa que reforma el régimen del servicio de practicaje y pilotaje, con el propósito manifiesto de abaratar los costos portuarios y fomentar la competencia, los profesionales encargados de la conducción y asesoramiento de las naves en aguas jurisdiccionales argentinas resolvieron, en un movimiento sin precedentes, cesar por tiempo indeterminado la prestación de sus labores. Se trata de un boicot operativo y contundente, destinado a obstruir por completo la aplicación de la nueva reglamentación.
La respuesta del Estado no se hizo esperar. La Prefectura Naval Argentina, en su carácter de autoridad marítima, comenzó a distribuir de manera individual y notoria las intimaciones correspondientes a cada uno de los profesionales habilitados, exigiéndoles el retorno inmediato a sus puestos de trabajo. El fundamento esgrimido por esa fuerza de seguridad radica en la naturaleza jurídica del practicaje, calificado como un servicio público esencial, regulado por la Ley de Navegación, cuya interrupción abrupta podría derivar en graves consecuencias legales. En tal sentido, se advirtió a los pilotos y baqueanos que la continuidad del cese podría acarrear denuncias penales en su contra y la instrucción de sumarios administrativos, elevando la tensión a un nivel inusitado.
El trasfondo de esta puja sindical y regulatoria impacta de lleno en uno de los engranajes más sensibles de la economía exportadora argentina. Los prácticos, denominación que agrupa a pilotos y baqueanos, son los asesores náuticos que acompañan a los capitanes durante las críticas maniobras de arribo y partida de los buques en los ríos, canales y dársenas. Su asistencia resulta obligatoria en una porción significativa del tráfico comercial, dada la complejidad hidrográfica de la Hidrovía Paraná-Paraguay y las particulares condiciones de los accesos portuarios locales, lo que convierte su labor en un eslabón irremplazable de la cadena logística.
Los alcances de la nueva normativa
El decreto rubricado por el presidente Javier Milei se inscribe en la ofensiva gubernamental destinada a desmantelar el denominado «costo argentino», a través de la supresión de trabas que, desde la óptica oficial, limitan la libre concurrencia y encarecen las actividades productivas. Este instrumento legal, que reemplaza un ordenamiento vigente desde principios de la década de 1990, introduce modificaciones de fondo que el Ejecutivo considera indispensables para modernizar el sector.
Entre los cambios más significativos, se dispone la creación de un registro abierto de profesionales habilitados, cuya administración queda en manos de la Prefectura Naval, lo que permitiría a los usuarios contratar libremente a los prestadores sin las ataduras del sistema precedente. Asimismo, se suprimen las barreras que dificultaban el ingreso de nuevos aspirantes, se delega en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la fijación de tarifas máximas de referencia, y se impone la obligación de hacer públicos los precios para que el mercado opere con mayor transparencia.
La letra chica del decreto también elimina la parcelación geográfica que hasta ahora compelía a los buques a cambiar de práctico en distintos tramos de un mismo recorrido, una segmentación que el ministro Sturzenegger calificó como un artificio burocrático que solo servía para engrosar los costos. A su vez, se flexibilizan los procedimientos para el traslado de los profesionales a bordo, se amplían los supuestos en los que ciertas naves quedan exentas de la contratación forzosa del servicio, y se incorporan cláusulas que garantizan la continuidad de la operativa en situaciones de emergencia o fuerza mayor.
“La Argentina necesita que sus ríos se conviertan en autopistas para el desarrollo, y no en un kiosco regulatorio”, sentenció Sturzenegger al momento de presentar la reforma. El ministro insistió en que el esquema previo había generado un cerrojo a la competencia, erigiendo barreras que protegían a los prestadores establecidos en detrimento de la eficiencia general. Según su diagnóstico, la ampliación de las dimensiones de los buques que requieren asistencia obligatoria, la creación de áreas donde ese requisito desaparece y la eliminación del recambio forzoso de profesionales en la travesía representan un salto cualitativo hacia una navegación más fluida y menos onerosa para el comercio internacional.
El boicot y sus primeras consecuencias
La reacción de los afectados fue inmediata y radical. De acuerdo con información recabada por fuentes del sector privado, los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el territorio nacional acordaron unánimemente suspender sus servicios a bordo de cualquier embarcación, ya sea de bandera argentina o extranjera, a partir del pasado domingo y sin un plazo definido de finalización. La medida de fuerza se mantendrá, según esos mismos voceros, hasta tanto el Poder Ejecutivo no suspenda la vigencia del Decreto 690/2026, una condición que el Gobierno, por el momento, se niega a negociar.
Los argumentos esgrimidos por el sector para justificar su postura se centran en un presunto riesgo para la seguridad de la navegación. Cuestionan con especial dureza la ampliación de las exenciones al uso obligatorio del práctico, la habilitación para que capitanes extranjeros, mediante una mera declaración jurada, acrediten su conocimiento de la zona y naveguen sin esa asesoría crítica, así como los cambios en las condiciones logísticas para el embarque y desembarque de los pilotos. La molestia es tal que los gremios anticiparon la presentación de una denuncia penal contra los funcionarios que suscribieron el decreto, argumentando que la nueva regulación atenta contra la integridad de las operaciones fluviales.
El paro ya comenzó a dejar huellas tangibles en la actividad portuaria. Una de las primeras maniobras afectadas fue la del buque de transporte pesado White Marlin, cuyo concurso resulta estratégico para el avance del megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). La nave, ante la ausencia de un práctico que guiara su ingreso, optó por permanecer fondeada en zona externa, lo que demoró el inicio de las tareas de tendido de infraestructura submarina previstas, generando un alerta temprano sobre las potenciales pérdidas económicas que el conflicto podría acarrear.
La respuesta penal de la Prefectura
En las notificaciones cursadas en las últimas horas, la Prefectura Naval ha sido enfática al recordar a los profesionales que el practicaje constituye un servicio público amparado por el artículo 99 de la Ley de Navegación. El documento intima a cada habilitado a poner sus servicios a disposición de manera inmediata y «sin condicionamiento alguno», bajo apercibimiento de que la autoridad marítima promoverá de oficio las acciones penales correspondientes y los sumarios administrativos que deriven del incumplimiento.
La intimación va más allá, al señalar que cualquier omisión o acción destinada a interrumpir el servicio público podría ser encuadrada en las figuras delictivas contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte previstas en el Código Penal. En particular, se cita el artículo 190 de ese ordenamiento, que estipula penas de dos a ocho años de prisión para quienes ejecuten actos que pongan en peligro la seguridad de una nave. De esta manera, el conflicto adquiere una dimensión judicial que excede el mero debate gremial, instalando un escenario de alto voltaje institucional.
La disputa abierta entre el gobierno y los prácticos configura un nuevo y complejo frente de batalla para la estrategia desreguladora del oficialismo. Mientras desde la Casa Rosada se insiste en que la reforma es el camino indispensable para reducir los costos logísticos y hacer más competitivo el comercio exterior, los profesionales de la náutica respondieron con un boicot operativo que, lejos de diluirse, ya muestra su capacidad para paralizar la maquinaria portuaria. El pulso se mantiene y, por ahora, las aguas de la Hidrovía permanecen en calma forzada, a la espera de que la política o la justicia determinen quién tiene el timón.
