La presidenta del bloque de La Libertad Avanza defendió las modificaciones incorporadas a la iniciativa que flexibiliza el régimen de adquisición de tierras por parte de extranjeros. El oficialismo apuesta a convencer a los sectores aliados para alcanzar una ajustada mayoría en el recinto, mientras crecen las críticas por el impacto que la propuesta podría tener sobre la soberanía territorial, las zonas estratégicas y la protección ambiental.
Con la mirada puesta en la sesión prevista para el próximo jueves, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, presentó una nueva versión del proyecto que modifica el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. Durante una conferencia de prensa realizada en el Salón de las Provincias del Congreso, la legisladora expuso los principales cambios introducidos al texto con el objetivo de sumar el respaldo de los senadores que todavía mantienen reparos sobre una iniciativa que ya atravesó más de dieciséis versiones y que llegará al recinto en medio de un escenario político de extrema paridad.
Aunque desde el oficialismo sostienen que cuentan con los votos suficientes para aprobar la norma, Bullrich evitó brindar precisiones sobre el estado de las negociaciones y dejó en evidencia que las conversaciones continuarán hasta las horas previas a la sesión. La estrategia apunta a disipar dudas entre los bloques dialoguistas mediante una serie de modificaciones que, lejos de apaciguar las críticas, reavivaron el debate sobre el futuro de las tierras productivas y las áreas consideradas estratégicas para el país.
Uno de los cambios más significativos contempla la ampliación del porcentaje máximo de tierras rurales que podrán quedar en manos extranjeras dentro de cada provincia. El proyecto propone elevar el límite vigente del 15 al 25 por ciento de la superficie provincial, una cifra que Bullrich calificó como «razonable» y compatible con la necesidad de atraer inversiones. Sin embargo, distintos sectores consideran que esta modificación representa una flexibilización sustancial de los controles existentes y advierten que podría facilitar una mayor concentración de tierras de alto valor económico en manos de capitales extranjeros.
Durante su exposición, la senadora defendió la iniciativa apelando al concepto de soberanía nacional. «Hemos defendido la soberanía y recuperado territorios ocupados por el narcotráfico. Cuidar la soberanía es una decisión cotidiana», afirmó. No obstante, al fundamentar la reforma volvió a cuestionar la ley sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y atribuyó nuevamente su autoría al diputado Máximo Kirchner, pese a que el actual legislador no integraba la Cámara de Diputados cuando esa norma fue debatida y aprobada.
Bullrich sostuvo que la legislación vigente provocó un fuerte deterioro del mercado de tierras rurales al desalentar inversiones y depreciar el valor de los inmuebles. Según explicó, las modificaciones incorporadas al proyecto buscan devolver mayores facultades a las provincias en la administración de sus territorios y corregir, según su visión, las limitaciones que impuso el régimen actual.
La nueva redacción del artículo 3 establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no podrán superar el 25 por ciento del total de tierras rurales de cada provincia. Asimismo, determina que toda operación deberá inscribirse en el registro inmobiliario correspondiente, dejando constancia de la identidad y nacionalidad del adquirente. En los casos de empresas con participación estatal extranjera, además, será indispensable contar con la autorización tanto del gobierno provincial como del Poder Ejecutivo Nacional antes de concretar la compra.
Otro de los aspectos que concentra la atención es la eliminación del criterio departamental como unidad de control. Mientras la legislación actual distribuye los límites dentro de cada departamento para evitar concentraciones territoriales, el nuevo proyecto fija únicamente un tope provincial. Para el oficialismo, este cambio permitirá una administración más flexible del suelo y eliminará restricciones que hoy afectan por igual a regiones altamente productivas y a otras con menor valor económico.
Sin embargo, los cuestionamientos no tardaron en aparecer. Diversos sectores advierten que esta modificación podría habilitar una fuerte concentración de inversiones extranjeras precisamente en las zonas agrícolas más rentables o con mayor valor estratégico. La propia Bullrich utilizó como ejemplo la provincia de Río Negro, donde reconoció que el interés de los inversores probablemente se concentre en el Alto Valle, una de las regiones productivas más importantes del país.
Entre las voces críticas sobresalió la del diputado Maximiliano Ferraro, quien alertó que limitar el control únicamente al promedio provincial podría ocultar procesos de concentración territorial en departamentos específicos o en áreas sensibles desde el punto de vista geopolítico. Según planteó, esta situación adquiere especial relevancia en regiones fronterizas, como la Cordillera de los Andes, donde el proyecto también contempla mecanismos especiales para autorizar operaciones de compraventa.
La iniciativa incorpora además otras flexibilizaciones de peso. Entre ellas se encuentra la eliminación del límite que impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30 por ciento del cupo permitido para extranjeros, una disposición que originalmente buscaba evitar desequilibrios derivados de intereses geopolíticos específicos. Del mismo modo, desaparecen varias restricciones individuales vinculadas a la superficie máxima que podía adquirir un comprador extranjero, incluyendo el histórico límite de mil hectáreas establecido para la denominada zona núcleo agrícola.
En respuesta a las preocupaciones expresadas por sectores aliados respecto de las áreas fronterizas, el texto incorpora un requisito adicional: cualquier operación inmobiliaria en esas zonas deberá contar con la aprobación conjunta del gobierno provincial y del Poder Ejecutivo Nacional. Según la propuesta, la intervención nacional estará vinculada a cuestiones relacionadas con la seguridad, los objetivos estratégicos y la defensa del territorio.
La conferencia también sirvió para presentar modificaciones al régimen de expropiaciones. Bullrich aseguró que la reforma busca establecer reglas más claras y garantizar el pago de indemnizaciones cuando el Estado nacional o una provincia decidan expropiar un inmueble. «Por primera vez vamos a dejar perfectamente definido qué es una expropiación. Si el Estado necesita una propiedad, deberá pagarla. No se le quitará la tierra sin compensación a su dueño», sostuvo.
No obstante, especialistas remarcan que el proyecto incrementa significativamente el costo de las expropiaciones y advierten que ello podría dificultar la ejecución de obras públicas, programas habitacionales, desarrollos energéticos e iniciativas de infraestructura que dependen de esta herramienta prevista por la Constitución Nacional para atender necesidades de interés público.
Otro de los capítulos que generó controversia corresponde a las modificaciones introducidas en la Ley de Manejo del Fuego. La senadora aseguró que la protección de los bosques nativos permanecerá intacta y calificó como «una barbaridad» la prohibición vigente que impide modificar durante sesenta años el destino de las tierras incendiadas. La nueva redacción restringe esa protección únicamente a los bosques nativos comprendidos por la Ley 26.331 y a determinadas áreas reguladas por la Ley 13.273.
Como consecuencia, otros ecosistemas actualmente alcanzados por las restricciones, entre ellos humedales, pastizales, estepas y diversas áreas naturales, dejarían de contar con la misma protección específica frente a eventuales cambios de uso del suelo luego de sufrir incendios. Diversas organizaciones ambientales sostienen que esta flexibilización podría facilitar futuros emprendimientos inmobiliarios, agropecuarios o productivos sobre terrenos afectados por el fuego.
Mientras el oficialismo intenta consolidar los respaldos necesarios, el conteo de votos continúa siendo incierto. La Libertad Avanza asegura disponer de los 21 votos propios, acompañados por siete senadores radicales, tres representantes del PRO y el respaldo de Flavia Royón, Beatriz Ávila, Carlos «Camau» Espínola y Julieta Corroza. Sin embargo, persisten las dudas sobre la postura que finalmente adoptarán los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, además de la chubutense Edith Terenzi, cuyas definiciones podrían inclinar el resultado de la votación.
La fragilidad del escenario político llevó al oficialismo a tomar recaudos institucionales. Con el propósito de evitar que la vicepresidenta Victoria Villarruel deba presidir una eventual sesión empatada, el presidente Javier Milei adelantó una gira oficial por Ecuador y Colombia. La decisión responde a que Villarruel ya manifestó públicamente que rechazaría la iniciativa en caso de tener que desempatar, una posibilidad que el Gobierno intenta evitar ante un panorama legislativo extremadamente ajustado.
En paralelo, organizaciones sociales, ambientales y distintos sectores de la oposición preparan movilizaciones frente al Congreso para el día del debate. En ese contexto, el desarrollo de la protesta y la presión de la opinión pública podrían influir en la decisión de los senadores que aún no definieron su voto, manteniendo abierto un desenlace que promete convertirse en uno de los debates legislativos más trascendentes de las últimas semanas.
