La movilización de organizaciones sociales, especialistas, artistas, referentes académicos y distintos sectores de la sociedad logró frenar uno de los puntos más controvertidos del proyecto oficial sobre la propiedad privada. La pérdida de respaldo entre gobernadores y senadores dejó al oficialismo sin los votos necesarios y forzó la eliminación del capítulo que proponía flexibilizar la adquisición de tierras por parte de extranjeros, en un revés político inesperado para la administración nacional.
El Gobierno nacional sufrió uno de los traspiés legislativos más importantes de los últimos meses luego de verse obligado a retirar del proyecto de ley denominado «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» el apartado que proponía modificar el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. La decisión llegó después de una creciente presión social y política que alteró el escenario parlamentario y dejó sin margen de maniobra al oficialismo.
Lo que hasta pocos días antes parecía una aprobación encaminada terminó convirtiéndose en una demostración del peso que aún conservan la movilización ciudadana y la construcción de consensos sociales. Diversas organizaciones convocaron a una multitudinaria marcha, referentes del ámbito cultural expresaron públicamente su rechazo, investigadores universitarios difundieron informes alertando sobre las consecuencias de la iniciativa y la causa ganó una enorme visibilidad cuando una bandera argentina con la inscripción «Malvinas» apareció en una de las semifinales del Mundial, transformándose en un símbolo de la defensa del territorio nacional.
La combinación de esas expresiones sociales terminó repercutiendo en el plano político. Gobernadores considerados aliados o dialoguistas comenzaron a distanciarse de la propuesta impulsada por el Ejecutivo y comunicaron que sus representantes en el Senado no acompañarían el proyecto. Esa sucesión de pronunciamientos modificó completamente el cálculo legislativo y dejó al oficialismo sin los votos necesarios para sostener uno de los ejes centrales de la iniciativa.
Mientras tanto, la convocatoria a manifestarse continuaba vigente, ya que el resto del proyecto seguía en agenda para ser tratado en la Cámara alta. Aunque el capítulo referido a la extranjerización de las tierras fue retirado, la propuesta conserva otros puntos que generan fuerte controversia, entre ellos la implementación de desalojos más expeditivos, modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y cambios en el régimen de expropiaciones que, según diversos sectores, reducirían considerablemente la capacidad de intervención del Estado.
Un escenario que cambió en pocas horas
El cambio de panorama comenzó a percibirse durante la mañana del miércoles, cuando distintos legisladores empezaron a recibir mensajes advirtiendo que el oficialismo ya no contaba con los apoyos necesarios para aprobar la totalidad del proyecto. La posibilidad de que la sesión fracasara dejó de ser una especulación para transformarse en una hipótesis concreta.
Uno de los primeros movimientos relevantes fue el del senador radical Daniel Kroneberger, quien anticipó que rechazaría la derogación de la actual Ley de Tierras. Su postura se sumó rápidamente a la de varios mandatarios provinciales que comenzaron a expresar públicamente su desacuerdo con la iniciativa.
Desde Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que las dos representantes de su provincia votarían en contra del capítulo referido a la venta de tierras. El mandatario sostuvo que ambas legisladoras mantenían una posición firme y que no modificarían su decisión, marcando así un claro distanciamiento respecto de una propuesta que había generado creciente resistencia social.
En paralelo, trascendió que detrás de varios de esos posicionamientos existieron intensas conversaciones políticas encabezadas por el exministro de Economía Sergio Massa. Según distintas versiones, el dirigente habría mantenido contactos con varios gobernadores durante los días previos para fortalecer una postura común de rechazo a la iniciativa oficial, repitiendo una estrategia similar a la utilizada anteriormente en otros debates parlamentarios.
Gobernadores que retiraron su respaldo
El golpe político más importante llegó cuando el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, manifestó públicamente que no acompañaría ninguna medida que favoreciera la extranjerización de las tierras argentinas. A través de sus redes sociales comunicó que había instruido a la senadora Julieta Corroza para expresar su rechazo durante el debate parlamentario.
Esa decisión alteró definitivamente el delicado equilibrio de votos sobre el que trabajaba el oficialismo. Sin el respaldo de Corroza y con la incertidumbre respecto de otras legisladoras consideradas dialoguistas, las proyecciones comenzaron a mostrar que la mayoría necesaria resultaba prácticamente inalcanzable.
Horas más tarde, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, reforzó esa tendencia con un mensaje categórico. Bajo la consigna «Lo que amamos no se vende», reafirmó que su provincia tampoco respaldaría ninguna iniciativa destinada a facilitar la compra de tierras argentinas por parte de intereses extranjeros. Su postura fue acompañada por un comunicado difundido simultáneamente por el senador misionero Carlos Arce.
A esa cadena de rechazos se sumó luego la representante salteña Flavia Royón, quien también confirmó su voto negativo. Con cada nueva definición, el oficialismo veía reducirse el número de adhesiones hasta quedar muy lejos de los apoyos necesarios para aprobar el texto original.
Bullrich cedió para evitar una derrota mayor
Frente al escenario adverso, la ministra Patricia Bullrich se trasladó al Senado para mantener reuniones con los bloques aliados y explorar alternativas que permitieran sostener la sesión.
Durante esos encuentros quedó claro que numerosos legisladores estaban dispuestos a acompañar parte del proyecto, pero no querían asumir el costo político de aprobar la flexibilización de la legislación sobre tierras rurales. La única salida posible fue retirar completamente ese capítulo.
La decisión permitió conservar el tratamiento del resto de la iniciativa, aunque significó una derrota política para el oficialismo antes incluso de iniciarse la votación. Varios dirigentes oficialistas conocieron la modificación a través de las redes sociales y la noticia llegó con demora a la Casa Rosada, donde la medida reavivó tensiones internas entre distintos sectores del Gobierno respecto de la estrategia legislativa.
El papel de Victoria Villarruel
En medio de la incertidumbre, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió formalizar la convocatoria a la sesión del Senado. El movimiento fue interpretado en distintos sectores políticos como una señal de autonomía respecto de la Casa Rosada, especialmente considerando que previamente había manifestado sus diferencias con algunos aspectos del proyecto impulsado por el Ejecutivo.
Hasta apenas un día antes, el escenario más favorable que imaginaba el oficialismo contemplaba un eventual empate que pudiera resolverse mediante el voto de la titular del Senado. Sin embargo, el retiro del capítulo sobre las tierras modificó completamente ese panorama.
El respaldo de la sociedad civil
La eliminación del apartado referido a la extranjerización de la tierra fue celebrada por numerosas organizaciones sociales, académicas y ambientales que durante semanas impulsaron campañas de concientización.
Especialistas del Observatorio de Tierras destacaron que el resultado evidenció la importancia del trabajo conjunto entre universidades, centros de investigación y organizaciones sociales para acercar información técnica a la ciudadanía y contribuir al debate público sobre temas considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
Los puntos que siguen en discusión
Aunque el Gobierno aceptó eliminar uno de los artículos más cuestionados, el proyecto mantiene aspectos que continúan generando preocupación entre distintos sectores.
Uno de ellos modifica la Ley de Manejo del Fuego al eliminar las restricciones que actualmente impiden cambiar durante décadas el destino de los terrenos afectados por incendios. Esa limitación había sido incorporada con el objetivo de desalentar incendios provocados para favorecer emprendimientos inmobiliarios o cambios en el uso del suelo.
La iniciativa también redefine el concepto de utilidad pública, estableciendo condiciones más estrictas para que el Estado pueda avanzar con procesos de expropiación. Además de elevar las exigencias para justificar esas medidas, contempla indemnizaciones más amplias para los propietarios, incluyendo posibles perjuicios económicos derivados de la pérdida del inmueble.
Otro de los ejes centrales del proyecto apunta a acelerar los procedimientos de desalojo. La propuesta habilita que cualquier persona que invoque derechos sobre una propiedad pueda solicitar su restitución inmediata. Si un juez considera que existen elementos suficientes durante una evaluación preliminar, podrá ordenar el desalojo antes de que exista una sentencia definitiva.
Tras intensas negociaciones parlamentarias, el texto incorporó una excepción destinada a familias con niños, personas con discapacidad o adultos mayores que no cuenten con otra alternativa habitacional. En esos casos se establece un plazo de diez días para facilitar la búsqueda de un nuevo lugar donde residir antes de concretarse la restitución del inmueble.
La sesión prevista para debatir el resto del proyecto se desarrollará en un clima de alta tensión política. Aunque el Gobierno logró preservar parte de su iniciativa, el retiro del capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros quedó instalado como una de las derrotas legislativas más significativas del oficialismo y como una muestra del impacto que puede tener la presión social cuando logra trasladarse al escenario parlamentario.
