El magistrado estadounidense Amos Mazzant declaró penalmente responsable al financista Federico Machado por una trama de fondos ilícitos y engaños aerocomerciales. Este veredicto, que excluyó el narcotráfico a cambio de una admisión de culpa, adquiere una relevancia capital para la causa que enfrenta el exdiputado en San Isidro, donde se investiga el inconfesado ingreso de 200.000 dólares y su posterior conversión en vehículos de lujo y una propiedad costera.
En un fallo que trasciende las fronteras y resuena con fuerza en los pasillos de los tribunales argentinos, la justicia federal de Texas ha dictaminado la culpabilidad de Federico Andrés Machado en los delitos de conspiración para el lavado de activos y conspiración para la comisión de fraude electrónico. La decisión, rubricada por el juez Amos Mazzant, no solo sella el destino judicial del empresario en los Estados Unidos, sino que arroja un haz de luz incriminatorio sobre la financiación de la campaña presidencial de 2019 de José Luis Espert, un vínculo que ahora se torna un pesado lastre para el economista en su país natal.
El veredicto emitido en la corte texana representa un espaldarazo fáctico para la investigación que lleva adelante el fiscal Fernando Domínguez en el partido bonaerense de San Isidro. Allí, el nombre de Espert aparece entrelazado con el de Machado a través de un giro de 200.000 dólares proveniente de la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, una firma que la pesquisa estadounidense ha asociado a las actividades delictivas del ahora confeso financista. Esta transferencia, que data del 22 de enero de 2020 y fue acreditada en una cuenta no declarada del dirigente en el Morgan Stanley, se convirtió en el eje de la imputación luego de que el propio Espert admitiera su existencia y renunciara a su candidatura legislativa, un movimiento que, lejos de clausurar el escándalo, no hizo más que abrir una caja de Pandora judicial.
Según la teoría del caso del fiscal Domínguez, ese capital de presunto origen ilícito fue inoculado en el sistema financiero argentino y sometido a un proceso de blanqueo a través de la adquisición de bienes suntuarios. La investigación detalla que los fondos se transformaron primero en un automóvil BMW, luego en un Lexus RX y, finalmente, se materializaron en una cuantiosa inversión destinada a la edificación de una residencia estival en las proximidades de la exclusiva Costa Esmeralda. La resolución de Mazzant, al confirmar la naturaleza fraudulenta de los negocios de Machado, dota de una credibilidad sustancial a la hipótesis del ministerio público argentino, que sostiene que el exdiputado no fue un mero receptor fortuito de dinero, sino un actor que participó en la ocultación de su procedencia.
El texto del tribunal estadounidense es concluyente al declarar al demandado «CULPABLE del cargo uno de la acusación formal que imputa conspiración para cometer lavado de dinero y del cargo dos conspiración para cometer fraude electrónico». Este pronunciamiento se produjo tras un giro estratégico en la defensa de Machado, quien, bajo la dirección del letrado Alex Spiro, abandonó su postura inicial de inocencia para negociar un acuerdo que le permitiera esquivar una tercera imputación de gravedad mayúscula: el narcotráfico. La admisión de su participación en un mecanismo engañoso de venta de aeronaves inexistentes o inoperables, a través de las sociedades South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, le permitió eludir una pena que, de haber sido por el delito de estupefacientes, habría sido exponencialmente mayor.
La maquinaria fraudulenta desmantelada por la justicia texana describe a Machado como el artífice de una organización transnacional que se apropiaba de millones de dólares mediante la compra y operación ilícita de aviones, un esquema que, según la acusación original, también servía como conducto para el tráfico de drogas. Este último extremo, el más grave, ha quedado fuera del acuerdo, aunque la sombra del narcotráfico aún planea sobre el caso, especialmente al considerar la suerte corrida por Deborah Mercer Erwin, socia de Machado, quien ha sido condenada a 16 años de prisión en Estados Unidos sin haber admitido su culpabilidad. La decisión de Mazzant, por ahora, se limita a los aspectos financieros y electrónicos del entramado, pero su impacto en la causa argentina es ineludible, ya que provee la base judicial para confirmar el origen espurio de los recursos que alimentaron la campaña de Espert.
En el plano local, la situación procesal del exdiputado se torna cada vez más compleja. El juez Lino Mirabelli, a cargo del expediente en San Isidro, deberá ahora resolver el estatus legal de Espert y la de su contador, a quien se señala como un engranaje clave en la estrategia de ocultamiento del pago de los 200.000 dólares, una táctica que se habría diseñado a partir de la detención de Machado en Argentina en abril de 2021, por orden de la justicia estadounidense. El empresario, quien cumplió prisión domiciliaria en Viedma hasta noviembre pasado, vio allanado su camino a la extradición tras la intervención de la Corte Suprema, un hecho que, cronológicamente, se alinea con la revelación pública de su rol como financiista de Espert.
Ante el juzgado de San Isidro, la estrategia defensiva del economista ha sido la de erigirse en una víctima del sistema, quejándose de la doble persecución judicial y de la filtración de información a los medios, pero sin ofrecer una explicación convincente sobre las imputaciones que pesan sobre él. En un movimiento desesperado, ha recusado al fiscal Domínguez, una maniobra que será debatida en una audiencia el próximo martes, mientras el representante del ministerio público avanza en una segunda fase de la pesquisa, orientada a desentrañar un circuito paralelo de cambio de divisas que el exdiputado habría utilizado para mover dinero en la clandestinidad.
Machado, por su parte, había facilitado al autor de la célebre frase «cárcel o bala» no solo el flujo de efectivo para gastos menores, sino también el uso de dos aeronaves para sus desplazamientos durante la contienda electoral de 2019 y una camioneta blindada. La justicia federal de Comodoro Py ya tiene constancia de 36 vuelos privados realizados en ese contexto, algunos de los cuales contaron con la presencia del propio financista. La confesión de Machado en Texas, que podría derivar en una sentencia que aún no tiene monto definido, pero que podría considerar los cinco años que ya pasó bajo custodia en Argentina, se convierte así en la pieza probatoria más sólida para sostener que el exdiputado no fue un ajeno a la trama, sino un beneficiario consciente de un capital manchado.
El fallo de Mazzant, si bien postergó una decisión definitiva sobre el acuerdo con la fiscalía Heather Rattan hasta la revisión de un informe pre-sentencia, ha establecido un hecho jurídico de hierro: la culpabilidad de Machado. Esa verdad judicial, importada desde el Distrito Este de Texas, se posa ahora como un ave de rapiña sobre la defensa de Espert, minando su relato de inocencia y forzando al tribunal argentino a mirar con lupa cada movimiento financiero del exdiputado. La conexión entre ambos, que antaño parecía un simple respaldo económico, se revela hoy como un eslabón de una cadena más oscura, cuyo eslabón principal acaba de ser forjado en el crisol de la justicia estadounidense.
