Con una base parlamentaria resquebrajada y tras una jornada de alta tensión social y policial en las inmediaciones del Congreso, la administración de Patricia Bullrich logró sancionar un texto acotado sobre la propiedad privada, aunque se vio forzada a descartar dos de sus capítulos medulares: la extranjerización de tierras y el manejo del fuego. La merma en el respaldo legislativo y la presión popular evidencian el desgaste de un Ejecutivo que, pese a intentar disimular sus fracasos, acumula una seguidilla de derrotas políticas.
En una sesión parlamentaria signada por la tensión institucional y la efervescencia social, el bloque oficialista consiguió finalmente dar media sanción a un proyecto de ley que, no obstante, llegó al recinto despojado de sus ejes más controversiales. Si bien la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo 37 sufragios afirmativos contra 33 negativos, la celebración en las filas del oficialismo resultó más bien tibia, puesto que el triunfo numérico no logró ocultar el desmembramiento de la iniciativa original ni la pérdida de aliados estratégicos en el camino.
La sesión, que había pasado a un cuarto intermedio el pasado 19 de julio, fue reanudada por la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, sin la necesidad apremiante de reunir el quórum reglamentario. Aquella jornada previa había estado marcada por un hecho de relevancia internacional que atravesó la agenda doméstica: los campeones del mundo desplegaron un estandarte reivindicando la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, un gesto de carácter anticolonial que resonó en todo el planeta y que, según analistas políticos, terminó por resquebrajar los apoyos con los que contaba el oficialismo. Aquel «grupo de los 44» legisladores que Bullrich supo exhibir con orgullo se redujo ostensiblemente a 38 aliados, una cifra que, si bien le resultó suficiente para avanzar con la tramitación del texto, expuso con crudeza el deterioro de su capacidad de convocatoria.
La composición de esa mayoría acotada incluyó a los 21 representantes libertarios, el bloque del PRO, la mayor parte de la Unión Cívica Radical y algunas bancadas provinciales provenientes de Neuquén, Chubut, Tucumán y Misiones, además del senador correntino Carlos «Camau» Espínola. No obstante, la reducción en el número de adherentes refleja el alto costo político que el Gobierno estuvo dispuesto a pagar por insistir con una propuesta que llegó a la cámara alta en cinco ocasiones distintas, desgastándose y perdiendo piezas en cada intento. Antes incluso de la eliminación de los capítulos relativos a la venta de tierras a extranjeros y a la modificación de la ley de incendios, la iniciativa ya había tenido que resignar, a raíz de las presiones ejercidas por la Iglesia Católica, aquel artículo que pretendía intervenir en el Registro Nacional de Barrios Populares.
El texto que finalmente se puso a consideración de los senadores contenía desregulaciones al marco normativo del manejo del fuego —que finalmente también fueron desechadas—, restricciones severas a las facultades estatales para llevar adelante expropiaciones y la habilitación de mecanismos expeditos para concretar desalojos. Sin embargo, la oposición recibió el dictamen de comisión con apenas una hora de antelación al inicio del debate, un margen temporal que fue considerado insuficiente y que motivó el pedido formal del peronismo para que la iniciativa regresara a instancia de comisiones. La moción presentada por el senador José Mayans fue rechazada por 38 votos en contra y apenas 31 a favor, lo que anticipó que el oficialismo se llevaría lo que había ido a buscar, aunque a un costo altísimo en términos de legitimidad y transparencia.
Mientras los legisladores deliberaban en el interior del recinto, las afueras del Palacio Legislativo se convirtieron en un escenario de confrontación directa. Una multitudinaria concentración ciudadana, desafiando la lluvia y los gases lacrimógenos dispuestos por las fuerzas de seguridad, coreó consignas en contra de lo que calificaron como «la entrega del país» promovida por el presidente Javier Milei. La represión, a cargo de la cartera de Seguridad que alguna vez comandara la propia Bullrich, se extendió durante toda la tarde con un operativo que fue calificado por organizaciones defensoras de derechos humanos como desproporcionado y fuera de control. Cerca de las nueve de la noche, la senadora Juliana Di Tullio interrumpió la sesión para alertar sobre la grave situación de una fotógrafa que había sido trasladada de urgencia al Hospital Argerich con heridas de consideración. «Estamos sesionando en medio de un desastre en la calle. Lo que está haciendo el Gobierno es enojarse con el pueblo porque el pueblo le torció la mano y lo obligó a retirar el capítulo de extranjerización de la tierra», denunció la legisladora, en un encendido discurso que puso en evidencia la fractura entre la realidad social y la fría aritmética parlamentaria.
Contrariamente a lo que se especulaba, el debate en el recinto no alcanzó los niveles de acaloramiento que se vivían en el exterior. Aunque se esperaba un inicio tormentoso debido a la escasa transparencia con que se habían introducido las modificaciones de último momento al dictamen, las cuestiones conflictivas se resolvieron con una celeridad inusitada. La impugnación presentada contra el senador Joaquín Benegas Lynch —propietario de una firma dedicada a la comercialización de tierras argentinas a inversores foráneos, lo que generaba un evidente conflicto de intereses— fue desestimada sin mayores consideraciones. Asimismo, la solicitud de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien pidió votar de manera virtual debido a su avanzado estado de gestación, derivó en un acuerdo para enviar el tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales, una decisión que, según fuentes del peronismo, les hizo perder una oportunidad valiosa para debatir a fondo una problemática que afecta especialmente a las mujeres del interior del país.
El conflicto diplomático con Brasil también se hizo presente en la apertura de la sesión a través de los planteos de privilegio. El senador Mayans repudió las injurias proferidas por el primer mandatario argentino contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y exigió disculpas en nombre del bloque. Bullrich, en tanto, salió al cruce para defender al Presidente, aunque sin reconocer la gravedad institucional de los ataques. «Queremos que se distinga la política de las relaciones institucionales estratégicas que Argentina y Brasil han mantenido siempre», sostuvo la senadora, en una declaración que fue interpretada como un intento fallido de desligar al Ejecutivo de la responsabilidad por sus dichos.
El espectro del despojo y la aceleración de los desalojos
Uno de los puntos más álgidos de la normativa aprobada es aquel que facilita la concreción de desalojos de manera expeditiva. Si bien el senador Agustín Coto, en su rol de miembro informante, argumentó que la medida apuntaba a recuperar «propiedades usurpadas», lo cierto es que la redacción del artículo pone en una situación de extrema vulnerabilidad a millones de inquilinos en todo el país. El legislador Mariano Recalde fue contundente al señalar que la norma incluye dentro de los desalojos exprés a aquellos locatarios con contratos vigentes, en un contexto económico donde la mayoría de la población no logra llegar a fin de mes y se endeuda para cubrir necesidades básicas. «No hay ninguna ley que condene el pago en término de los salarios, pero ahora buscan que sí la haya en contra del inquilino», sentenció Recalde, graficando la asimetría de un sistema que penaliza al eslabón más débil de la cadena habitacional.
El texto habilita a cualquier individuo que invoque un derecho o un interés legítimo sobre un inmueble a solicitar la restitución inmediata de la propiedad. En caso de que el magistrado interviniente considere que la presentación reúne elementos suficientes en una evaluación preliminar, podrá ordenar la entrega del bien sin necesidad de esperar la sentencia definitiva del proceso judicial. Esta disposición, en la práctica, representa la culminación de un proceso de despojo que se inició con la derogación de la Ley de Alquileres, se profundizó con el endeudamiento de los sectores medios y populares, y ahora encuentra su corolario en los desalojos exprés.
La sorpresiva caída del capítulo sobre Manejo del Fuego
Las modificaciones introducidas sobre la marcha en el capítulo relativo a la Ley de Manejo del Fuego constituyeron otro de los argumentos esgrimidos por la oposición para solicitar el retorno del proyecto a comisión. Según pudo reconstruir este diario a partir de fuentes parlamentarias, el senador Eduardo Wado de Pedro desplegó una intensa labor de persuasión a lo largo de toda la jornada, recorriendo los despachos de sus colegas en busca de adhesiones para frenar el avance de ese articulado. Al caer la noche, el exministro logró sumar los respaldos de las senadoras Beatriz Ávila, Flavia Royón, Edith Terenzi, Alejandra Vigo, y de los senadores Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Julieta Corroza. Con el peronismo unificado en 36 votos, el oficialismo prefirió retirar el capítulo antes que someterse a una nueva derrota en el recinto, buscando así ocultar un traspié legislativo que se suma a la larga lista de fracasos acumulados.
La decimoséptima versión del dictamen, que circuló en las últimas horas, había incorporado mayores desregulaciones a la normativa de manejo del fuego que no estaban presentes en el texto que Bullrich había hecho llegar a los legisladores dialoguistas al inicio de la semana. En los archivos previos se proponía únicamente la eliminación del artículo 22 quater, que impide durante treinta años modificar el destino de las tierras arrasadas por incendios. Sin embargo, el documento distribuido instantes antes de la sesión también derogaba el artículo 22 ter, incorporado en 2020, que facultaba a las provincias a extender las restricciones sobre los bosques nativos afectados por el fuego. Fue precisamente Wado de Pedro quien resultó determinante en la construcción de la mayoría que posibilitó la caída de este capítulo, al igual que lo había sido días atrás para frenar la extranjerización de la tierra mediante una jornada multisectorial que logró sacar el tema del temario de la sesión del 4 de junio.
La restricción a las expropiaciones y el blindaje de la privatización
El articulado que finalmente será girado a la Cámara de Diputados endurece de manera sustancial las condiciones para que el Estado pueda llevar adelante expropiaciones. La ley restringe el alcance del concepto de «utilidad pública», eleva el umbral argumental para justificar una expropiación y fortalece la posición jurídica de los propietarios frente a cualquier intento del poder público de recuperar inmuebles por razones de interés general. Además, establece que el Estado deberá indemnizar no solo el valor objetivo de la propiedad, sino también aquello que el propietario pueda inferir haber perdido como consecuencia del proceso expropiatorio.
El senador entrerriano Adán Bahl cuestionó duramente esta disposición, señalando que «quieren hacer creer que en la Argentina las expropiaciones son moneda de todos los días», cuando en realidad se trata de «medidas de última instancia» que el Estado utiliza en situaciones excepcionales. Con esta nueva regulación, el Gobierno blinda jurídicamente el proceso de venta de activos públicos que pretende llevar adelante, dificultando extremadamente que en el futuro se puedan recuperar las empresas que actualmente se encuentran en remate. La norma, en definitiva, no solo consagra la inviolabilidad de la propiedad privada como un dogma absoluto, sino que sienta las bases para que el proceso de desinversión estatal avance sin la posibilidad de reversión, consolidando un modelo que entrega el patrimonio nacional a manos privadas en condiciones que muchos califican como lesivas para los intereses del pueblo argentino.
