Mientras se dirimía el destino de la ley de Propiedad Privada, la plaza se transformó en un campo de batalla. El gobierno replicó con una presentación judicial que califica la protesta como un conato de sedición, en una maniobra que organizaciones defensoras de derechos humanos tildaron de temeraria y carente de sustento fáctico. La saña contra los cronistas gráficos volvió a ser un capítulo aparte, con una fotógrafa hospitalizada a raíz de una fractura en la base del cráneo.
La jornada legislativa del jueves quedó ensombrecida por una escalada de violencia institucional que dejó un tendal de víctimas y abrió un nuevo frente de controversia en el ámbito judicial. Lo que debía ser un debate parlamentario en torno a la controvertida iniciativa oficial sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada derivó en un operativo de desalojo masivo que, según el relevamiento efectuado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se saldó con 28 ciudadanos privados de su libertad y un número aproximado de 1500 personas que sufrieron lesiones a causa del empleo irrestricto de gases tóxicos, proyectiles de goma y el embate de los camiones hidrantes por parte de los agentes estatales. La metodología empleada, lejos de circunscribirse al resguardo del orden público, evidenció un patrón de conducta que los organismos humanitarios califican como una flagrante vulneración de los derechos fundamentales.
El escenario de confrontación tuvo su epicentro en la Plaza del Congreso, donde la marea humana, que se había dado cita para expresar su repudio al paquete legislativo, fue recibida por un cerco de seguridad que pronto se transformó en un mecanismo de aniquilación de la disidencia. Testimonios recogidos en el lugar dan cuenta de que la ofensiva comenzó en horas de la tarde, coincidiendo con la afluencia masiva de ciudadanos que, tras culminar sus obligaciones laborales, se sumaban a la manifestación. Esta decisión temporal, lejos de ser fortuita, es interpretada por los analistas como una estrategia deliberada para vaciar el espacio público en el momento de mayor concurrencia, evitando así la consolidación de una protesta multitudinaria que pudiera opacar el desarrollo de la sesión parlamentaria.
El relato de los hechos, reconstruido a partir de los partes de las organizaciones sociales, describe un accionar despiadado y sistemático. Las fuerzas conjuntas—donde confluyeron efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad—desplegaron un dispositivo de contención que rápidamente mutó en una cacería humana. Los camiones cisterna arrojaron chorros de agua a presión para romper las filas de los manifestantes, mientras que las ráfagas de gas lacrimógeno y los perdigones de goma se convirtieron en la respuesta estándar ante cualquier intento de reagrupamiento. La criminalización de la protesta se manifestó con crudeza en las detenciones arbitrarias, muchas de las cuales se efectuaron en puntos neurálgicos y distantes del foco de la concentración, como las intersecciones de la Avenida 9 de Julio y Callao, donde los agentes actuaron con la premisa de disuadir a los transeúntes que nada tenían que ver con el reclamo original.
Victoria Darraidou, quien lidera el equipo de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), describió el operativo como una demostración de fuerza inusitada. En diálogo con este medio, la especialista subrayó la aparición de escenas que desafían toda lógica de procedimiento policial, tales como el embate de un hidrante contra un colectivo de línea que circulaba por la zona, o los lanzamientos de granadas de gas a escasa distancia sobre los fotógrafos que intentaban registrar los abusos. La profesional también hizo hincapié en la actitud de los uniformados, quienes tras la ofensiva se dedicaron a recolectar los casquillos de los proyectiles disparados, en un intento por borrar las huellas de su propia desmesura. «Cuando las discusiones son centrales para el oficialismo y el descontento se hace sentir en la calle, la represión se vuelve más cruda y alzada», sentenció.
La saña, sin embargo, no se distribuyó de manera equitativa. Un capítulo especialmente oscuro de esta jornada fue el ensañamiento contra los trabajadores de prensa, cuya labor de cobertura fue reprimida con una virulencia que muchos calificaron de deliberada. La imagen más elocuente de esta persecución es el estado de salud de una reportera gráfica, quien al cierre de esta edición permanecía bajo observación en el Hospital Argerich a causa de un traumatismo craneal de gravedad. La fractura en la base del cráneo, que compromete su estabilidad neurológica, es monitoreada por un equipo interdisciplinario de especialistas en neurología y otorrinolaringología, mientras las asociaciones gremiales exigen una investigación exhaustiva para dar con los responsables de este atentado contra la libertad de expresión.
En respuesta a la avalancha de críticas y al cúmulo de evidencias que retratan la brutalidad del accionar estatal, el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de la ministra Alejandra Monteoliva, optó por la ruta de la judicialización de la protesta. Con una fórmula que ya se ha vuelto una constante en la gestión libertaria, la cartera presentó una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py, en la que se solicita que se investigue a los movilizantes por la presunta comisión de delitos que atentan contra el orden constitucional, e incluso se atreve a invocar la figura del terrorismo para encuadrar la conducta de quienes ejercieron su derecho a la manifestación pacífica. El escrito judicial, radicado en el juzgado de Sebastián Casanello, sostiene la tesis de que los asistentes buscaban obstruir la sesión del Senado, un extremo que los legisladores de todos los bloques desmintieron al constatar que el debate transcurrió sin contratiempos ni amenazas externas.
Sin embargo, esta estrategia de criminalización ha sido recibida con escepticismo en el ámbito jurídico y con repudio en los círculos defensores de los derechos humanos. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) emitió un pronunciamiento en el que manifiesta su «profunda preocupación» por el uso de tipologías penales agravadas, como las contenidas en la denominada Ley Antiterrorista, para perseguir a ciudadanos que ejercen un derecho constitucional. El organismo recordó, en un comunicado de tono severo, que el deber del Estado es garantizar y proteger el derecho a la protesta y a la libre expresión, y que cualquier actuación de las fuerzas de seguridad debe ajustarse estrictamente a los estándares internacionales de derechos humanos, basados en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. La entidad advirtió que la violencia desplegada se prolongó por casi cinco horas, excediendo ampliamente los perímetros de corte vehicular y disparando proyectiles por encima de la cintura, apuntando incluso a la cabeza de los manifestantes a corta distancia.
El balance de las detenciones refleja la heterogeneidad del operativo represivo. Por un lado, las fuerzas federales capturaron a 21 personas en tres tandas distintas, siendo la primera de ellas en las inmediaciones de Solís e Hipólito Yrigoyen, mientras que los últimos arrestos se produjeron pasadas las once de la noche en los accesos al Congreso. Paralelamente, la Policía de la Ciudad sumó diez detenidos más, con intervenciones que se extendieron a enclaves alejados del foco principal de la manifestación, como la Avenida de Mayo, Callao y Corrientes, o Riobamba y Sarmiento. La mayoría de estos ciudadanos fueron imputados por los clásicos cargos de atentado y resistencia a la autoridad, una acusación genérica que, según los abogados defensores, carece de elementos concretos para sostener una acusación formal. De hecho, la fiscalía dispuso la liberación de más de la mitad de los arrestados hacia el final de la tarde, aunque les impuso una restrictiva medida cautelar que les prohíbe acercarse a 500 metros del Palacio Legislativo, una disposición que resulta llamativa ante la ausencia de pruebas fehacientes que los vinculen con actos de violencia.
Los letrados que asumen la representación de los detenidos, entre ellos Lisandro Teszkiewicz y Emanuel Luis Zuccolo, coincidieron en calificar las aprehensiones como un acto de clara arbitrariedad, concebido con el único propósito de justificar la represión desmedida. «La represión iniciada en el horario de salida laboral tuvo un fin claro de amedrentamiento a la protesta. Es una constante de este gobierno, utilizar el poder coercitivo para impedir la expresión del desacuerdo social», enfatizó Teszkiewicz. Zuccolo, por su parte, representante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, añadió que el ajuste económico y la entrega de recursos naturales que impulsa el oficialismo encuentran en la represión su principal aliado, pero advirtió que enfrente hay un pueblo que se organiza y resiste en las calles. El dato de la judicialización de la protesta, lejos de amedrentar a los movimientos sociales, ha generado un efecto catalizador, uniendo a diferentes sectores en un reclamo común contra el autoritarismo y la violación sistemática de las garantías individuales.
La comunidad internacional y los observadores de derechos humanos han puesto la lupa sobre lo ocurrido en las inmediaciones del Parlamento, exigiendo al gobierno argentino una investigación imparcial que esclarezca el accionar de las fuerzas de seguridad y determine las responsabilidades políticas y penales correspondientes. La escena de una Plaza del Congreso regada con gas y agua a presión, donde los agentes del orden se convirtieron en verdugos de quienes solo alzaban su voz en desacuerdo, quedará grabada en la memoria colectiva como uno de los episodios más oscuros de la gestión actual. Queda en el aire la pregunta sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el oficialismo en su afán por silenciar a las minorías y acallar el disenso, en una democracia que se tambalea entre el discurso de la libertad y la práctica de la coerción más brutal. Mientras los heridos se recuperan y los detenidos recuperan su libertad condicionada, el país asiste a un nuevo capítulo de la tensión entre el poder establecido y la voluntad popular, donde el derecho a la protesta se ha convertido en el principal blanco de la ofensiva gubernamental.
