La Cámara alta giró a Diputados una iniciativa despojada de sus capítulos más polémicos, pero aún vigente en su núcleo duro: la aceleración de los desalojos y la restricción al Estado para expropiar. Mientras el oficialismo mira hacia la reforma del Banco Central y el blanqueo de capitales, el peronismo busca humanizar el debate de la mano de los nuevos sujetos políticos que emergen de la crisis: los hogares inquilinos y sobreendeudados, cuya morosidad alcanzó el pico más alto en dos décadas.
En las últimas horas, el Senado de la Nación dio media sanción al controvertido proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ahora se encuentra en manos de la Cámara de Diputados para su revisión final. Sin embargo, el texto que llegará al recinto baja es una sombra de aquel que ingresó a la Cámara alta. Durante un traumático periplo legislativo, el proyecto fue perdiendo capítulos fundamentales en su camino, entre ellos el que limitaba la extranjerización de tierras y el que derogaba artículos centrales de la Ley de Manejo del Fuego. A pesar de estos retrocesos, la iniciativa conserva dos pilares que encienden las alarmas en el arco social y político: la habilitación de desalojos exprés y el cercenamiento de las facultades del Estado para llevar adelante expropiaciones.
El articulado vigente, según advierten organizaciones de la sociedad civil y legisladores de la oposición, representa la culminación de un proceso de despojo que se inició con la derogación de la Ley de Alquileres, se profundizó con el endeudamiento masivo de los sectores medios y populares, y ahora encuentra su punto final en la posibilidad de que miles de familias sean desalojadas en tiempo récord, sin las garantías procesales mínimas que hasta hoy las protegían. El senador libertario Agustín Coto, encargado de informar el proyecto en el recinto, intentó acotar el alcance de la norma al afirmar que la herramienta servirá exclusivamente para recuperar «propiedades usurpadas». No obstante, las lecturas técnicas y políticas provenientes de distintos bloques y de especialistas en derecho civil desmienten esa interpretación. El articulado no exige al propietario acreditar fehacientemente la deuda o el título de dominio; basta con que la invoque ante el juzgado para que se active un mecanismo sumarísimo que puede derivar en el desalojo de ocupantes vulnerables en cuestión de semanas.
Este escenario se despliega en un contexto social explosivo, donde el endeudamiento estructural se ha convertido en el drama silencioso de millones de argentinos. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, lo puso en palabras durante la homilía del pasado jueves en honor a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. «San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias», rezó el prelado, reflejando con crudeza una realidad que los números oficiales confirman sin ambages. Según el último informe del Banco Central, la morosidad de los hogares trepó al 12,8 por ciento, el nivel más elevado de las últimas dos décadas. En simultáneo, un reporte de la consultora Analytica señala que la cantidad de personas que registran al menos una deuda en mora alcanza los 19,8 millones, un universo que abarca tarjetas de crédito, billeteras virtuales, fintechs y mutuales. La desregulación de las tasas de interés, la depreciación constante de los ingresos reales y el incremento sin techo de los gastos fijos son los tres vértices de un triángulo que aprisiona a las familias, especialmente a aquellas que destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler.
En el Congreso nacional, la efervescencia legislativa en torno a esta problemática es notoria. Existen más de 25 proyectos presentados en ambas cámaras que abordan la crisis crediticia y la urgencia habitacional. El bloque Unión por la Patria impulsa esta agenda desde enero pasado, aunque sus referentes reconocen que hasta el momento no han logrado cosechar el acompañamiento necesario para destrabar las comisiones. El tema fue llevado a dos sesiones en la Cámara Baja, pero las iniciativas no consiguieron emplazarse en las comisiones que pueden dictaminar por falta de quórum, y la discusión quedó circunscripta a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado Hugo Yasky. Fuentes parlamentarias consultadas por este diario confiaron que «el tema quedó en un limbo por la irrupción de Adorni y el Mundial», en alusión a la dispersión de la agenda legislativa a causa de eventos mediáticos y deportivos que captaron la atención del oficialismo.
Desde el interbloque Provincias Unidas, los diputados Pablo Juliano y Mariela Coletta manifestaron su disposición a reactivar esta agenda legislativa, que, según sostienen, comparte el mismo universo de personas afectadas que los desalojos. Por esa razón, estiman que el Gobierno nacional no le dará impulso al texto con media sanción, sino que intentará ocultarlo o postergarlo sine die. Tras las derrotas sufridas en el Senado, el oficialismo optaría por enfriar las ideas desreguladoras del economista Federico Sturzenegger, apodado «El coloso» en los pasillos del poder, para concentrarse en otras iniciativas que no generan el mismo rechazo social. No obstante, Juliano adelantó a este diario que presentará un proyecto propio para regular las billeteras virtuales, impidiéndoles ofrecer créditos a tasas usurarias y estableciendo topes máximos en los intereses, una medida que apunta a frenar la usura financiera que campea en el ecosistema digital.
Empoderado luego de obligar al oficialismo a retirar los capítulos más conflictivos de la ley madre, el peronismo cree que ha llegado el momento de abordar el remanente del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con una estrategia renovada. «Tenemos que recalcular nuestro posicionamiento para la discusión. Ningún tema tiene el impacto de la tierra o el fuego», reconocen desde ese bloque en diálogo con este medio. La nueva hoja de ruta opositora buscará contrastar la agenda gubernamental, cuyas prioridades para este semestre son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II (que permitiría a los sectores de mayores ingresos blanquear sus dólares sin mayores restricciones), la ley de patentes de medicamentos y la reforma electoral, con un plan de trabajo que conecte directamente con los padecimientos cotidianos de la ciudadanía. En ese sentido, el peronismo pretende instalar en el debate público la necesidad de prorrogar la Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno incumple sistemáticamente y está próxima a vencer, retomar la discusión del financiamiento universitario y abordar la delicada situación del PAMI, cuyos jubilados enfrentan un desabastecimiento crítico de medicamentos.
Sin embargo, el núcleo duro de la estrategia opositora pasa por visibilizar a un nuevo sujeto político que promete convertirse en protagonista excluyente de los debates venideros: los hogares inquilinos y sobreendeudados. La socióloga e investigadora Luci Cavallero, activista de Movida Ciudad, aporta una mirada lúcida al respecto. «El sector más afectado entre los argentinos endeudados es el de los hogares inquilinos», sostiene. Muchas familias, explica, ya se atrasaron en el pago del alquiler y otras lograron evitarlo únicamente porque se endeudaron para llegar a fin de mes. En este contexto, una ley de desalojos exprés las vuelve especialmente vulnerables, ya que la norma ni siquiera exige que el propietario demuestre con documentación fehaciente la existencia de la deuda. «Basta con que la invoque ante la Justicia para acelerar el proceso de desalojo», advierte Cavallero, quien insiste en que el debate sobre el endeudamiento no puede separarse del de los desalojos, ya que ambos fenómenos conforman una única trama de vulnerabilidad.
Para la investigadora, el Estado debe recuperar su rol intervencionista en la regulación de las tasas de interés y avanzar hacia una ley de emergencia crediticia que establezca un marco normativo integral para el desendeudamiento de los hogares. «Hacen falta quitas y condonaciones agresivas. No estamos hablando de un regalo ni de un privilegio, sino de un acto de justicia económica para familias que se endeudaron para comprar bienes y servicios básicos, para vivir», subraya. En las antípodas de esta visión, el proyecto con media sanción avanza en dirección opuesta, profundizando la desregulación y facilitando el despojo. La pregunta que atraviesa el recinto y las calles es si los actores políticos tendrán la voluntad y la inteligencia para imprimirle humanidad a un debate que, hasta ahora, ha estado dominado por la lógica del mercado y la eficiencia procesal, en detrimento de la protección de los más débiles. Mientras el Gobierno se enfoca en el blanqueo de capitales y la autonomía del Banco Central, el peronismo busca instalar una narrativa que ponga en el centro a los desposeídos, aquellos que, como rezó García Cuerva, no quieren resignarse a que el trabajo sea una mercancía ni a caer en la trampa de los créditos que asfixian. El desenlace de esta pulseada definirá, quizás, el rumbo social de los próximos años.
