Denuncias penales y cruces de datos revelan una inusitada proliferación de giros económicos desde el Fondo Fiduciario para el Mantenimiento Vial hacia provincias gobernadas por aliados, coincidiendo milimétricamente con los días de votaciones de alto impacto para el Ejecutivo. La sospecha de un canje de prebendas por voluntades políticas vuelve a teñir el clima del Congreso y salpica a los máximos responsables del gabinete económico y la cúpula de Vialidad Nacional.
En los intrincados pasillos del Palacio Legislativo, un interrogante recurrente resuena con inusitada fuerza cada vez que el oficialismo logra ensamblar mayorías relampagueantes para apuntalar proyectos que, según sus críticos, erosionan derechos adquiridos y castigan el bolsillo de los ciudadanos de a pie. Ese interrogante, incómodo y persistente, gira en torno a un presunto trueque de favores donde los recursos del Estado actuarían como moneda de cambio para engrasar la maquinaria del apoyo político.
Durante el albor del mandato de Javier Milei, la controversia encontró su principal catalizador en la distribución discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional y en las complejas negociaciones en torno al régimen de coparticipación federal, utilizadas como herramienta para tejer alianzas circunstanciales. Sin embargo, en las últimas semanas, las conversaciones de trasfondo han puesto el foco en un mecanismo aún más específico y, potencialmente, más lesivo para el patrimonio público: la manipulación de los caudales destinados a la conservación y reparación de la red caminera nacional.
El origen de estas suspicacias se encuentra en una denuncia penal presentada por la diputada Marcela Pagano, de la bancada Coherencia, cuyo análisis estadístico ha destapado una correlación casi perfecta entre los días de mayor tensión parlamentaria y un incremento exponencial en los desembolsos hacia determinados distritos provinciales. Según el minucioso relevamiento de la legisladora, en las jornadas previas, simultáneas y posteriores a las votaciones consideradas estratégicas para el Ejecutivo, las transferencias a los gobernadores considerados «amigos» se dispararon en un rango que oscila entre el trescientos cincuenta y el cuatrocientos por ciento por encima de la media habitual. En términos concretos, la cartera que conduce Luis «Toto» Caputo habría canalizado la friolera de 68.042 millones de pesos hacia las arcas provinciales en estas ventanas temporales de alta sensibilidad política, con el explícito objetivo, al menos en el papel, de financiar obras de infraestructura vial a través del denominado Sistema Vial Integrado.
La denuncia de Pagano no se limita a señalar un incremento inusual de los flujos monetarios, sino que profundiza en la identidad de los principales favorecidos por esta lluvia de fondos. En el concierto de las provincias que habrían resultado más beneficiadas por estos giros millonarios, destacan nombres como Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz, Salta, Catamarca y Córdoba. Lo que torna el asunto particularmente espinoso es el hecho de que, durante los primeros seis meses de la gestión libertaria, el citado fondo permaneció prácticamente paralizado, sin que se registraran erogaciones significativas. Fue justamente en la antesala del debate de la Ley Bases, un hito legislativo de primer orden para el Gobierno, cuando la maquinaria de pagos se puso en movimiento con una celeridad y cuantía que han levantado todas las alarmas.
La metodología empleada por la diputada para sustentar su presentación judicial consistió en el análisis de treinta y ocho fechas de votación a lo largo de veintinueve meses. En todos esos episodios, se verificó un patrón recurrente: aquellas provincias cuyos representantes en el Senado y la Cámara Baja ofrecieron un respaldo funcional a los intereses del oficialismo, o bien contribuyeron con ausencias estratégicas o abstenciones que allanaron el camino de las iniciativas oficiales, fueron las que se vieron agraciadas con los desembolsos más cuantiosos y oportunos.
La presentación judicial de Pagano, radicada en el juzgado del magistrado Julián Ercolini y con la intervención del fiscal Franco Picardi, apunta directamente a una cadena de responsabilidades que se extiende desde el Palacio de Hacienda, pasando por la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Transporte, hasta llegar a la figura más alta del Poder Ejecutivo. Los argumentos esgrimidos por la denunciante no son menores, ya que sugieren la existencia de un manejo gravemente discrecional de los dineros públicos, la posible desviación de los mismos del cometido legal para el que fueron concebidos, y la eventual omisión de requisitos formales ineludibles, como la certificación fehaciente de las obras que supuestamente se están financiando.
A esta denuncia se ha sumado en los últimos días la de otra legisladora opositora, Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, quien ha puesto el acento en un aspecto igualmente perturbador: el propio Gobierno, a través de la voz de su portavoz, Adrián Ravier, se vio forzado a admitir, tras una publicación del diario La Nación, que un montante cercano al billón de pesos perteneciente al fondo vial no había sido invertido en la conservación de rutas, sino que una parte sustancial se encontraba colocada en instrumentos financieros o depositada en cuentas corrientes, con la coartada de la búsqueda del ansiado equilibrio fiscal. Los números son contundentes: de un total de casi un billón de pesos, solo se habrían destinado 394.406 millones al fin específico para el que fueron creados, lo que arroja una preocupante subejecución del 73,8 por ciento.
En una publicación en la red social X, la diputada Pagano fue contundente al exponer la tesis que subyace a toda su investigación, señalando que la capacidad del oficialismo para sacar leyes de manera exprés se sustentó en una suerte de subasta de voluntades donde el precio lo fijaban los gobernadores. En su relato, Milei habría «manoteado» los fondos provenientes del impuesto a los combustibles para, mediante el Banco Nación como entidad pagadora y con Caputo como ejecutor, distribuir dádivas a aquellos que plegaban su apoyo a las iniciativas oficiales. La denunciante ilustró esta mecánica describiendo cómo, en los días de votación, los pagos se multiplican entre cuatro y cinco veces en comparación con cualquier otra jornada, en un claro ejercicio de presión y recompensa posterior.
La denuncia de Pagano incluye una suerte de prontuario que asigna valores concretos a cada instancia legislativa: así, por ejemplo, la reforma laboral habría tenido un costo de 17.139 millones de pesos liberados del fondo; la Ley de Glaciares, 12.551 millones; y la llamada «ley hojarasca» y zonas frías, 14.096 millones. Acumuladas, estas tres votaciones representan el 52,7 por ciento de todo lo pagado en cinco meses del presente año. Otros hitos, como la sanción de la Ley Bases, el DNU del acuerdo con el FMI o los vetos presidenciales a leyes de jubilaciones y discapacidad, también vieron cómo los desembolsos se disparaban en paralelo a la actividad parlamentaria.
El mecanismo descrito, al que Pagano califica de «extorsivo», habría tenido en cinco gobernadores a sus principales y más constantes aliados. Jujuy, por ejemplo, percibió 11.987 millones de pesos, de los cuales el 97,5% fue cobrado en días de votación; Misiones, 13.493 millones; Tucumán, 2.322 millones; y Santa Cruz y Salta, montos millonarios también atados a fechas de debate. La diputada subraya la paradoja de que provincias como Misiones o Jujuy hayan sido las máximas beneficiarias, en detrimento de distritos con redes viales mucho más extensas y urgentes necesidades de mantenimiento, como Buenos Aires o Santa Fe.
La pregunta que subyace a toda esta trama, y que la propia Pagano se encarga de formular, es por qué esta situación debe ser dirimida en los estrados judiciales y no en la arena de la disputa política convencional. La respuesta, según su óptica, radica en la naturaleza de los fondos involucrados: no se trata de coparticipación federal, sino de un fideicomiso creado por decreto en 2001, alimentado por un gravamen que pagan los ciudadanos cada vez que cargan combustible en sus vehículos. Un impuesto que, por mandato legal, debe ser transferido de manera inmediata para el mantenimiento de las rutas, sin posibilidad de ser retenido durante meses y liberado discrecionalmente según la conveniencia política del gobierno de turno. La legisladora recuerda que el propio fideicomiso es el mismo que estuvo en el centro del polémico caso Vialidad, que derivó en una condena para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El argumento final de Pagano es que, a diferencia de aquel proceso, donde la supuesta irregularidad se diluyó en tecnicismos, la administración actual estaría aplicando una lógica de «extorsión a gran escala» que merece ser investigada con el máximo rigor.
El escenario, por tanto, es de máxima tensión. Las sospechas de una compra de voluntades legislativas con fondos destinados a la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que transitan las rutas argentinas no solo envenenan el clima político, sino que amenazan con derivar en graves consecuencias jurídicas para los principales funcionarios del Poder Ejecutivo. La judicatura tiene ahora la palabra para dilucidar si detrás de la velocidad de las votaciones oficialistas se esconde un andamiaje de ilegalidad o si, por el contrario, se trata de una mera coincidencia estadística que el fragor de la política ha magnificado.
