Dirigentes de la Cooperativa CALF denunciaron presiones y amenazas de retiro de visados por parte de la sede diplomática estadounidense para que abandonen un acuerdo tecnológico con la firma china. Legisladores opositores cuestionaron la pasividad del Gobierno de Javier Milei, mientras los diputados libertarios abandonaron la sesión en señal de rechazo a las críticas. La comisión parlamentaria ya anunció que convocará al embajador Peter Lamelas para que brinde explicaciones.
En el marco de una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados, se destapó un conflicto de proporciones geopolíticas que tuvo como epicentro a una histórica institución neuquina. Los representantes de la Cooperativa provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF), una entidad con más de nueve décadas de trayectoria, relataron con crudeza las presiones ejercidas por funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en Argentina para que la organización desista de sus acuerdos comerciales con la gigante tecnológica china Huawei. El reclamo no solo puso en tela de juicio la soberanía nacional, sino que también evidenció las fisuras en el oficialismo, cuyos legisladores abandonaron el recinto ante los embates de la oposición.
El gerente de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la cooperativa, Sergio Fernández Novoa, fue el encargado de destapar la olla a presión durante su exposición ante los diputados. Con un tono de indignación contenida, el ejecutivo manifestó su malestar por la intromisión foránea, subrayando que resulta inaceptable que una sede diplomática extranjera se atribuya la facultad de dictar pautas de acción a una cooperativa argentina. Fernández Novoa detalló que los primeros contactos intimidatorios se produjeron a través de mensajería instantánea, cuando un individuo identificado como Andrew Ditz, quien se presentó como agregado comercial de la misión estadounidense, le transmitió su inquietud por la relación de la CALF con la compañía asiática. La situación escaló rápidamente cuando un segundo mensaje incorporó una amenaza explícita: la posibilidad de revocar las visas de ingreso a territorio norteamericano de los directivos si la cooperativa persistía en su intención de avanzar en el proyecto conjunto.
Los directivos de la CALF enfatizaron que su presencia en el Congreso no respondía a una defensa cerrada de los intereses chinos ni a una crítica infundada contra la administración estadounidense, sino a la necesidad de resguardar la autonomía que, por definición, debe caracterizar a toda entidad cooperativista. En este sentido, la secretaria general de la entidad, Yenny Fonfach, sentó una postura clara al afirmar que buscaban un ámbito institucional soberano para poner en conocimiento de la representación popular las coacciones sufridas. La dirigente fue tajante al denunciar que hubo una clara intromisión en la independencia de la cooperativa, un principio que consideran irrenunciable y que ahora veían vulnerado por presiones externas.
El foco del conflicto reside en el ambicioso plan de la CALF para desplegar un tendido de fibra óptica en la estratégica formación de Vaca Muerta, así como la instalación de un centro de procesamiento de datos (data center) orientado a la inteligencia artificial regional. Fue precisamente este proyecto el que encendió las alarmas en la embajada estadounidense, cuyo titular, Peter Lamelas, no dudó en confirmar públicamente las presiones ejercidas sobre los cooperativistas, aunque justificó la medida argumentando que no se trataba de una violación a la soberanía argentina, sino de una cuestión atinente a la seguridad nacional de su propio país. Esta justificación fue recibida con escepticismo por los denunciantes, quienes consideran que detrás del argumento de la seguridad se esconde una maniobra para eliminar competidores tecnológicos en el mercado global.
Fernández Novoa ofreció una detallada explicación técnica y comercial para desmontar los argumentos del cuerpo diplomático. Señaló que la cooperativa mantiene vínculos con un abanico diverso de empresas de distintas latitudes, sin que exista exclusividad con ninguna marca en particular. Su decisión de colaborar con Huawei responde a criterios objetivos de precio, financiación y competitividad tecnológica, elementos que consideran esenciales para el desarrollo de sus infraestructuras. En este contexto, el gerente puso en perspectiva la magnitud de la presencia de Huawei en el país, mencionando que equipos de esta firma son utilizados por entidades de primer nivel como YPF, el Banco Central, el organismo recaudador ARCA, Trenes Argentinos y el Senasa, así como por numerosas provincias y empresas de telecomunicaciones como Personal, Movistar y Claro. Esta realidad contrasta con la «extrañeza» manifestada por la embajada, que según Fernández Novoa parece ignorar la penetración de la tecnología china en el ecosistema digital argentino.
Más allá del conflicto puntual con Huawei, los representantes de la CALF aprovecharon la tribuna para plantear una reflexión de fondo sobre la soberanía tecnológica y energética. Fernández Novoa reveló que la cooperativa no solo proyecta el citado data center, sino que también planea la construcción de parques solares en la región de Vaca Muerta, con el objetivo de transitar hacia el autoabastecimiento energético mediante fuentes limpias y propias, alejándose de situaciones abusivas en los costos de la energía. La iniciativa contempla destinar un megavatio de capacidad en cada parque solar para alojar infraestructura de datos, una decisión que enmarcan dentro de la necesidad imperiosa de ejercer soberanía sobre la información digital de los argentinos. En este punto, el ejecutivo alertó sobre la precaria situación del país en términos de almacenamiento de datos, ya que actualmente solo cuenta con 44 megas de capacidad instalada, lo que obliga a que la mayor parte de la información termine alojada en la «nube» de empresas transnacionales, es decir, en servidores físicos ubicados en el extranjero.
El desenlace de la sesión estuvo marcado por la tensión política. Mientras los legisladores de la oposición, encabezados por figuras como Florencia Carignano y Germán Martínez, vinculaban la pasividad del Poder Ejecutivo frente a estos hechos con la falta de defensa de la soberanía nacional y el reciente acuerdo con la administración de Donald Trump que, según el socialista Esteban Paulón, cede la propiedad de los datos a corporaciones estadounidenses, los diputados del bloque libertario decidieron retirarse de la sala. Gerardo Huesen, Karen Reichardt, Mónica Becerra y Facundo Correa Llano fueron algunos de los legisladores oficialistas que abandonaron el recinto, visiblemente incómodos por las críticas a la gestión del presidente Javier Milei. La comisión, presidida por el peronista Aldo Leiva, ya confirmó que cursará una citación al embajador Peter Lamelas para que acuda al Congreso a brindar explicaciones sobre sus acciones, mientras la cooperativa se prepara para una reunión con la sede diplomática estadounidense en las próximas horas.
El revuelo diplomático trascendió las fronteras nacionales, ya que la embajada de la República Popular China emitió un comunicado oficial en el que calificó las prácticas de Washington como una «grave falta de respeto» a la soberanía de terceros países. El texto difundido por Beijing sostiene que la misión estadounidense recurrió a la retórica de la «amenaza china» y al uso de las visas como herramienta de coerción para bloquear la cooperación comercial, lo que evidencia, según la percepción china, una naturaleza hipócrita y hegemónica que debe ser corregida de inmediato. Este episodio, que comenzó como un conflicto entre una cooperativa neuquina y una potencia extranjera, ha escalado hasta convertirse en un nuevo capítulo de las tensiones globales entre Oriente y Occidente, con Argentina como inesperado escenario de una disputa que trasciende sus fronteras.
