La aerolínea de Leonardo Scaturicce enfrenta su peor momento desde su adquisición: la Justicia ordenó el congelamiento de sus cuentas por una mora de casi 1.500 millones de pesos con el fisco, mientras los gremios denuncian el despido de más de 700 trabajadores y la ANAC argentina permanece en silencio, en contraste con la férrea sanción que ya aplicó Brasil al suspenderle todas las operaciones en ese país.
Aquel eslogan que prometía horizontes y que supo ser sinónimo de escapadas y rutas accesibles, “la libertad de volar”, se ha transformado en estos días en una burla cruel para miles de pasajeros y trabajadores. Lo que otrora fuera una propaganda seductora, en el imaginario popular ha mutado hacia una definición más cínica y realista: “la libertad de vender pasajes y no volar”. Esta deformación semántica grafica con crudeza la agonía operativa de Flybondi, la aerolínea controlada por el controvertido empresario Leonardo Scaturicce –ex agente de inteligencia y reconocido operador con estrechos vínculos en los pasillos del gobierno libertario–, que acumula una semana entera sin que sus aeronaves surquen los cielos argentinos, al tiempo que mantiene un récord de cancelaciones que, lejos de estabilizarse, no hace más que incrementarse mes a mes en lo que va del 2026.
La tormenta financiera y operativa que envuelve a la compañía alcanzó su punto más álgido en las últimas horas con una contundente resolución judicial. La Justicia federal, a través de los juzgados en Ejecuciones Fiscales Tributarias Nº1, 2 y 3, decretó el embargo de las cuentas bancarias de la firma a raíz de una abultada deuda que la aerolínea mantiene con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El monto reclamado asciende a una cifra astronómica que ronda los 1.500 millones de pesos, un pasivo que evidencia el crítico estado de salud financiera de una empresa que, según fuentes cercanas al expediente, ha venido postergando sus obligaciones tributarias de manera sistemática. Los magistrados, sin embargo, precisaron que esta medida cautelar no implica, al menos por ahora, la suspensión definitiva de las operaciones, sino que se enmarca en una estrategia procesal para asegurar el cobro de los gravámenes adeudados, aunque la realidad fáctica parece contradecir cualquier atisbo de continuidad operativa.
El detalle de la millonaria mora revela una estructura de incumplimientos que abarca los principales tributos del sistema. El rubro más gravoso corresponde al impuesto a las Ganancias, con una retención no depositada que trepa a los 915.238.669,21 pesos. A este monto escalofriante se le suman 207.932.266,08 pesos en concepto de retención del IVA y otros 133.298.772,02 pesos por el impuesto a los Bienes Personales. El simple cálculo aritmético de estas partidas arroja un total de 1.256.469.707,31 pesos, pero la vara fiscal se eleva aún más debido a la aplicación de intereses punitorios del quince por ciento, lo que estira la cifra final a liquidar hasta los 1.444.940.163,41 pesos. Este cerrojo financiero es apenas la punta del iceberg de una gestión que ha entrado en un espiral de cesación de pagos.
Pero el espectro de la quiebra técnica no se limita a la relación con el fisco nacional. El abanico de compromisos incumplidos es vasto y vergonzoso, extendiéndose hacia proveedores locales que llevan meses sin ver el color de sus facturas, así como a las arcas provinciales que tampoco reciben el tributo correspondiente. La situación se vuelve aún más dramática cuando se trasciende el ámbito estrictamente empresarial y se ingresa en el terreno de la dignidad humana. Desde el pasado jueves 6 de agosto, la falta de pago de las cuotas sindicales y los aportes a la seguridad social ha dejado a los trabajadores activos y cesanteados en un estado de absoluto desamparo, sin cobertura médica ni acceso a la obra social, una situación que vulnera los derechos más elementales de los empleados.
Mientras la justicia argentina comienza a mover sus engranajes con el embargo, el escenario internacional no ofrece tregua para la compañía de Scaturicce. En un golpe durísimo que reduce su radio de acción a la nada misma, Flybondi sufrió la cancelación total de sus operaciones en Brasil. La Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) del país vecino, que comparte siglas y nombre con su par argentina pero cuya actuación es diametralmente opuesta, fue implacable. A mediados de julio, ya le había restringido la venta de nuevos boletos hacia algunos destinos brasileños y le había otorgado un plazo para corregir sus desajustes operativos en la ruta hacia Río de Janeiro. Sin embargo, la aerolínea reincidió en sus malas prácticas, y a partir del 11 de agosto, se quedó definitivamente sin la posibilidad de aterrizar en suelo carioca, su último bastión en el vecino país. La diligencia de las autoridades brasileñas contrasta de manera abismal con la pasividad de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina, que persiste en su papel de espectador inerte mientras la aerolínea sigue comercializando pasajes para vuelos que los especialistas y los hechos dan por descontado que no podrán ser cumplidos.
La estadística es lapidaria y no deja lugar a dudas sobre el caos reinante. Según el registro independiente del sitio Failbondi.fail, la última vez que una aeronave de Flybondi logró despegar fue el pasado 5 de este mes. Un día antes, el martes 4, la situación rayó el delirio: un vuelo con destino a Santiago del Estero tuvo una demora de casi nueve horas para poder alzar el vuelo. Sin embargo, quienes viajaron en esa jornada pueden considerarse afortunados, dado que de los once trayectos comercializados para esa fecha, apenas dos lograron concretarse.
En el plano político, las sospechas sobre la inacción del ente regulador local se han disparado. El diputado Esteban Paulón, quien ha seguido de cerca el derrotero de la aerolínea, sostiene que la cobertura de impunidad que goza Scaturicce tiene su explicación en sus vínculos con el poder. “Es un empresario ex agente de inteligencia, hoy un lobbista que hasta hace pocos meses operaba para el gobierno argentino ante organismos de Estados Unidos”, señaló el legislador, quien añadió que este respaldo le otorga un paraguas de protección que inhibe a la ANAC de aplicar las sanciones que corresponden ante los continuos quebrantamientos de la normativa aerocomercial. La trama de intereses se vuelve más densa al recordar que Scaturicce desembarcó en la aerolínea en junio del año pasado, y un mes después ya era noticia por un escándalo aduanero que involucraba a un avión de su propiedad proveniente de Miami. Además, sus empresas han sido beneficiarias de millonarios contratos del Ministerio de Economía, consolidando un entramado de poder que, para muchos, explica la connivencia regulatoria.
La mirada crítica del diputado Paulón va más allá y califica el modelo de negocio de Flybondi como una suerte de estafa piramidal. Según su análisis, la mecánica es perversa: la empresa recauda fondos ingentes vendiendo pasajes para rutas que sabe que no podrá cubrir, y cuando devuelve el dinero a los afectados, lo hace con una demora de hasta tres meses. Ese lapso permite a la compañía utilizar el capital ajeno como un préstamo sin interés, invirtiéndolo en el mercado financiero para obtener ganancias antes de reintegrarlo a los damnificados. “Es una bicicleta financiera, un préstamo compulsivo de capitales sobre el pretexto de los viajes”, definió el legislador, quien ya en enero pasado había presentado un pedido de informes en la Cámara baja para desentrañar el accionar de la firma. Paulón aboga para que las comisiones de Transporte y Defensa de la Competencia emitan un dictamen contundente que solicite la suspensión de la licencia operativa, un paso que parece cada vez más urgente a la luz de los últimos acontecimientos.
Mientras los pasajeros se debaten entre la bronca y la desesperación por los servicios no prestados, el drama humano que se vive puertas adentro de la empresa es de una crudeza que conmueve. La plantilla de Flybondi, que a comienzos de año superaba los mil efectivos, se ha reducido drásticamente a unos trescientos, y las denuncias por falta de pago se multiplican. Los salarios de junio, julio y el Sueldo Anual Complementario (SAC) permanecen impagos para muchos de los que aún conservan sus puestos. La situación para los más de setecientos despedidos desde marzo es incluso más patética. La empresa argumentó una “disminución de personal” por graves problemas económicos y ofreció retiros voluntarios a cobrar en tres cuotas. Franco, un ex tripulante de cabina que dialogó con este medio bajo reserva de su identidad, relató que aunque algunos pudieron cobrar una o dos de esas cuotas, la compañía pronto comenzó a incumplir con el calendario acordado, dejando a muchos con una mano atrás y otra delante.
“A mí me corresponde la indemnización por despido sin causa, como a tantos compañeros”, contó el trabajador, quien agregó que la empresa adoptó una actitud hostil frente a los reclamos, identificando a los empleados más críticos para desvincularlos de manera anticipada. Ante la falta total de respuestas y el silencio cómplice de las autoridades laborales, los trabajadores activos y los despedidos han decidido alzar la voz. Este viernes 14 de agosto, a partir de las once de la mañana, se darán cita en las inmediaciones de Aeroparque, específicamente frente al Monumento a Cristóbal Colón, para exigir el pago de los acuerdos pendientes y denunciar el vacío legal y administrativo que permite que una empresa en estado de descomposición siga operando bajo la mirada indiferente de un Estado que, según los gremios, parece haberle otorgado un cheque en blanco a la mala praxis empresarial.
