La claudicación oficial se inscribe en una seguidilla de retrocesos normativos, tras el naufragio de la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego. El aluvión de críticas desde el ámbito editorial y la ciudadanía, sumado a la derrota parlamentaria, forzó a la administración libertaria a dejar en el cajón su intento de desregular el ecosistema del libro.
En un giro inesperado que resonó con fuerza en los pasillos de la cultura y la política, el Poder Ejecutivo decidió sepultar definitivamente la iniciativa que pretendía reformar la Ley del Libro 25.542. El anuncio, efectuado por voceros oficiales tras una tensa cumbre en la Casa Rosada, confirma que el polémico expediente no llegará a debatirse en el recinto del Congreso, desactivando así una de las amenazas más concretas que había enfrentado el sector librero en las últimas décadas.
La determinación del mandatario Javier Milei de plegarse a la presión social y legislativa no fue un hecho aislado, sino que se engarza en una cadena de marchas atrás que el oficialismo ha debido digerir en las últimas semanas. Tal como ocurrió con la frustrada modificación de la Ley de Tierras —que en su redacción original autorizaba la compra de campos por parte de capitales foráneos, y que debió ser mutilada antes de su paso por el Senado ante el clamor soberanista—, y con la retrocesión en la Ley de Manejo del Fuego, cuya reforma despertó un rechazo transversal entre ambientalistas y gobernadores, el proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, corrió la misma suerte adversa.
El revés para el ideario desregulador del Palacio de Hacienda se consumó, según trasciende, en una reunión reservada donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ejerció su influencia para ordenar que varias de las propuestas más disruptivas de Sturzenegger quedaran relegadas a un plano secundario. La decisión, envuelta en un manto de realismo político, habría sido tomada tras constatar el impacto devastador que la campaña de opinión pública —orquestada por editores, escritores, libreros de barrio y grandes cadenas— tuvo en la percepción ciudadana. La comunidad del libro, históricamente fragmentada, logró esta vez tejer una alianza inédita que supo viralizar un mensaje claro: la derogación de la norma vigente atentaba contra un entramado cultural único en el planeta.
Desde la editorial Vinilo, cuyos referentes habían sido de los primeros en encender las alarmas cuando se conoció el borrador oficial, celebraron la claudicación con cautela pero con evidente alivio. En sus análisis preliminares, habían subrayado que la arquitectura de la actual Ley de Fomento del Libro y de Protección a la Actividad Librera consagra un ecosistema de diversidad editorial, de multiplicidad de títulos y de capillaridad geográfica en las librerías que no posee parangón en ninguna otra nación. Esa singularidad, afirmaban, peligraba si se imponía la lógica de la desregulación absoluta, que habría allanado el camino para la concentración monopólica y el achicamiento del catálogo disponible.
El proyecto de Sturzenegger, en sus líneas gruesas, buscaba flexibilizar los precios fijos del libro, eliminar restricciones a la importación de ejemplares y desmontar los mecanismos de subsidio a la producción local. Para sus impulsores, se trataba de una purga burocrática necesaria; para los opositores, de un combo letal que quebraría a las pequeñas librerías de proximidad, esas que funcionan como faros culturales en los barrios, y que uniformaría el gusto lector en favor de unos pocos conglomerados internacionales.
El fracaso legislativo, sin embargo, no puede leerse únicamente como una victoria de la resistencia gremial. El propio devenir parlamentario, con la escasa mayoría oficialista en ambas cámaras, tornaba inviable la sanción de una norma tan controvertida. Las derrotas sufridas en otras baterías legales, como la mencionada Ley de Tierras, enfriaron el entusiasmo reformista del Ejecutivo y persuadieron a los estrategas oficiales de que era más prudente retirar el texto a tiempo que exponerse a una nueva derrota en el recinto.
Los festejos, no obstante, se multiplicaron en las últimas horas entre los libreros independientes, quienes vieron en esta resolución un respiro vital para sus negocios, muchos de ellos todavía convalecientes por los embates económicos y la pospandemia. En los pasillos de la Feria del Libro, en las redes sociales de los sellos pequeños y en las conversaciones de los habituales de las librerías de viejo, el anuncio fue recibido como un triunfo de la cordura y de la potencia del disenso organizado.
Queda ahora la interrogante sobre el futuro de otras iniciativas del ministerio de Desregulación, que permanecen en suspenso tras la orden presidencial de acotar el temario. Mientras tanto, el papel impreso, los estantes de madera y el ritual de hojear un libro continúan a salvo —al menos por ahora— de la furia transformadora del Gobierno. El archivo del proyecto no es solo un alivio táctico, sino un recordatorio de que, en materia cultural, las leyes no siempre se doblegan ante la lógica del mercado, y que la voz de los lectores, cuando se articula con la de los mediadores del libro, posee aún una gravitación insoslayable en la arena pública.
