Científicos, becarios y personal de organismos clave como el Conicet, la CNEA y el INTI confluyeron en el centro porteño para denunciar el colapso salarial, la pérdida de miles de puestos de trabajo y la paralización de proyectos estratégicos, en una jornada que visibilizó la profunda crisis que atraviesa el sistema científico-tecnológico nacional a casi trescientos días de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.
En una jornada que quedará grabada en la memoria del quehacer científico argentino, las inmediaciones del emblemático Obelisco porteño se convirtieron en el epicentro de un reclamo que resonó con fuerza en todo el país. Científicos y científicas provenientes de diversas disciplinas, junto a la robusta presencia de la comunidad universitaria, se congregaron masivamente este miércoles para elevar un contundente reclamo al gobierno nacional. El epicentro de la protesta giró en torno al urgente cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma sancionada hace casi trescientos días que, según los manifestantes, permanece en un estado de hibernación injustificable por parte de la administración libertaria, profundizando un escenario de desolación presupuestaria que ya acumula más de dos años de erosión constante.
El panorama que se dibujó en la voz de los protagonistas es el de una matriz científica en franco retroceso, con cifras que estremecen los cimientos del desarrollo nacional. Desde la asunción del actual mandatario, el ecosistema de la investigación ha sufrido una hemorragia de talento humano que se traduce en la pérdida de siete puestos laborales por jornada en el área vinculada a la indagación del saber. Esta sangría se ve reflejada en la paupérrima proyección de inversión para el ejercicio 2026, que apenas alcanzaría el 0,14 del Producto Bruto Interno, un guarismo que no se registraba desde la década del 70, específicamente desde 1972, colocando a la Argentina en un lugar de excepción por su desinterés hacia el futuro intelectual. El cuadro se agravó en las últimas semanas cuando las autoridades del Conicet comunicaron la drástica decisión de no extender las becas posdoctorales a trescientos setenta y nueve investigadores, individuos que durante años forjaron su experiencia en el suelo patrio y que hoy ven truncada su trayectoria por un simple acto administrativo.
Entre la multitud que copó la avenida 9 de Julio, se escucharon relatos desgarradores que ponen rostro humano a las estadísticas. Rocío, quien hasta hace muy poco se desempeñaba como becaria posdoctoral del Conicet, compartió su amarga experiencia ante los micrófonos de C5N. Con un cartel que proclamaba «La discontinuidad mata a la ciencia. 400 nuevos desempleados en la Argentina», la joven investigadora explicó la paradoja temporal que viven sus colegas: «Nosotros nos presentamos a la carrera de investigador científico para el año 2025, pero los resultados de esa evaluación recién se conocerán a fines de 2026. Esta situación genera un abismo en nuestra carrera, una fractura que no solo nos perjudica a nosotros como profesionales, sino que provoca la pérdida de líneas de investigación completas». Su diagnóstico fue lapidario al sentenciar que, por decisión política explícita, este gobierno no quiere que existan ni ciencia ni educación en el país, una afirmación que fue coreada por los asistentes.
En sintonía con este reclamo, Gonzalo, otro investigador del máximo organismo científico del Estado, describió el proceso como un vaciamiento sistemático y generalizado. El profesional detalló que los casi cuatrocientos becarios posdoctorales despedidos son solo la punta del iceberg de una política de ajuste que ya ha dejado sin empleo a más de dos mil cuatrocientos trabajadores del Conicet desde que asumió el nuevo gobierno. Pero el drama no termina en la pérdida de fuentes laborales; la licuación del poder adquisitivo es otra arista igualmente demoledora. «Los salarios han sufrido una merma del cincuenta por ciento en términos reales. Con lo que estamos ganando hoy es simplemente inviable subsistir. La gente se va, renuncia porque no puede sostener su hogar y eso provoca que el sistema científico se nos empiece a derrumbar como un castillo de naipes», reflexionó Gonzalo, quien agregó que muchos compañeros se ven forzados a buscar un segundo o incluso un tercer empleo en actividades completamente ajenas a la investigación para poder cubrir los gastos básicos del mes, endeudándose hasta límites insostenibles.
El malestar se extiende como una mancha de aceite hacia otras áreas estratégicas del conocimiento, como el sector nuclear y el desarrollo industrial. Martín Iofrida, secretario general de la Asociación de Profesionales de la Actividad Nuclear, fue claro al exponer el deterioro de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Según su relato, el ahogo salarial y la restricción presupuestaria ya han provocado la salida de quinientos trabajadores de ese organismo, sumado a una paralización casi total de los proyectos estratégicos. La situación se ha vuelto más agresiva en el último tramo, con despidos directos y la eliminación de trescientas jefaturas de grupo, lo que genera un caos organizativo de magnitudes considerables. Iofrida advirtió que este ataque no solo afecta a los empleados, sino que compromete seriamente la producción de energía segura y económica, así como el diagnóstico y tratamiento de patologías complejas, incluyendo diversas variantes de cáncer. En un tono de profunda preocupación, el dirigente señaló que existe un plan orquestado para que la actividad nuclear, que en Argentina tiene una trayectoria de más de siete décadas, desaparezca en el mediano plazo, impulsado por intereses extranjeros que buscan desmantelar la soberanía tecnológica nacional.
El diagnóstico de fragilidad también alcanzó al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde la realidad es igualmente alarmante. Gisele, una trabajadora del Departamento de Calidad en las Mediciones, expuso la cruda radiografía de su institución: una merma del treinta por ciento de su planta de personal desde el inicio de la presente gestión, producto de cesantías, retiros voluntarios y una creciente ola de renuncias que promedian las diez mensuales. La causa de esta fuga de talentos es la abismal diferencia entre los magros ingresos del sector público, que rondan el millón de pesos, y las tentadoras ofertas del ámbito privado o del extranjero, donde se puede triplicar esa cifra. Esta situación, advirtió Gisele, no solo implica la pérdida de conocimientos valiosísimos, sino que deja al país en una situación de vulnerabilidad absoluta en materia de control de calidad y desarrollo industrial.
La movilización de este miércoles no fue un hecho aislado, sino la culminación de un descontento que viene gestándose desde hace meses ante la evidencia de un Estado que, según los manifestantes, ha decidido dar la espalda al conocimiento como motor del progreso. La presencia masiva de la comunidad académica y los gritos de «¡Ciencia no se toca!» retumbaron en el corazón de la ciudad, mientras los oradores recordaban que la ausencia de inversión en estos ámbitos no solo empobrece el presente, sino que hipoteca el futuro de las próximas generaciones. Los carteles, los cánticos y la energía de los participantes dejaron en claro que, a pesar del ajuste y las dificultades, la resistencia del sector científico se mantiene firme en defensa de un pilar fundamental para el desarrollo argentino. La exigencia de que se cumpla la Ley de Financiamiento se erige como el primer paso para detener lo que consideran un verdadero genocidio intelectual, mientras la incertidumbre se apodera de los laboratorios y centros de investigación de todo el territorio nacional.
