La comisión que preside Germán Martínez convocó a Peter Lamelas para el próximo miércoles, en medio de un creciente malestar diplomático. La decisión surge luego de que directivos de la cooperativa eléctrica CALF denunciaran amenazas veladas para quebrar vínculos con la firma china Huawei. Mientras la Embajada de Beijing califica los dichos del funcionario estadounidense como «calumnias de la Guerra Fría», los legisladores oficialistas sospechan que detrás del apriete a una empresa patagónica se esconden intereses de mayor calado que comprometen la soberanía tecnológica nacional.
En un movimiento que eleva la tensión diplomática a un escenario inédito, la Cámara de Diputados de la Nación formalizó la citación al embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, para que comparezca ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales. La convocatoria, programada para el próximo miércoles 19 de agosto, no es un acto protocolares sino la respuesta contundente del bloque oficialista a lo que califican como una injerencia extranjera sin precedentes en los asuntos internos del país, motivada por la reciente exposición de los directivos de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF), quienes relataron ante ese mismo cuerpo las presiones recibidas desde la sede diplomática para desistir de acuerdos comerciales con el gigante tecnológico asiático Huawei.
La iniciativa, encabezada por el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, busca desentrañar los motivos ocultos detrás de la actitud del representante norteamericano. «Esperamos su presencia para abordar la grave situación e irregularidades expuestas por los miembros de CALF. El ámbito institucional es clave para esclarecer lo sucedido», expresó el legislador en sus redes sociales, adjuntando la notificación oficial. Sin embargo, tras bambalinas, los parlamentarios del oficialismo confiesan que el interrogante principal no se limita al incidente puntual con la cooperativa neuquina, sino que apunta a descifrar una estrategia mayor. La pregunta que resuena en los pasillos del Congreso es doble: «¿Por qué Lamelas dice lo que dice?» y, más inquietante aún, «¿quiénes son los verdaderos destinatarios de su mensaje más allá del conflicto con CALF?». Fuentes legislativas adelantaron a este diario que la sospecha central gira en torno a la existencia de intereses geopolíticos de gran envergadura que trascienden el ámbito de una simple disputa comercial.
El trasfondo de esta convocatoria se remonta a la comparecencia de los directivos de la cooperativa eléctrica más importante de la Patagonia, quienes esta semana detallaron ante los diputados las coacciones sufridas. Según el testimonio del gerente de Tecnologías de la Información, Sergio Fernández Novoa, la embajada estadounidense habría condicionado a la entidad con la amenaza de retirar visas si proseguían con las negociaciones para un tendido de fibra óptica en Vaca Muerta y la instalación de un centro de procesamiento de datos, considerado el eslabón final de la cadena de valor de la inteligencia artificial. «No está bien que una representación diplomática extranjera se contacte con una cooperativa y le indique lo que debe hacer», enfatizó el ejecutivo, quien además alertó a los legisladores sobre la extendida presencia de la tecnología china en infraestructura crítica del Estado argentino, citando ejemplos como el sistema de almacenamiento del Banco Central, los registros de ARCA, los sistemas de Trenes Argentinos y el SENASA, todos ellos operados con equipamiento de Huawei.
Por su parte, la secretaria general de CALF, Yenny Fonfach, reforzó el reclamo al denunciar una violación flagrante a la autonomía que rige a las cooperativas, entidades que, según recordó, mantienen procedimientos propios de compras y la libertad soberana para elegir a sus proveedores, sin que un gobierno extranjero pueda arrogarse el derecho de interferir en esas decisiones.
La escalada de la disputa y el silencio oficial
La controversia no se agotó en el recinto legislativo. Días atrás, en el marco del foro energético organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham), el embajador Lamelas profundizó su ofensiva retórica ante un auditorio compuesto por empresarios del círculo rojo y altos funcionarios. En esa ocasión, el diplomático no solo arremetió contra Huawei, acusándola de ejercer labores de espionaje para el gobierno de Beijing, sino que también lanzó una advertencia de carácter económico: la presencia de capitales chinos en la infraestructura de Vaca Muerta, sostuvo, actuaría como un factor disuasivo para la llegada de nuevas inversiones occidentales.
La reacción de la Embajada de China en Argentina no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, la representación calificó las declaraciones del embajador norteamericano como «calumnias sin fundamento» y atribuyó su actitud a una «mentalidad de la Guerra Fría» que busca infundir temor en el mercado. El texto oficial subrayó que Argentina posee la madurez institucional suficiente para gestionar sus propios mecanismos de atracción de inversiones, sin necesidad de lecciones externas. No obstante, en medio de este cruce de acusaciones entre dos superpotencias que libran una batalla silenciosa por la hegemonía tecnológica, el silencio del Palacio San Martín y la Cancillería argentina resulta ensordecedor. Analistas políticos interpretan esta pasividad como un reflejo de la creciente subordinación del gobierno de Javier Milei a la administración de Donald Trump, una dependencia que se hace más evidente en momentos de tensión cambiaria.
El «elefante en el bazar»: la guerra tecnológica y los intereses ocultos
Para comprender la magnitud de lo que está en juego, resulta imperativo analizar las implicancias de esta disputa más allá de la anécdota diplomática. El investigador del Conicet y doctor en Ciencias Sociales, Gabriel Merino, consultado por este medio, ofrece una perspectiva esclarecedora sobre las preguntas que los diputados intentarán responder. Según Merino, la actitud de Washington responde a un intento desesperado por conservar su predominio tecnológico, un monopolio que construyó durante la revolución de las comunicaciones en las décadas de 1960 y 1970, y que hoy ve seriamente amenazado por el ascenso imparable de China y, en particular, de Huawei. La empresa china se ha convertido, desde 2018, en el epicentro de la guerra tecnológica global, y Argentina no es ajena a ese campo de batalla.
Merino pone el acento en los 31.500 kilómetros de fibra óptica que opera ARSAT, una infraestructura que despierta un interés vital para los Estados Unidos, al igual que las capacidades nucleares o los recursos estratégicos. El investigador sugiere que la presión no se dirige únicamente a las cooperativas, sino que busca disciplinar a las propias élites empresariales argentinas, incluso a aquellas alineadas geopolíticamente con Washington, pero que buscan adquirir tecnología china por su relación costo-beneficio. La tolerancia estadounidense hacia la compra de productos primarios por parte de China tiene un límite claro cuando se trata de posiciones estratégicas en telecomunicaciones, infraestructura digital, puertos, energía nuclear o minerales críticos.
Esta lógica explicaría movimientos recientes del gobierno nacional para excluir a empresas chinas de licitaciones clave, como la del consorcio que operará el Belgrano Cargas durante los próximos cien años, una decisión que podría incluso obligar al Ejecutivo a reestructurar el pago del swap con China. Mientras la Casa Rosada opta por la inacción y el hermetismo, la pulseada entre las dos mayores economías del mundo se recrudece, y el territorio argentino se convierte, una vez más, en el tablero de una partida cuyas reglas deciden otros.
