En el Foro de Seguridad de las Américas, la administración Trump oficializó su nueva doctrina de «hacer cosas malas contra la gente mala», instó a abandonar la Corte Penal Internacional y dejó entrever una potencial intervención militar en Cuba. Mientras el oficialismo celebra el alineamiento total, la oposición denuncia que la participación argentina vulnera las leyes de defensa nacionales, al involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior que la historia y la normativa proscriben.
En un movimiento que subraya la sintonía absoluta de la Casa Rosada con la política exterior de la Casa Blanca, el presidente Javier Milei comisionó a su ministro de Defensa, Carlos Presti, para que asistiera a la cumbre hemisférica organizada por Estados Unidos en territorio panameño. Lo que en los comunicados oficiales se presentó como un espacio para la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico, se transformó en el escenario donde la administración de Donald Trump desplegó su narrativa más beligerante: proclamó un nuevo lema de combate explícito, presionó a sus socios continentales para que deserten de la justicia internacional y reinstaló la amenaza de una intervención castrense sobre la isla de Cuba. La excusa formal del encuentro, centrada en el combate a las drogas, entra en franca contradicción con la estructura legal argentina, que reserva esa función a las fuerzas de seguridad y excluye de manera terminante a las Fuerzas Armadas de dichas tareas, tal como lo recordó con dureza el exministro de Defensa y actual diputado nacional, Agustín Rossi.
La cartera que conduce Presti difundió un escueto parte de prensa en el que se limitó a señalar que su titular había participado del Foro de Seguridad de las Américas, una instancia que reúne a representantes de 19 naciones del continente. Según la versión oficial del ministerio, el cónclave posibilitó el avance hacia un entendimiento compartido sobre las principales amenazas que aquejan a la región, al tiempo que permitió establecer prioridades comunes y aceitar los engranajes de coordinación, intercambio de inteligencia y cooperación operativa entre los países miembros. Sin embargo, la naturaleza real del evento trasciende esa retórica diplomática, ya que en los corredores del poder estadounidense se conoce a esta alianza como la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, aunque su apelativo popular y más crudo es el de Escudo de las Américas. Esta estructura representa el mecanismo ideado por el mandatario republicano para ejercer una presión asfixiante sobre sus dos principales irritantes geopolíticos en el hemisferio: México y Brasil.
Mientras los emisarios políticos desfilaban por las salas de conferencias, en el terreno práctico los uniformados de esas 19 naciones ya estaban desplegados en el ejercicio Panamax26, una maniobra militar conducida por el Comando Sur de los Estados Unidos. La presencia de efectivos argentinos en ese ensayo castrense fue habilitada por el propio Milei mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 650/2026), una herramienta que le permitió sortear el filtro del Congreso Nacional y que evidencia la voluntad ejecutiva de profundizar la integración operativa con el Pentágono. Según los partes difundidos por el Comando Sur, durante las jornadas de trabajo los participantes suscribieron un compromiso formal para contrarrestar las amenazas en el hemisferio occidental, con un foco especial en los cárteles de la droga y el denominado narco-terrorismo, así como para garantizar la seguridad del Canal de Panamá, una de las obsesiones geoestratégicas que atormentan a Trump en su segunda etapa presidencial.
La voz cantante de la delegación estadounidense recayó en Pete Hegseth, su secretario de Guerra, un excomentarista televisivo que no escatimó en declaraciones provocadoras. Hegseth desveló que el nuevo lema de la coalición sería «le hacemos cosas malas a la gente mala», una frase que condensa la esencia de una política exterior que se jacta de su crudeza. Además, no dudó en emplazar a los países aliados a retirar su reconocimiento a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal cuya autoridad para investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad jamás fue aceptada por Washington. En un tono aún más belicoso, el funcionario celebró la reciente incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, de la mano de Abelardo de la Espriella, y dejó flotando la espada de Damocles sobre Cuba, al afirmar que todas las opciones estaban sobre la mesa en lo que respecta a la isla, incluyendo la factibilidad de una acción militar directa, en un contexto donde el Departamento de Estado ya la ha estigmatizado como «la capital del comunismo del siglo XXI».
Ante este escenario, la actuación de Presti, a quien acompañó el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Alejandro Dalle Nogare, se mantuvo en un discreto segundo plano. La escueta información oficial sostiene que la «posición propia» de Argentina se circunscribe a fortalecer la vigilancia y el control de los espacios considerados estratégicos, resguardar la infraestructura crítica y optimizar los canales de intercambio de datos frente a contingencias de origen foráneo. No obstante, para el análisis de los especialistas y la oposición política, esta retórica no disimula el fondo del asunto. El diputado Rossi fue categórico al afirmar que la presencia de Presti en esa cumbre «constituye otro capítulo más para involucrar a las Fuerzas Armadas argentinas en cuestiones de seguridad interior», una práctica que, según enfatizó, quebranta de manera flagrante las leyes internas del país. Este diagnóstico se inscribe en una tendencia que Milei viene consolidando desde su asunción, desmantelando el principio de separación entre seguridad y defensa que fue un pilar durante cuatro décadas de democracia ininterrumpida.
El retroceso en esta materia se materializó en 2024 con la firma de dos decretos clave. Por un lado, el DNU 1112 derogó el ancestral 727/2006, que circunscribía la intervención militar exclusivamente a casos de agresión externa proveniente de otros Estados. Por otro, el DNU 1107 autorizó a los uniformados a custodiar objetivos de valor estratégico sin que la norma especifique siquiera qué se entiende por tales, una habilitación vaga que abre la puerta a interpretaciones discrecionales. Rossi, quien también es el referente del área de Defensa del Partido Justicialista, sostuvo que lo que está en juego es la reedición de la vieja receta que ya demostró su fracaso estrepitoso en naciones como México y Colombia: involucrar a los militares en la guerra contra el narcotráfico. El legislador criticó la paradoja de que, mientras el gobierno paga salarios paupérrimos a la tropa, se encamine a colocar a ese personal en situaciones de manifiesta ilegalidad, exponiéndolos a riesgos jurídicos y operativos para los que no están formados.
Rossi profundizó su embate al definir lo ocurrido en Panamá como una «coalición militar» y no un mero acuerdo diplomático, a lo que se suma la conformación de otra alianza contra el supuesto resurgimiento del terrorismo político. En ese sentido, recordó que el 16 de julio pasado, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ya había convocado a una conferencia en Washington para impulsar la ampliación de las hipótesis de conflicto hacia el denominado «extremismo de izquierda». A esa cita, Milei envió a su canciller, Pablo Quirno, quien omitió detallar los compromisos asumidos, y al número dos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), José Lago Rodríguez. Argentina no solo asistió, sino que ocupó un sitial de orador en el evento, lo que evidencia su rol activo en esta agenda. Desde entonces, el discurso presidencial se ha visto permeado por esta narrativa, llegando a calificar de «actos terroristas» las manifestaciones callejeras y a denunciar la existencia de terroristas «disfrazados» de estudiantes, docentes y periodistas, en sintonía con la visita del subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Andrew Bailey, al recién creado Centro Nacional Antiterrorista (CNA).
Más allá de las disputas internas que sacuden el gabinete libertario, la brújula del alineamiento total con Washington permanece inamovible. La semana pasada, la Fundación Faro, el think tank del oficialismo, presentó su equipo de «seguridad nacional» en un acto que contó con la presencia del influyente asesor presidencial Santiago Caputo, quien calificó la jornada como una «sofisticada» exposición de geopolítica. En esa velada, el director ejecutivo de Faro, Agustín Laje, lanzó una hipótesis de trabajo que conecta al socialismo del siglo XXI con el crimen organizado, sosteniendo que allí donde esa corriente política consolidó su dominio, el narcotráfico y las mafias se empoderaron de manera dramática. Laje, un politólogo cordobés formado en el Centro William J. Perry para los Estudios de Defensa Hemisférica, vinculado al Pentágono, explicitó que los cañones ideológicos deben apuntar hacia Luiz Inácio Lula da Silva, a quien tildó de «corrupto» y acusó de negarse a que Estados Unidos catalogue al Comando Vermelho y al Primer Comando de la Capital (PCC) como organizaciones terroristas, una acusación que busca justificar la injerencia externa bajo el manto de la lucha antidrogas.
Para cerrar el círculo de la influencia castrense, la Gaceta Marinera informó esta semana sobre la visita del agregado naval estadounidense, capitán de navío Christopher Seguine, y del agregado aéreo adjunto, teniente coronel Kevin Skelton, a la base naval de Puerto Belgrano. Este flujo constante de intercambios y la participación en ejercicios conjuntos consolidan un escenario donde las Fuerzas Armadas argentinas, sin una ley que lo respalde, se van enredando en una madeja de compromisos internacionales que las alejan de su rol constitucional y las acercan peligrosamente a una lógica de seguridad interna que la historia argentina ha demostrado ser un camino de graves consecuencias institucionales y éticas.
