La iniciativa libertaria para suprimir las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, concebida como un trampolín hacia la reelección presidencial, ha sido víctima de un feroz cerrojo político. La falta de consensos, la debacle del capital político tras el fiasco del evento «Adornigate» y la férrea oposición peronista han forzado al oficialismo a archivar sus pretensiones, sumiendo a la Casa Rosada en una profunda grieta interna sobre cuándo y cómo retomar la ofensiva.
En el intrincado tablero de la política argentina, el ambicioso plan del oficialismo para desmantelar el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ha sufrido un revés de tal magnitud que ha obligado a la Casa Rosada a retroceder en sus pretensiones. Lo que se presentaba como una jugada maestra para despejar el camino hacia la reelección de Javier Milei y asestar un golpe estratégico al peronismo, se ha transformado en un doloroso fiasco que evidencia la fragilidad del poder legislativo del Gobierno y la creciente dispersión de sus apoyos. La fecha límite de septiembre, inicialmente marcada en rojo en el calendario libertario para la suspensión o abolición de las primarias, se ha desvanecido en el aire, reemplazada por un incierto horizonte que algunos en Balcarce 50 sitúan «más cerca de diciembre», mientras la interna gubernamental se profundiza sin tregua.
El revés se gestó en un clima de urgencia y desesperación política. Apurados por recuperar la iniciativa y la narrativa tras el resonante tropiezo diplomático del «Adornigate», donde el intento de vender al país ante inversores extranjeros resultó contraproducente, el entorno presidencial buscó instalar con celeridad la reforma electoral como su nueva bandera. Sin embargo, la precipitación dinamitó de manera irreparable el ya menguado capital político del Gobierno. La estrategia de forzar una discusión de alto voltaje en medio de un escenario adverso demostró ser un cálculo erróneo, dejando al oficialismo en una posición de debilidad extrema, con sus apoyos parlamentarios evaporándose y un frente opositor cada vez más cohesionado. Este escenario de fragilidad institucional ha llevado a la mesa política libertaria a reunirse en las últimas horas para redefinir su agenda parlamentaria, relegando la cuestión electoral a un segundo plano, muy lejos del temario central que ocupará las sesiones venideras.
La figura de Karina Milei, hermana del Presidente y artífice de la estrategia política, ha sido testigo de este cambio de rumbo. Quien inicialmente presionaba con vehemencia para dar de baja el primer llamado electoral en septiembre, ha visto cómo sus expectativas se enfriaban notablemente. Tanto su círculo más íntimo como los hombres de confianza de la familia, entre los que se cuentan Martín y Eduardo «Lule» Menem, han adoptado ahora una postura de cautela y paciencia, despojándose de todo apuro. Este sector del oficialismo interpreta que los gobernadores, socios necesarios para cualquier reforma, están «subiendo demasiado sus acciones» y exigiendo un precio político que el Gobierno no está dispuesto a pagar en el corto plazo. Por ello, consideran más prudente postergar la negociación y esperar un momento más propicio, quizás cuando la dinámica legislativa, obligada por la sanción del Presupuesto, vuelva a poner sobre la mesa la necesidad de acuerdos. La intención inicial de lograr un batacazo legislativo que concentrara un triunfo político y sembrara cizaña en el peronismo ha quedado en el olvido, sepultada por la cruda realidad del escaso poder de fuego con que cuenta el oficialismo en el Congreso.
En la vereda de enfrente, sin embargo, la presión no cesa. El ala dura del Gobierno, encabezada por el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo, mantiene firme la convicción de que los acuerdos con los gobernadores son impostergables. El entorno del asesor presidencial insiste en que el Gobierno necesita urgentemente «manos» parlamentarias para apuntalar las transformaciones estructurales que impulsa Milei, y la reforma electoral es vista como una pieza clave en ese engranaje. Pero es el propio Toto Caputo quien agita el espectro más temido por los mercados: el «riesgo kuka». Esta expresión, utilizada en el Palacio de Hacienda, hace referencia al temor de que un resultado electoral adverso en las PASO, percibido como un síntoma de descontento popular, pueda desencadenar una corrida cambiaria y desestabilizar la frágil economía. Esta visión, alimentada por una mirada pesimista que descarta mejoras económicas significativas antes de agosto de 2027, choca de frente con la cautela del núcleo político más cercano a la hermana del Presidente, generando una grieta interna que amenaza con paralizar cualquier iniciativa.
El fracaso en la construcción de consensos se hizo evidente cuando el sondeo iniciado por el legislador Santilli entre los gobernadores reveló un problema de fondo: la saturación de la agenda. Los mandatarios provinciales, lejos de plegarse a los deseos de la Casa Rosada, manifestaron su malestar ante la superposición de temas conflictivos. El capricho de Milei por modificar la Carta Orgánica del Banco Central, el recorte al Régimen de Zonas Frías y la discusión del Presupuesto 2027 generaban una sobrecarga que ningún gobernador estaba dispuesto a tolerar sin una contrapartida concreta. «No se le puede pedir tanto a los gobernadores sin darles nada», reconocieron con resignación en el bloque libertario, admitiendo la inviabilidad de avanzar con la reforma antes de la sanción del presupuesto, un trámite que suele dilatarse hasta los últimos meses del año. Esta realidad deja a la jefa de la bancada oficialista en la necesidad de mendigar los votos de la Unión Cívica Radical y el PRO, además de los bloques provinciales que el peronismo también disputa con ahínco. Un claro síntoma de la falta de apoyo se evidenció cuando el senador macrista Martín Goerling Lara reveló que su partido, en su última reunión, había acordado de manera unánime «mantener las PASO», asestando un duro golpe a las aspiraciones oficialistas.
Mientras el oficialismo se debate en sus propias contradicciones, el peronismo ha encontrado en esta causa un motivo de unidad inesperada. La cumbre celebrada en el Hotel Emperador la semana pasada logró alinear a sus principales referentes detrás de la reivindicación de las primarias, que ven como un escudo contra los planes hegemónicos de Milei. El mensaje fue contundente y se replicó en cada intervención: «Los que apoyen la eliminación o suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei a tener 4 años más de este infierno para la gente». Esta declaración, que condensa el espíritu de resistencia del campo opositor, se tradujo en una hoja de ruta clara: convencer a los gobernadores que suelen colaborar con la Casa Rosada para que no se sumen a la reforma. La tarea fue repartida estratégicamente entre los líderes del espacio. El senador Gerardo Zamora fue comisionado para persuadir al misionero Hugo Passalacqua; Sergio Massa, al neuquino Rolando Figueroa y a Alberto Weretilneck; Máximo Kirchner, a los santacruceños; y Ricardo Quintela, a sus vecinos Jaldo y Jalil. La amenaza subyacente es clara: el peronismo está dispuesto a poner candidatos propios en las provincias que no acompañen, una medida de fuerza que busca neutralizar cualquier pacto colaboracionista con la Casa Rosada y blindar el sistema electoral.
En este contexto de máxima tensión, la reciente ruptura política en Misiones, que enfrenta al gobernador Hugo Passalacqua y al líder del partido local, Carlos Rovira, ha tenido una réplica inmediata en el Congreso, complicando aún más los planes libertarios. En el Senado, el bloque se volvió a unificar tras una breve separación, mientras que en la Cámara de Diputados se produjo una fragmentación significativa con la disolución del bloque Innovación Federal. Los diputados que responden a los gobernadores Passalacqua y Sáenz decidieron formar su propio bloque, separándose del puntano Claudio Álvarez y el formoseño Gerardo González. Este movimiento es de vital importancia, ya que ese espacio parlamentario era uno de los pilares en los que el Gobierno se apoyaba para aprobar sus leyes más controvertidas, como la reforma laboral. La incertidumbre sobre el rol que jugará finalmente el salteño Gustavo Sáenz añade un ingrediente de inestabilidad. Para aumentar la preocupación oficialista, fuentes cercanas a este nuevo armado confirmaron que un enviado se reunirá con Sergio Massa en su oficina de Retiro, lo que evidencia un claro realineamiento de fuerzas en el Congreso que deja al oficialismo en una posición de franca minoría.
Con el peronismo jugando un rol determinante para frenar cualquier intento de suspender las PASO, la Casa Rosada se ha visto forzada a retirar el tema de la agenda parlamentaria. «En Diputados no está hablándose del tema», reconoció una fuente legislativa con conocimiento directo de las negociaciones, quien agregó un dato clave que desnuda la debilidad oficialista: «Si apoyan los del Norte Grande en Senado, los votos estarían, pero no alcanzarían en Diputados». La compleja interna misionera y la consecuente reconfiguración de los bloques federales han complicado exponencialmente los planes libertarios, demostrando que el camino hacia la reelección de Javier Milei está plagado de obstáculos insalvables que no podrán ser sorteados con declaraciones altisonantes o presiones extemporáneas. La reforma electoral, anhelada por el presidente como un instrumento para consolidar su poder, ha quedado atrapada en un laberinto de intereses contrapuestos, donde la paciencia y la capacidad de generar consensos parecen ser las únicas herramientas disponibles para un Gobierno que, por ahora, ha perdido ambas.
