A 54 años de la masacre de Trelew, militantes, familiares y referentes de derechos humanos se reunieron en Salta para honrar a las 16 víctimas del fusilamiento en la Base Almirante Zar. El acto, cargado de simbolismo, reivindicó la lucha revolucionaria y la vigencia de la memoria como herramienta de transformación social.
A pesar de los más de 2.200 kilómetros que separan geográficamente a Trelew de Salta, la memoria —esa fuerza intangible pero poderosa— logró este fin de semana tender un puente entre ambos puntos del mapa argentino. Fue en el Cementerio Municipal de la Santa Cruz, en la capital salteña, donde un grupo de personas se congregó frente a la tumba de Ana María Villarreal de Santucho, conocida entrañablemente como Sayo o Sayito, para rendir homenaje a los 16 jóvenes militantes políticos que fueron ejecutados el 22 de agosto de 1972 por la represión estatal.
El emotivo acto comenzó con las palabras de Elena Rivero, histórica militante de derechos humanos, quien expresó su anhelo de que las vidas de aquellos compañeros sirvan como faro para las nuevas generaciones, especialmente para una juventud que, a su juicio, atraviesa un tiempo de escepticismo y desencanto político. «Hoy vemos a los jóvenes descreídos de la política votando a un mamarracho como el que tenemos de presidente», afirmó con crudeza, al tiempo que reafirmó su convicción en que las luchas del pueblo perviven más allá de las derrotas circunstanciales.
El trágico episodio que convocó a los presentes tuvo lugar el 15 de agosto de 1972, cuando integrantes de las tres organizaciones armadas entonces activas —el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Montoneros y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP)— protagonizaron una audaz fuga del penal de Rawson. De los 25 presos políticos que participaron en la operación, solo seis lograron llegar al aeropuerto de Trelew, tomar un avión y escapar hacia Chile. Los 19 restantes, que formaban parte de la segunda tanda, llegaron tarde y, sin posibilidades de huir, se entregaron bajo la promesa de que sus vidas serían respetadas. Sin embargo, en la madrugada del 22 de agosto, fueron fusilados en la Base Almirante Zar. Tres de ellos sobrevivieron milagrosamente al ataque.
Aquellas 16 personas asesinadas —cuatro mujeres y doce hombres— fueron recordadas una por una en la ceremonia. Sus nombres resuenan aún con fuerza en la memoria colectiva: Ana María Villarreal, Clarisa Lea Place, María Angélica Sabelli, Susana Lesgart, y los varones Alejandro Ulla, Alfredo Kohan, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti y Rubén Pedro Bonnet. Todos ellos, jóvenes que, como subrayó Rivero, «estaban dispuestos a jugarse la vida por una idea revolucionaria».
El acto también fue escenario de un minucioso repaso histórico a cargo de Blanca «Nenina» Lezcano, otra referente de la militancia. Lezcano recordó que los detenidos en Rawson habían sido aprehendidos tras el Cordobazo, el Tucumanazo, el Rosariazo y el Salteñazo, expresiones de una conflictividad social que sacudió al país entre finales de los años 60 y principios de los 70. Destacó, además, que las organizaciones armadas surgieron entre 1966 y 1972 como respuesta a los reiterados golpes de Estado en América Latina, y que fue en las cárceles donde esas fuerzas hasta entonces separadas comenzaron a coordinar acciones y a gestar una incipiente unificación.
Uno de los momentos más conmovedores y singulares del homenaje fue la intervención de Hernán Ramírez, militante de las Juventudes Comunistas de Chile, quien ofreció una mirada trasandina sobre los hechos. Ramírez reveló que la fuga no fue improvisada: hubo una compleja red de colaboración internacional que incluyó correos humanos hacia Chile, y que seis días antes de la operación ya se encontraba en Santiago un avión procedente de Cuba. Además, afirmó que el presidente Salvador Allende estaba al tanto del plan, lo que generó un grave conflicto diplomático y político, ya que la derecha chilena arremetió contra su gobierno acusándolo de complacencia con «terroristas».
Ramírez rindió homenaje al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno, que logró persuadir a Allende para no entregar a los fugitivos, y llamó a construir lazos de hermandad entre las organizaciones populares de ambos lados de la Cordillera, especialmente en un contexto actual marcado por la inmoralidad y la crisis en los territorios latinoamericanos.
La figura de Ana María Villarreal de Santucho, mujer guerrillera y artista plástica, ocupó un lugar central en la ceremonia. Tenía 36 años al momento de su muerte y se encontraba a disposición del Poder Ejecutivo. Había sido detenida por primera vez en Córdoba en 1971, logró fugarse y fue recapturada cuando viajaba a Salta para ver a sus hijas. El militante Daniel «Zampa» Tejedor, oriundo de Metán, recordó que fue interceptada en esa localidad por hombres que seguían el colectivo en el que viajaba.
Los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado fueron velados en distintos puntos del país. El de Ana María fue llevado al local del Partido Justicialista en Buenos Aires, donde sus seguidores fueron reprimidos. Recién en 1973, su padre pudo trasladar sus restos a Salta para darle sepultura en el Cementerio de la Santa Cruz. El cortejo fúnebre partió desde la CGT, no por decisión de los compañeros del PJ, sino porque el local partidario se hallaba ocupado por una fracción revolucionaria, el Frente Revolucionario Peronista. La comitiva atravesó la plaza 9 de Julio, y se sumó al recorrido el jefe de Policía Rubén Fortuny, el primer civil en ocupar ese cargo, designado por el gobernador Miguel Ragone, quien poco antes del golpe de 1976 sería secuestrado y desaparecido.
Un dato no confirmado pero cargado de simbolismo fue compartido por Balmaceda, quien mencionó que la Banda de Música de la Policía de Salta, ubicada en la recova del Cabildo, habría interpretado La Internacional al paso del féretro de Villarreal. «Me parece que esa marcha hacia el Cementerio de la Santa Cruz podría ser una obra de Gabriel García Márquez», reflexionó, aludiendo al realismo mágico que parece envolver ciertos episodios de la historia argentina. No resulta extraño, si se recuerda que el gobierno de Ragone fue defendido en su momento por presos de la cárcel de Villa Las Rosas, quienes, tras garantizar la institucionalidad, regresaron voluntariamente a sus celdas.
El acto concluyó con un renovado llamado a no claudicar en la búsqueda de verdad y justicia. En 2012, la Justicia declaró la Masacre de Trelew como crimen de lesa humanidad y condenó a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino, responsables de los 16 homicidios y tres intentos de asesinato. Sin embargo, para los presentes, la condena jurídica no basta: es necesario que la memoria siga viva, que los nombres de los caídos sigan siendo pronunciados y que las nuevas generaciones encuentren en ellos un ejemplo de entrega y coherencia.
En tiempos de indiferencia y desencanto, la reunión en Salta demostró que el fuego de la resistencia no se ha apagado. La memoria, con toda su carga de amor y dolor, sigue siendo el motor que acerca distancias, que une a quienes lucharon con quienes aún sueñan con un mundo más justo. Y mientras haya quienes recuerden, la masacre de Trelew no será olvidada.
