El ministro Luis Caputo presentó un esquema que busca destrabar el financiamiento a largo plazo para la vivienda única, aunque el beneficio estaría orientado, en principio, a sectores de ingresos medios altos. El programa utiliza recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para otorgar plazos fijos licitados entre bancos, con tasas ajustadas por UVA.
En una conferencia realizada en el quinto piso del Palacio de Hacienda, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, dio a conocer una batería de medidas destinadas a inyectar dinamismo en el mercado de créditos hipotecarios, un segmento que en la Argentina arrastra rezagos estructurales debido a la inestabilidad macroeconómica y la escasez de fondeo de largo plazo. La iniciativa, que movilizará recursos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la Anses, prevé una asignación total de 2 billones de pesos, los cuales serán canalizados a través de licitaciones sucesivas de 200.000 millones cada una, con el objetivo de ampliar la capacidad de los bancos para ofrecer préstamos destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.
El mecanismo diseñado por el equipo económico consiste en que el FGS coloque depósitos a plazo fijo en pesos ajustados por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), más un diferencial adicional, entre las entidades financieras. De esta manera, las instituciones bancarias podrán acceder a fuentes de financiamiento por períodos extendidos, lo que permitiría reducir el tradicional descalce entre los depósitos de corto plazo y los plazos extensos que exigen los préstamos inmobiliarios. Durante el anuncio, Caputo estuvo flanqueado por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Felipe Núñez; y el director del BCRA, Martín Vauthier, en una clara señal de respaldo institucional a la iniciativa.
El esquema contempla dos modalidades de plazo y tasa mínima: una a un año con ajuste por UVA más un spread mínimo del 2,50 por ciento, y otra a cinco años con un diferencial del 4,50 por ciento. Cada banco podrá participar en las licitaciones hasta un tope del 20 por ciento del monto ofrecido en cada ronda, y dispondrá de un plazo de 90 días corridos, una vez constituido el depósito, para asignar los fondos a los préstamos hipotecarios. En ese sentido, se fijó que la tasa de interés final para los tomadores de crédito no podrá exceder el UVA más un 7,50 por ciento, mientras que los préstamos deberán tener un horizonte mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por operación.
Durante su exposición, el ministro de Economía subrayó que el desarrollo del crédito para vivienda en el país ha tropezado históricamente con obstáculos derivados de la volatilidad de las políticas económicas, y defendió la gestión actual al afirmar que, pese a haber recibido una herencia compleja, se logró evitar un colapso sin avanzar sobre la propiedad privada ni vulnerar contratos vigentes. Sin embargo, fuentes del sector señalaron que, en la práctica, las condiciones de tasas y montos máximos ubicarían a esta línea de financiamiento dentro de un espectro acotado a hogares de ingresos medios altos, lo que plantea interrogantes sobre el alcance social de la medida en un contexto de elevada informalidad laboral y salarios rezagados.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creado en 2007 y reforzado en 2008 tras la estatización del sistema previsional, constituye un patrimonio de afectación específica que no integra el presupuesto general del Estado, sino que se destina a resguardar el valor de los activos jubilatorios y garantizar el pago de prestaciones ante eventuales contingencias fiscales. Su cartera se halla diversificada entre títulos públicos nacionales, participaciones accionarias en empresas de relevancia, plazos fijos, obligaciones negociables y fideicomisos, y suele ser utilizado también como vehículo para financiar proyectos productivos o de infraestructura que impulsen la actividad económica y, con ello, los aportes al sistema de seguridad social.
La decisión de emplear una porción de esos recursos para apuntalar el mercado hipotecario implica un giro en la utilización tradicional del FGS, que hasta ahora había priorizado inversiones financieras o respaldos a programas de desarrollo. No obstante, el oficialismo confía en que esta inyección de liquidez a largo plazo generará un efecto multiplicador en el sector de la construcción, uno de los motores históricos del empleo registrado, al tiempo que facilitará el acceso a la vivienda propia en un país donde el déficit habitacional afecta a millones de familias.
Aunque el anuncio fue recibido con cautela por parte de analistas financieros, quienes advierten que el éxito de la medida dependerá de la estabilidad de la inflación y de la confianza de los bancos en el esquema de ajuste por UVA, desde el Ministerio de Economía remarcaron que se trata de un primer paso dentro de una estrategia más amplia para profundizar el mercado de capitales y reducir la dependencia del financiamiento estatal directo. En ese marco, se espera que las licitaciones comiencen en las próximas semanas, y que los primeros créditos efectivos se materialicen antes de que finalice el año, siempre que las entidades financieras logren canalizar los fondos dentro del plazo estipulado.
El desafío, en todo caso, será conciliar la necesidad de multiplicar las líneas hipotecarias con la sostenibilidad del FGS, cuyo rol como colchón previsional no puede ser puesto en riesgo. Por lo pronto, el Gobierno apuesta a que esta herramienta, sumada a la reducción de la inflación y a la estabilización cambiaria, genere un círculo virtuoso que reactive uno de los segmentos más postergados del sistema financiero argentino, y que permita a miles de familias concretar el sueño de la casa propia, aunque los primeros beneficiarios, admiten en privado los funcionarios, serían aquellos que ya cuentan con una capacidad de ahorro y acceso al sistema bancario formal.
