Mientras el dueño de Mercado Libre y el Presidente salen a despegar a la empresa de las críticas por las tasas usurarias, un exfuncionario macrista devenido consultor privado se convierte en el puente entre ambos. Detrás del posteo que elogian, se esconde una trama de beneficios fiscales, operaciones en Uruguay y un discurso que busca correr el foco del negocio del crédito en los sectores más vulnerables.
En las primeras horas del martes, un rumor comenzó a circular con velocidad entre los grupos de WhatsApp que frecuenta Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre. Lo que en principio parecía una especulación más de las malas lenguas, con el correr de las horas adquirió consistencia y se transformó en una suerte de narrativa oficial que contó con el respaldo explícito del propio empresario y del presidente Javier Milei. El disparador fue un hilo publicado en la red social X por Matías Fernández, un excolaborador de Mauricio Macri que hoy presta servicios para la compañía de comercio electrónico, y que supo ser uno de los artífices de la estrategia digital del macrismo en su fallido intento por remontar el traspié electoral de 2019.
El texto de Fernández, titulado con una irónica paráfrasis de Woody Allen —“Todo lo que querías saber de la mora (pero tenías miedo de preguntar)”—, buscaba instalar una tesis clara: Mercado Libre no es el responsable del endeudamiento crítico que atraviesan miles de familias argentinas que recurren al crédito para subsistir. Según el posteo, la morosidad en los préstamos otorgados por la fintech apenas alcanza el 3%, un porcentaje que, en comparación con el sistema bancario tradicional, resultaría casi ejemplar. Fernández argumentaba que los bancos manejan volúmenes de deuda mucho mayores, algo natural dado que prestan sumas más abultadas, mientras que los montos que entrega Mercado Pago son sensiblemente inferiores. Sin embargo, lo que el análisis omitía es que justamente esa es la esencia del negocio cuestionado: prestar pequeños montos a tasas elevadísimas a sectores de bajos ingresos, con alto riesgo de incumplimiento, y disfrazar la usura detrás de una supuesta eficiencia estadística.
Sobre ese andamiaje discursivo se montaron tanto Galperín como Milei. El empresario calificó el análisis como “serio, profundo y correcto”, mientras que el Presidente, en medio de una jornada atravesada por improperios y descalificaciones, sentenció que el posteo “dejaba en evidencia la opereta” y tildó de “imbéciles” y “mierdas humanas” a los periodistas que habían puesto el foco en las tasas usurarias. Así, ambos líderes se presentaron como meros espectadores de un debate que, en realidad, les resulta incómodo, desentendiéndose de cualquier responsabilidad sobre las condiciones abusivas que enfrentan los tomadores de crédito y la falta de control estatal.
Pero el entramado va mucho más allá de un simple intercambio en redes. Fernández, quien fue jefe de asesores de Francisco “Pancho” Cabrera en los ministerios de Producción y Comercio durante la gestión PRO, es hoy socio de la consultora Pública, que tiene entre sus clientes principales a Mercado Libre y a Globant, dos de los unicornios tecnológicos que supieron ser estrechamente vinculados al macrismo y que ahora mantienen su influencia en el gobierno libertario. Fuentes de la propia empresa confirmaron su vínculo laboral con Fernández, lo que desnuda la porosidad entre el poder político, los negocios privados y las campañas de opinión que buscan moldear el relato mediático. El exfuncionario, además, fue uno de los impulsores del grupo “Nuestra Voz”, una plataforma digital que reunía a empresarios afines al PRO para viralizar mensajes a favor de Macri, y fue allí donde consolidó su relación con Galperín, quien fungía como cabeza visible de aquella iniciativa.
Mientras tanto, la discusión sobre las tasas de interés se solapa con otra realidad igualmente elocuente: los millonarios beneficios fiscales que sigue percibiendo Mercado Libre en la Argentina. Durante el primer semestre de 2025, la compañía obtuvo unos 51 millones de dólares en exenciones impositivas al amparo de leyes vinculadas a la economía del conocimiento y el fomento tecnológico, cifra que se suma a los 42 millones de dólares que ya había recibido en el mismo período del año anterior. Estos datos, lejos de ser reservados, constan en los reportes que la firma presenta ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), en cumplimiento de su condición de empresa cotizada en Wall Street.
Pero el entramado de privilegios no termina en las fronteras argentinas. Desde 2002, Galperín tiene su residencia impositiva en Uruguay, país al que se mudó definitivamente en 2019, tras la derrota de Macri, y donde posee dos propiedades de alto valor en Carrasco y Punta del Este. Allí, Mercado Libre opera desde la zona franca Aguada Park, un enclave fiscal privilegiado ubicado frente al puerto de Montevideo, que comparte con otras empresas como Globant y Despegar.com. Las condiciones que ofrece ese régimen son tan generosas como excepcionales: las firmas instaladas pueden adquirir insumos y equipamiento sin ningún tipo de recargo aduanero o impositivo, gozan de libre circulación de capitales y repatriación de utilidades sin trabas, y tienen la potestad de contratar hasta un 25% de personal extranjero —porcentaje que puede elevarse al 50% con autorización del organismo regulador—, con la opción adicional de que esos trabajadores renuncien al sistema de seguridad social uruguayo.
A ello se suma una cláusula contractual que blinda a las empresas ante eventuales cambios en la normativa: si el Estado uruguayo modificara los beneficios tributarios, estaría obligado a resarcir económicamente a las compañías por los daños y perjuicios que esa modificación les cause. Incluso en el hipotético caso de que el explotador de la zona franca perdiera su licencia, el gobierno debería garantizar la continuidad operativa de las firmas allí radicadas durante toda la vigencia de sus contratos. Este escenario de casi nula tributación y máximas garantías legales explica, en buena medida, por qué el empresario decidió trasladar sus operaciones técnicas al otro lado del Río de la Plata y eludir el peso fiscal argentino.
Así, la estrategia comunicacional desplegada por Galperín y Milei, con Fernández como bisagra, no solo busca desviar la atención de la usura financiera, sino también ocultar un modelo de negocios que se nutre de subsidios públicos en la Argentina y de paraísos fiscales en Uruguay, mientras los sectores populares quedan atrapados en una espiral de endeudamiento que el propio Estado, lejos de regular, parece convalidar con su silencio cómplice. El cóctel, como pocas veces se ha visto, combina poder político, influencia mediática y beneficios económicos de magnitud, todo envuelto en un discurso que se presenta como técnico y desapasionado, pero que en realidad oculta intereses millonarios y una alarmante ausencia de controles.
