El juez Ariel Lijo aceptó el pedido de la defensa del exjefe de Gabinete y le otorgó 15 días hábiles adicionales para presentar la documentación requerida. La decisión se conoce mientras en Bolivia avanza con celeridad una investigación de alto perfil, lo que reaviva el debate sobre los plazos de la justicia argentina.
En un nuevo capítulo que alimenta la percepción sobre la morosidad de los procesos judiciales en el país, el magistrado Ariel Lijo resolvió conceder una prórroga de quince días hábiles al exfuncionario Manuel Adorni para que pueda cumplimentar la presentación de la declaración jurada y los respaldos documentales que acrediten la evolución de su patrimonio. El dictamen, que lleva la firma del juez federal, hace lugar al planteo elevado por la representación legal del otrora jefe de Gabinete, quien solicitó un margen temporal más amplio bajo el argumento de que necesitaba acceder a una serie de papeles y registros que fueron incorporados tardíamente al expediente.
De esta manera, el cronograma previsto originalmente se dilata una vez más, sumando un nuevo compás de espera en una pesquisa que ya acumula varios meses de trámite. El requerimiento inicial había sido formulado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien instó al exfuncionario a detallar el origen y la magnitud de sus bienes, en el marco de las atribuciones que le confiere la ley para controlar la evolución patrimonial de quienes ocuparon altos cargos en la administración pública. Sin embargo, la estrategia defensiva de Adorni logró postergar la presentación, apelando a la necesidad de recabar información que, según su defensa, resulta indispensable para elaborar una respuesta exhaustiva y ajustada a derecho.
El nuevo fallo judicial no hace más que reflejar una dinámica procesal que suele ser blanco de señalamientos por parte de diversos sectores de la sociedad y del propio arco político. Mientras en el vecino país de Bolivia la justicia demostró una inusitada celeridad al desplegar medidas cautelares y detenciones en el marco de la investigación por el presunto intento de femicidio del periodista Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei, contra su expareja Nadia Beller, en la Argentina el expediente vinculado a las cuentas de Adorni transcurre con pasos lentos y pausados. Aquel caso boliviano, que conmocionó a la opinión pública por la gravedad de los hechos y la rapidez de las actuaciones judiciales, contrasta fuertemente con la parsimonia que caracteriza al legajo local, donde los plazos se estiran y las resoluciones se demoran.
Fuentes cercanas al expediente señalaron que la concesión del nuevo plazo responde a un criterio de garantismo procesal, pues el juez Lijo entendió que la defensa debía contar con el tiempo suficiente para analizar la documentación que se incorporó en etapas posteriores. No obstante, desde el entorno del fiscal Pollicita se deslizó cierta preocupación por el posible efecto que esta demora podría tener en la percepción ciudadana sobre la ecuanimidad y eficacia del sistema judicial, especialmente en causas que involucran a personalidades con exposición política.
El propio Adorni, quien se desempeñó como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete durante parte de la gestión de Milei, no ha realizado declaraciones públicas sobre este nuevo revés en los tiempos procesales. Su defensa, en cambio, insiste en que la solicitud de ampliación del plazo no busca entorpecer la investigación, sino garantizar que la respuesta sea completa y se sustente en elementos fehacientes que eviten futuros cuestionamientos.
Mientras tanto, el expediente permanece en el despacho de Lijo, a la espera de que se complete la presentación que, una vez efectuada, deberá ser analizada por el fiscal y, eventualmente, derivar en una resolución de fondo sobre la legitimidad o no de los incrementos patrimoniales del exfuncionario. La prórroga, que ahora corre a partir de la notificación formal, vuelve a postergar cualquier definición en un caso que, sin ser de los más complejos del fuero, se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre la necesidad de transparencia y los ritmos de una Justicia que, para muchos, avanza a paso de hombre cansado.
En paralelo, el Gobierno nacional ha fijado su atención en la agenda legislativa, buscando imprimir velocidad a los proyectos que considera prioritarios para el Congreso, en un intento por marcar el pulso político y demostrar capacidad de gestión. Sin embargo, el contraste con la lentitud judicial en temas sensibles como el control patrimonial no pasa desapercibido para los analistas, que advierten que estas dilaciones pueden alimentar narrativas de impunidad o privilegio en la esfera pública.
Por lo pronto, la decisión de Lijo concede un respiro táctico a Adorni, quien deberá ahora concentrar sus esfuerzos en reunir la documentación faltante antes del vencimiento del nuevo término. Lo cierto es que, con este movimiento, el reloj judicial vuelve a cero, mientras las miradas se posan en el futuro inmediato de una causa que, más allá de sus particularidades técnicas, se ha transformado en un termómetro de la confianza en las instituciones encargadas de velar por la ética de los funcionarios públicos. La extensión del plazo, justificada en razones de derecho, no logra disipar la sensación de que, en materia de justicia, el tiempo parece transcurrir con un compás diferente al que marca el vértigo de la actualidad política y social.
