Tras ser desalojados de sus tierras ancestrales en Neuquén, referentes de la comunidad Kinxikew y del Lof Paicil Antriao viajaron a la Capital Federal para exigir diálogo al gobernador Rolando Figueroa. En una conferencia improvisada frente a la Facultad de Derecho de la UBA, visibilizaron la creciente vulnerabilidad de los pueblos originarios ante la avanzada de desalojos, la derogación de leyes protectoras y la falta de consulta previa que exige el derecho internacional.
En una jornada que mezcló el fragor de la protesta con la formalidad de los pasillos del poder, la comunidad mapuche logró instalar su voz en el corazón institucional de Buenos Aires. Ayer, en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el lonko Amancay Quintriqueo, autoridad del Lof Kinxikew, y el vocero del Lof Paicil Antriao, Lorenzo Loncón, ofrecieron una conferencia de prensa sin previo aviso, pero cargada de urgencia histórica. A pocas cuadras de allí, en el Centro Municipal de Convenciones, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participaba de un encuentro con potenciales inversores para promocionar la “sustentabilidad social” de su provincia. La coincidencia espacial no fue casual: los referentes indígenas buscaron confrontar el relato oficial con la crudeza de un desalojo que aún sangra en la Patagonia.
El operativo de expulsión, ejecutado el pasado miércoles 19 de agosto en la localidad de Paso Coihue, departamento Los Lagos, en Villa La Angostura, se llevó a cabo sin presentar documentación respaldatoria y sin consideración alguna por los derechos de los adultos mayores, según denunciaron los voceros. La comunidad Kinxikew, que ocupa esas tierras desde tiempos inmemoriales —con registros que datan de 1834—, fue desalojada por un despliegue conjunto que incluyó a la policía provincial, Gendarmería Nacional, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Neuquén y personal de bomberos. El saldo fue devastador: familias arrojadas a la intemperie, animales decomisados y viviendas destruidas, en un escenario que los afectados calificaron como de “humillación colectiva”.
“El gobernador nunca quiso dialogar con las comunidades. Está replicando la misma política de ajuste y despojo que Javier Milei a nivel nacional. No entendemos por qué acuerdos políticos espurios puso a la policía a desalojar nuestro territorio”, enfatizó Loncón, con la voz quebrada pero firme. El vocero mapuche consideró que la incursión en la Capital Federal fue exitosa, pese a la negativa del mandatario provincial a recibirlos. “Las personas que estaban en el evento le pidieron al gobernador que escuchara al lonko, y él comenzó a retirarse. Le arruinamos el acto”, sostuvo con un dejo de ironía. Durante su estadía, lograron entrevistarse con la senadora Julieta Carroza y con el jefe de ministros de Figueroa, aunque sin obtener respuestas concretas.
Por su parte, la lonko Amancay Quintriqueo explicó que el viaje a Buenos Aires tuvo como objetivo “que alguien se haga cargo” de una situación que, de otro modo, quedaría sepultada en el olvido patagónico. “Los terratenientes pusieron sus vehículos a nuestra disposición para llegar hasta acá, porque si no, todo queda en la Patagonia. Fuimos humillados como comunidad”, denunció. Además, alertó sobre la inminente ejecución de un nuevo desalojo contra el Lof Melo, en la zona conocida como Kiñel Mapu Lafkence, y pidió a las autoridades que frenen esa medida antes de que se consumen más injusticias.
El conflicto territorial que atraviesa a estas comunidades no es nuevo. Se remonta a décadas atrás, cuando una familia de colonos extranjeros comenzó a alambrar y cercar progresivamente el territorio, reduciendo el acceso de los pueblos originarios a sus áreas de invernada. Sin embargo, en el contexto actual, esa disputa ancestral se ha agravado por un marco normativo que desprotege a los indígenas. El Decreto de Necesidad y Urgencia 1083/24 derogó la prórroga de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos de comunidades originarias, mientras que en el Senado avanza una nueva Ley de Tierras que habilitaría los denominados “desalojos sumarísimos” o exprés, sin garantías procesales ni instancias de participación comunitaria.
Los referentes mapuches hicieron hincapié en la falta de cumplimiento de instrumentos internacionales de jerarquía constitucional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige una consulta previa, libre e informada antes de cualquier medida que afecte a los pueblos indígenas. “Denunciamos a la Corte Suprema, a la justicia federal y a la justicia provincial porque no aplican el Convenio 169 ni la Constitución Nacional. Tampoco ponen en vigencia ninguna ley sobre propiedad comunitaria de las tierras indígenas. Por eso sostenemos que la democracia tiene una deuda eterna con nosotros”, subrayó Loncón, en un pasaje que resonó con fuerza entre los presentes. Y agregó, con un giro poético y político: “Los más de cuarenta pueblos originarios somos argentinos, como las Malvinas y como los desaparecidos”.
En las últimas semanas, la tendencia represiva se ha replicado en otras provincias. En Jujuy, la comunidad de Santa Rosa, en Humahuaca, sufrió un desalojo similar; y en Misiones, la comunidad Mbya Guaraní de Puente Quemado II también fue desalojada de sus tierras. Este escenario de vulnerabilidad creciente contrasta con el discurso oficial de “seguridad jurídica” que se promueve para atraer inversiones, un relato que, según los manifestantes, oculta la violencia estructural y el despojo territorial que padecen los pueblos originarios.
La visita de la lonko a Buenos Aires no fue un gesto aislado, sino una estrategia para romper el cerco informativo que, según denuncian, padecen en los medios locales de la Patagonia. Al instalar su reclamo en la capital del país, buscaron visibilizar una problemática que el poder suele confinar al silencio geográfico. Y aunque el gobernador Figueroa evitó el encuentro, su imagen quedó asociada a la de un funcionario que esquiva el diálogo, mientras los escombros de las viviendas derribadas y la incertidumbre de las familias desplazadas se convierten en el rostro más crudo de una democracia que, para muchos, aún arrastra una deuda pendiente con sus primeros habitantes.
