La víctima del atentado en Bolivia confirmó que solicitará ampliar su testimonio ante los fiscales, aunque condiciona su declaración al avance de la causa por femicidio en grado de tentativa. Mientras la investigación apunta a un sicario colombiano prófugo y dos detenidos con prisión preventiva, la mujer asegura poseer mensajes clave que vincularían al consultor político con una red de corrupción trasandina.
En un giro inesperado que sacude los cimientos de la investigación transnacional, la voz de Nadia Beller emergió con fragilidad pero con una determinación inquebrantable desde su lecho de recuperación. La mujer, sobreviviente de un ataque directo que por poco le cuesta la vida, ha decidido dar un paso al frente y ofrece su testimonio como llave maestra para abrir las puertas de un entramado que trasciende las fronteras argentinas y bolivianas. «Sí, es cierto que pedí volver a declarar», susurró con esfuerzo, confirmando así los rumores que circulaban en los pasillos judiciales, aunque con una salvedad que marca su estrategia: priorizar la pesquisa por el intento de homicidio para, una vez consolidada esa pieza del rompecabezas, volcar toda su artillería informativa sobre la figura de Fernando Cerimedo y las sombras de corrupción que lo escoltan.
La jornada del lunes fue testigo de un movimiento decisivo en la causa, cuando dos de los implicados en el atroz episodio vieron transformada su situación procesal con la confirmación de prisiones preventivas. Roger Aguilera Céspedes, señalado por las autoridades como el proveedor del arma utilizada en el ataque, y Paola Vargas Arizpe, a quien se le atribuye un rol activo en la planificación del hecho, quedaron bajo estricto régimen carcelario mientras la justicia boliviana continúa deshilachando la madeja del crimen. Sin embargo, el foco principal de atención recae sobre Aldúbar Henry Silva Peña, un ciudadano colombiano apodado El Juancho, quien según la versión oficial de la policía boliviana habría sido el brazo ejecutor del disparo que atentó contra la vida de Beller. Este sujeto, que mantenía un vínculo sentimental con una de las detenidas, permanece en paradero desconocido, convirtiéndose en la pieza más escurridiza de esta escalofriante partida de ajedrez delictivo.
Los fiscales, en un escrito que ya forma parte del expediente, han trazado con meticulosidad el itinerario que conduce desde la contratación del sicario hasta la materialización del disparo, aunque las autoridades admiten que el camino está plagado de incertidumbres. Dos factores esenciales obligan a manejar con extremo cuidado cualquier conclusión prematura: por un lado, la complejidad intrínseca de una pesquisa que implica movimientos trasandinos y la posibilidad cierta de que los responsables materiales hayan abandonado el territorio boliviano; por el otro, la evidente intención del gobierno de Rodrigo Paz de encorsetar el caso en una narrativa reduccionista, calificándolo desde las altas esferas como un mero «conflicto de pareja», en un intento por despojar al evento de sus connotaciones políticas y de su potencial explosivo en la opinión pública.
Mientras Beller se debate entre la fragilidad de su cuerpo y la fortaleza de su convicción, sus declaraciones han encendido todas las alarmas en los despachos judiciales. La mujer no solo ha ratificado su disposición a colaborar con los tribunales argentinos y bolivianos, sino que ha deslizado la existencia de una prueba documental que podría resultar demoledora: mensajes intercambiados con Cerimedo que, según fuentes cercanas al caso, revelarían la participación del consultor en actividades ilícitas que van más allá de la órbita personal. Este material, que Beller custodia como un tesoro, se convertiría en el eje de una nueva etapa procesal una vez que la causa por femicidio en grado de tentativa alcance un punto de madurez que permita separar el grano de la paja en la compleja madeja de intereses que rodea al atentado.
La decisión de la víctima de posponer su declaración integral sobre Cerimedo no es casual, sino que responde a una estrategia calculada para evitar que la investigación principal se desvirtúe o se contamine con elementos que, aunque gravitantes, podrían desviar la atención de los hechos concretos que casi le cuestan la existencia. Sin embargo, su promesa late con fuerza en el ambiente jurídico: apenas los fiscales hayan asegurado las pruebas contra los sicarios y sus cómplices, Beller tiene previsto comparecer ante la justicia para desgranar cada uno de los mensajes que obran en su poder, en un testimonio que promete sacudir los cimientos del poder político y económico de la región.
