Un informe del Instituto Argentina Grande revela que el 45% de la población ocupada carece de protección laboral. La destrucción de puestos formales en el Estado y el sector privado no es compensada con empleo de calidad, sino con trabajos sin aportes, sin obra social y sin estabilidad. Jóvenes, mujeres y jubilados son los más afectados por esta silenciosa metamorfosis del mercado de trabajo.
En apenas dos años y medio de gestión libertaria, el mercado laboral argentino ha experimentado una transformación silenciosa pero profunda, que los datos oficiales comienzan a poner en evidencia. Lejos de la recuperación que el propio presidente Javier Milei ha insistido en pregonar desde tribunas internacionales, la realidad que reflejan las estadísticas oficiales muestra un escenario preocupante: más de 350 mil personas pasaron a engrosar las filas de la precariedad, sobreviviendo con trabajos eventuales, changas o actividades informales, mientras se esfumaban empleos con derechos en la administración pública y en el tejido productivo privado.
Así lo consigna un minucioso análisis del Instituto Argentina Grande (IAG), una entidad que nuclea a los equipos técnicos del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y que se nutrió exclusivamente de los registros de la Encuesta Permanente de Hogares. Las conclusiones de ese estudio desmontan uno de los relatos más repetidos por el mandatario, quien semanas atrás, durante su participación en el Council of the Americas, volvió a afirmar que no existe destrucción de empleo y que el análisis debe abarcar tanto a las empresas que echan el cierre como a las que nacen. El jefe de Estado también suele apoyarse en la estabilidad de la tasa de desocupación para sostener su tesis.
Sin embargo, el diagnóstico del IAG es terminante: los puestos formales eliminados durante esta administración no están siendo reemplazados por oportunidades de similar calidad, sino por modalidades de inserción laboral que ofrecen menores ingresos y una cobertura social casi nula. Se trata, en definitiva, de ocupaciones precarias, al margen del sistema jubilatorio, sin acceso a obra social, sin continuidad en el tiempo y huérfanas de cualquier resguardo ante despidos arbitrarios. De esta manera, el 45 por ciento de los trabajadores ocupados transita hoy su jornada laboral sin la red de protección que otorga el empleo registrado.
El fenómeno golpea con particular virulencia a los jóvenes, un segmento que otrora fuera clave en la base electoral que impulsó a Milei a la Casa Rosada. Según el informe, el porcentaje de jóvenes que desempeñan tareas sin derechos laborales pasó del 53 por ciento en 2024 al 62 por ciento en 2026. Este salto no es un dato menor, ya que precisamente ese grupo etario, de entre 16 y 24 años, es hoy el que manifiesta el mayor nivel de desencanto con la gestión oficial, según las últimas mediciones de opinión pública, que lo ubican como el más crítico del gobierno.
La perspectiva de género añade otra arista igualmente reveladora. Las mujeres han resultado mucho más perjudicadas que los varones por los vaivenes del mercado laboral en este período. En los últimos dos años, la cantidad de trabajadoras del sector privado que se desempeñan en condiciones de desprotección creció un 14 por ciento, mientras que entre los hombres ese incremento fue sensiblemente inferior, del 9 por ciento. Los especialistas del IAG sugieren que esta brecha podría estar vinculada, al menos en parte, con la oleada de despidos en la administración pública nacional: de los 212 mil puestos de trabajo estatales eliminados desde la asunción del presidente, 132 mil eran ocupados por mujeres y apenas 79 mil por hombres.
Otro rasgo que dibuja con nitidez la nueva fisonomía del mundo del trabajo es el creciente número de adultos mayores que permanecen activos o regresan al mercado laboral. La magra recomposición de sus haberes jubilatorios los empuja a buscar ingresos complementarios, y muchos de quienes alcanzan la edad de retiro sencillamente deciden no acogerse a él. Según el estudio del IAG, esa franja poblacional aumentó un 14 por ciento en el transcurso de los últimos dos años. Y, como era previsible, quienes retornan a la actividad lo hacen en el único universo posible: el de las ocupaciones precarias, sin estabilidad ni cobertura, donde la necesidad impera por encima de cualquier garantía.
En conjunto, el cuadro que dibuja el informe desmiente con crudeza las afirmaciones oficiales y pone en evidencia que, más allá de los discursos optimistas, el mercado de trabajo argentino atraviesa un proceso de precarización acelerada que afecta de manera desigual a distintos grupos poblacionales. La destrucción de empleo formal no se compensa con creación de puestos de calidad, sino con una expansión de la informalidad que deja a millones de trabajadores a la intemperie, sin los derechos que durante décadas construyeron el piso mínimo de la ciudadanía social. El dato final del informe resuena como una alerta: hoy, casi la mitad de los ocupados en el país carece de la protección que otorga un trabajo registrado, una cifra que interpela no solo al gobierno, sino a toda la sociedad argentina.
