El exasesor de Javier Milei, actualmente detenido en Bolivia bajo graves acusaciones, suma un nuevo revés judicial en Argentina: un juzgado ordenó el pago de más de 138 millones de pesos por un pagaré impago, y dispuso la inhibición total de sus bienes.
El cerco judicial que envuelve a Fernando Cerimedo no se detiene en las fronteras bolivianas ni en los oscuros episodios de violencia, corrupción y narcotráfico que ya pesan sobre su espalda. El consultor político, otrora asesor de Javier Milei y conocido por su rol al frente del portal ultraderechista La Derecha Diario, acaba de ser alcanzado por un nuevo y contundente fallo en Argentina, que añade una capa más a su ya comprometida situación legal. Un tribunal comercial del país decidió intimarlo a desembolsar una suma que supera los 139 millones de pesos, en el marco de una demanda ejecutiva entablada por el Banco Galicia, a raíz de un pagaré que el propio Cerimedo suscribió en febrero de 2025 en representación de su empresa Numen Publicidad y Sondeos, y que nunca llegó a cancelar.
Este revés patrimonial se produce mientras el estratega de la derecha latinoamericana purga una prisión preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, imputado como autor intelectual del atentado contra su expareja, la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió a tres disparos ejecutados por sicarios el pasado 17 de agosto. Pero su derrotero judicial en el país vecino no termina allí: también se lo investiga por enriquecimiento ilícito, a raíz de las revelaciones de Beller, quien lo señaló por su participación en sobreprecios en la distribución de combustible, la conformación de un cuerpo policial de élite bajo su órbita, y sobornos a legisladores para favorecer ciertas normas. A ello se suma una tercera pesquisa por presunto tráfico de estupefacientes y encubrimiento de actividades narco.
En la Argentina, sin embargo, el expediente financiero acaba de tomar un rumbo decisivo. El Juzgado Comercial N°14, a cargo del magistrado Pablo Frick, hizo lugar al reclamo del Banco Galicia y ordenó el libramiento de un mandamiento de pago contra Cerimedo y su sociedad Numen Publicidad y Sondeos. El origen del conflicto se remonta a un pagaré por 70 millones de pesos, emitido el 10 de febrero de 2025, en el que el exasesor figure como avalista solidario por la totalidad de las obligaciones contraídas por la firma. Según la liquidación presentada por la entidad bancaria, al 16 de abril de 2026 el capital reclamado, sumado a los intereses compensatorios y punitorios, ya ascendía a 138.977.808,22 pesos.
El fallo judicial no solo exige el abono de los 70 millones originales, sino que también fija una provisión de otros 70 millones en concepto de intereses y costas procesales, lo que eleva el monto total del reclamo a cifras cercanas al doble del capital inicial. Como medida cautelar, el juez dispuso la inhibición general de bienes tanto del consultor como de su empresa, con el objetivo de asegurar el cobro de la deuda ante la eventual falta de activos suficientes para cubrirla. El tribunal también autorizó el requerimiento de información a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre los datos registrales de Numen, y ofició al Registro Único Laboral y a la ANSES para conocer, en caso de existir, antecedentes laborales del demandado que permitan ubicar fuentes de ingresos embargables.
La causa, que tramita bajo la modalidad de juicio ejecutivo —un procedimiento ágil destinado a hacer efectivos créditos documentados en títulos de deuda de cobranza directa—, concedió a Cerimedo y a su sociedad un plazo perentorio de cinco días para comparecer, oponer excepciones y constituir domicilio legal, bajo apercibimiento de lo que establece el Código Procesal. El Banco Galicia, en su presentación inicial, detalló que el pagaré fue presentado al cobro el 10 de marzo de 2025 y que, desde entonces, devengaban intereses punitorios. El instrumento financiero estipulaba un interés compensatorio anual del 57% y un recargo moratorio del 28,5% anual, lo que explica la rápida acumulación del monto reclamado.
Paralelamente, en la esfera penal argentina, la sombra de Cerimedo se extiende sobre la causa por sobreprecios y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde el operador político había declarado en calidad de testigo. Sin embargo, esa condición podría mutar radicalmente si la Justicia decide citar a Nadia Beller, tal como lo ha solicitado la diputada Marcela Pagano. La abogada, que ya manifestó su disposición a comparecer ante los tribunales argentinos, ha asegurado que Cerimedo y su pareja argentina, Natalia Basil, fueron los responsables de filtrar los audios en los que Diego Spagnuolo mencionaba el famoso “3%” de las coimas destinadas a Karina Milei. Pero sus declaraciones van aún más lejos: Beller afirmó que el extaxista le mostró un cajón repleto de dinero que, según sus palabras, debía ser entregado a la hermana del Presidente, lo que ubicaría a Cerimedo como parte activa de la trama corrupta denunciada. El fiscal Franco Piccardi y el juez Ariel Lijo evalúan en estos días la pertinencia de citarla, lo que podría convertir al exasesor en imputado en territorio argentino.
De este modo, el derrumbe judicial de Fernando Cerimedo se acelera en múltiples frentes: mientras en Bolivia enfrenta cargos que van desde la tentativa de femicidio hasta el narcotráfico, en Argentina su patrimonio queda bajo llave judicial y su futuro procesal se oscurece con cada nuevo testimonio. La orden de inhibición de bienes y el reclamo millonario del Banco Galicia no son más que la punta del iceberg de un entramado de responsabilidades que, lejos de diluirse, se robustecen con cada expediente abierto. El exasesor de Milei, que supo moverse con soltura en los pasillos del poder, hoy ve cómo la justicia le exige cuentas por partida doble, y el cerco, lejos de aflojar, se vuelve cada vez más asfixiante.
