A dos meses del arribo del Papa, el Ejecutivo libertario intenta controlar la agenda y el relato, mientras la Iglesia impulsa un contacto masivo con los fieles. Tensiones, recursos escasos y un mensaje con fuerte proyección social marcan el escenario previo.
A poco más de sesenta días del desembarco de León XIV en suelo argentino, el ambiente político y eclesiástico se encuentra atravesado por una tensión que crece en intensidad. Lo que en principio fue anunciado como una visita pastoral de apenas tres jornadas —el pontífice llegará el 8 de noviembre— se ha transformado en un termómetro de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y en un espejo de las fragilidades internas del gobierno libertario. La expectativa popular, alimentada por el fervor y la necesidad de gestos simbólicos, choca de frente con la estrategia oficial de acotar los eventos a espacios cerrados, donde el control del discurso y la imagen resulte más manejable.
Desde la Curia romana y el episcopado local se empeñan en subrayar el carácter espiritual del periplo, una suerte de mensaje tranquilizador para desactivar cualquier lectura política. Sin embargo, el propio arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal, dejó entrever después de su encuentro con el Santo Padre en el Vaticano que este viaje tendrá “proyección para la vida social”. Esa frase, tan breve como elocuente, ha encendido todas las alarmas en la Casa Rosada, donde el temor a que las multitudes —se calcula que unos cinco millones de argentinos podrían volcarse a las calles— refuercen un discurso crítico hacia el ajuste y el desmantelamiento de políticas sociales se ha convertido en una pesadilla recurrente.
El conflicto no es nuevo, pero la visita papal ha actuado como catalizador de desavenencias largamente acumuladas. Javier Milei rompió la tradición presidencial al no recibir en audiencia a las autoridades del episcopado durante su mandato, un gesto que los obispos no han olvidado. A eso se sumaron las declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien en su momento pretendió atribuirse el mérito de la gestión que hizo posible el viaje, provocando el malestar del Vaticano y de la jerarquía local. Un obispo, con ironía apenas velada, le recordó al ministro que la Conferencia Episcopal jamás había sido convocada por el Presidente, a lo que Quirno respondió con una frase que resume el espíritu de la administración libertaria: “Es que ustedes nos critican mucho”.
Ante la falta de avances en la coordinación, el episcopado elevó un pedido casi perentorio para que el gobierno activara los engranajes necesarios. Fue entonces cuando Karina Milei, hermana del mandatario y figura de creciente influencia, decidió tomar las riendas. Relegó al canciller y convocó en persona a los representantes eclesiásticos en la sede gubernamental, en un movimiento que sorprendió por su pragmatismo. Pero lo más insólito ocurrió en una segunda reunión, esta vez en el Ministerio de Seguridad, donde por primera vez coincidieron en una misma mesa funcionarios nacionales y representantes de la provincia de Buenos Aires, junto con delegados de Córdoba y la Ciudad Autónoma. Ese hecho, considerado hasta hace poco inimaginable, fue posible gracias a la presión del Papa, según fuentes cercanas a la negociación.
Las discrepancias se extienden también al terreno económico. La Iglesia local, carente de fondos, ha debido organizar colectas dominicales para afrontar los gastos de montaje de escenarios, sonido y logística de los actos masivos, mientras el gobierno se limita a cubrir la seguridad y los traslados aéreos y terrestres del pontífice. Se asegura que un avión de Aerolíneas Argentinas viajará a Montevideo para recoger a León XIV y su comitiva —alrededor de ochenta y cinco personas—, y luego lo transportará a Córdoba y finalmente a Lima, última parada de su gira sudamericana. La consigna oficial, repetida como un mantra, es que “no hay más plata”, lo que ha generado resquemores entre los obispos, que ven con preocupación cómo los costos superan con creces lo recaudado.
El itinerario se ha convertido en el campo de batalla principal. La intención original del Ejecutivo era que todas las actividades se desarrollaran en recintos acotados, pero la resistencia de los obispos, respaldada por el Vaticano, ha inclinado la balanza hacia eventos abiertos y multitudinarios. Se prevén al menos tres convocatorias masivas: una en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo; otra en la basílica de Luján; y una tercera en la FADEA, en Córdoba. No se descarta un cuarto acto dedicado a los jóvenes sobre la icónica avenida 9 de Julio. La decisión final, sin embargo, recaerá en la Santa Sede, que comunicará su veredicto hacia mediados de septiembre, una vez que la delegación vaticana que llegará el domingo 30 haya relevado cada escenario.
Entre las actividades ya casi confirmadas, la visita al Cotolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, se perfila como uno de los gestos más potentes. Allí residen cerca de cuatrocientas personas con discapacidad, un colectivo que ha sido particularmente golpeado por las políticas de ajuste del gobierno libertario. El solo hecho de que el Papa se acerque a ese lugar puede interpretarse como una crítica velada al desmantelamiento de programas de asistencia y a los escándalos de corrupción en el organismo ANDIS, donde el nombre de Karina Milei ha aparecido vinculado a maniobras oscuras. Además, la oposición impulsa en el Congreso la extensión de la emergencia en discapacidad por un año más, en abierta contraposición al Ejecutivo.
Otro punto álgido es la posible visita a la cárcel de Devoto, siguiendo la tradición de Francisco de acercarse a los privados de libertad. También se baraja un homenaje al Papa argentino en la catedral porteña, con la participación de todos los obispos del país, aunque persisten dudas sobre los invitados a esa ceremonia. El gobierno preferiría que el acto se limitara al interior del templo, pero resulta casi inevitable que la Plaza de Mayo se colme de fieles ávidos de divisar al sucesor de Pedro.
En el plano político, la agenda suscita interrogantes sobre el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un tenso distanciamiento con los hermanos Milei. Aunque el gobierno ha intentado excluirla de los actos oficiales, en esta ocasión el Vaticano será quien curse las invitaciones, lo que podría devolverle un espacio de visibilidad que la Casa Rosada le ha negado sistemáticamente.
En definitiva, la visita de León XIV no solo pone a prueba la capacidad organizativa del Estado argentino, sino que expone las fisuras de un gobierno que ve en cada gesto pontificio una amenaza a su relato. La Iglesia, por su parte, busca recuperar su rol de interlocutora social, mientras los fieles aguardan un mensaje que trascienda lo meramente religioso y se instale en el corazón de una sociedad golpeada por la crisis. Noviembre se acerca y con él, la incertidumbre sobre si el Papa logrará, si no un milagro, al menos una pausa en el enfrentamiento que parece ensombrecer cada rincón de la vida argentina.
