Mientras la avícola más grande del país se desmorona por deudas millonarias, exdueños, trabajadores despedidos y movimientos sociales se unen ante la Justicia para evitar el vaciamiento de la planta de El Jaguel. La vigilia obrera, los salarios adeudados y la sombra de una quiebra anunciada dibujan un escenario de urgencia y resistencia en el conurbano bonaerense.
La crisis terminal de Granja Tres Arroyos, que ya sacudía los cimientos del sector avícola nacional, ahora impacta de lleno sobre el cordón industrial del sur del Gran Buenos Aires. En la planta de El Jaguel, antiguo establecimiento de la ex Cresta Roja ubicado en el partido de Esteban Echeverría, cuatrocientos cincuenta empleados recibieron en los últimos días telegramas de despido, un golpe que precipitó una movilización sin precedentes y encendió todas las alarmas sindicales y judiciales.
Ante ese panorama desolador, el otrora propietario de la firma Cresta Roja, Milenko Rasic, quien condujo la compañía hasta su quiebra en 2015, reapareció en escena. Acompañado por Eduardo Murúa, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y junto a un nutrido grupo de operarios cesanteados, el empresario se presentó este jueves en los tribunales comerciales con un pedido concreto: que la magistratura garantice la custodia de la maquinaria que aún permanece dentro de la planta, a fin de impedir cualquier intento de desguace o remoción de bienes que pueda frustrar un futuro proyecto de reactivación productiva bajo gestión obrera.
La audiencia reunió a dos jueces con injerencia directa en el entramado judicial de la empresa: Valeria Pérez Casado, que entiende en la fallida de Cresta Roja, y Germán Páez Castañeda, quien lleva adelante los actuales pedidos de quiebra presentados contra Granja Tres Arroyos. La compañía, líder absoluto en el mercado doméstico de pollos, arrastra un pasivo estimado en trescientos cincuenta millones de dólares, y sus acreedores ya multiplican las demandas para cobrar sus acreencias.
Mientras los abogados y representantes exponían sus argumentos ante los estrados, unos cuatrocientos trabajadores aguardaban en la vereda del edificio judicial, con el rumor de la incertidumbre y la bronca contenida. Al término de la reunión, en una asamblea improvisada sobre el asfalto, los manifestantes resolvieron instalar una vigilia permanente en el acceso a la fábrica, con el objetivo de resguardar cada máquina, cada equipo y cada herramienta que aún sigue en pie, convencidos de que la única vía para preservar sus fuentes laborales pasa por impedir el desmantelamiento silencioso.
La desesperación de esos hombres y mujeres no es un arrebato del momento, sino el desenlace de una agonía que se extendió durante largos meses. Así lo relató Óscar, un empleado de cuarenta y siete años con más de dos décadas de antigüedad en la compañía, quien confió a este diario que hasta no hacía mucho gozaba de un empleo digno, con salario mensual y cierta estabilidad que le permitía afrontar el colegio privado de sus hijos y mantener un automóvil. Pero el declive fue paulatino y cruel: primero comenzaron los atrasos en los haberes, luego las quincenas se fragmentaron en dos pagos, después en cinco y finalmente en diez cuotas, hasta que hace dos meses el dinero dejó de llegar por completo, junto con el aguinaldo pendiente.
La situación se volvió aún más hostil en agosto pasado, cuando la firma impuso veintiún días de vacaciones forzadas. Al regreso, los operarios se toparon con una planta con el suministro de gas cortado, lo que obligó a una suspensión indefinida de las actividades. El lunes de esta semana, la estocada final llegó en forma de telegramas: cuatrocientos cincuenta despidos que dejaron a la mayoría de los afectados sin ingresos y con apenas bolsas de alimentos que reparten la municipalidad de Esteban Echeverría y el gremio de la Alimentación para paliar el hambre. Óscar, que no pudo seguir afrontando el alquiler, tuvo que regresar a la vivienda de sus padres, mientras otros compañeros, sin red familiar de contención, atraviesan situaciones aún más apremiantes.
Entre la multitud que se congregó frente a los tribunales también se distinguían rostros añejos de la antigua Cresta Roja, despedidos en la quiebra de 2015 que nunca lograron reintegrarse al mercado formal. Daniel Medina, uno de ellos, confesó a Página/12 que desde entonces ha sobrevivido con changas y empleos eventuales, una realidad que ahora amenaza con repetirse para los cuatrocientos cincuenta nuevos excluidos.
La expectativa, sin embargo, no se desvanece por completo. Eduardo Murúa, del Movimiento de Empresas Recuperadas, planteó con claridad la hoja de ruta: todo indica que Granja Tres Arroyos se encamina hacia una quiebra estruendosa, y lo prioritario en este instante es resguardar el parque fabril de El Jaguel como activo fundamental para una eventual gestión cooperativa. Por eso, los trabajadores exigen a los jueces que dispongan una guardia judicial que impida el retiro de cualquier elemento productivo, porque saben que, si logran preservar los bienes, aún será posible poner en marcha nuevamente la fábrica bajo un modelo autogestionado.
El derrumbe de Granja Tres Arroyos, sin embargo, no es un hecho aislado. La empresa, que ostentaba el liderazgo indiscutido en la producción avícola nacional, vio tambalear su imperio a causa de dos brotes de gripe aviar que cerraron las exportaciones hacia Europa y China, sus principales mercados externos. A ese revés sanitario se sumó la política de apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, que inundó los supermercados argentinos de pollos brasileños a precios más bajos, desplazando la producción local y profundizando la crisis de ventas en el mercado interno.
Los coletazos de esta debacle ya se sienten en otras latitudes. Además de los cuatrocientos cincuenta despidos en El Jaguel, la compañía cerró su planta de Tristán Suárez con otros doscientos cesanteados, hizo lo propio en Concepción del Uruguay con doscientos cincuenta trabajadores menos, mantiene inactiva la instalación de Capitán Sarmiento, donde otros quinientos puestos de trabajo penden de un hilo, y ha dispuesto suspensiones en sus plantas de Río Cuarto y Pilar. El mapa avícola argentino se tiñe de incertidumbre, mientras los obreros de El Jaguel montan su vigilia, convencidos de que la resistencia es el único camino para no ser engullidos por el olvido.
