El Presidente anunció el envío de un proyecto al Congreso para reforzar la soberanía sobre las islas, al tiempo que destacó el impacto de las inversiones previstas y las reformas estructurales. Durante su discurso en la convención del IAEF, volvió a criticar a sectores empresarios y aseguró que el Gobierno no modificará su rumbo fiscal ni monetario.
En una nueva demostración de su estilo frontal y sin concesiones, el presidente Javier Milei utilizó la tribuna de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), celebrada en Puerto Iguazú, para ratificar su postura en dos frentes que consideran centrales para su gestión: la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y la continuidad de su programa de ajuste y desregulación económica, que defiende como el único camino posible para estabilizar al país.
Apenas horas después de haber encabezado una cadena nacional en la que reclamó con firmeza los derechos argentinos sobre el archipiélago austral y anticipó medidas concretas en esa dirección, el mandatario profundizó sus argumentos ante un auditorio compuesto por referentes del mundo financiero, gobernadores de varias provincias y miembros de su gabinete. En esa línea, confirmó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley vinculado con la cuestión Malvinas, además de impulsar acciones ejecutivas orientadas a fortalecer las capacidades militares del país. “No voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”, sentenció, en una frase que resumió su voluntad de mantener una política de Estado firme en ese reclamo histórico.
El discurso de Milei, sin embargo, no se limitó al tema malvinense. Con su habitual tono desafiante, el Presidente dedicó un extenso tramo de su alocución a defender las transformaciones estructurales que lleva adelante su administración y a rechazar cualquier posibilidad de retroceso. “No voy a cambiar ni la política fiscal ni la monetaria. Voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar a la inflación”, afirmó, en una clara señal de que el rumbo económico no será modificado, ni siquiera de cara al proceso electoral que se avecina. En ese contexto, recordó con dureza la gestión anterior, al sostener que el gobierno de Alberto Fernández emitió moneda por el equivalente a trece puntos del Producto Bruto Interno, una práctica que, según dijo, no se repetirá bajo su liderazgo. “El año que viene vamos a ganar porque dudo que los argentinos sean tan tontos de volver al pasado”, lanzó.
Uno de los ejes centrales de su exposición giró en torno al impacto positivo que, a su juicio, están generando las reformas en materia de inversiones. El jefe de Estado mencionó cifras que consideró reveladoras: más de doscientos mil millones de dólares serán destinados en los próximos años a sectores estratégicos como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia. Estos rubros, explicó, no sólo potenciarán las exportaciones nacionales, sino que también otorgarán al país una mayor gravitación geopolítica, lo cual, en su visión, resulta indispensable para avanzar con mayor solidez en el reclamo soberano sobre las Malvinas. En ese marco, destacó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta clave que ya ha permitido canalizar más de cuarenta y cinco mil millones de dólares en proyectos aprobados, con otros ciento cincuenta mil millones adicionales en proceso de evaluación.
Milei atribuyó este dinamismo inversor a un conjunto de medidas que enumeró como parte de su gestión: la eliminación y reducción de impuestos, las cerca de diecisiete mil reformas impulsadas desde el Ministerio de Desregulación, el retorno del imperio de la ley y el mantenimiento de un superávit fiscal innegociable. “Riesgo país bajo implica crédito más accesible, lo cual significa un mayor nivel de inversión y, por lo tanto, más puestos de trabajo genuinos”, argumentó, en un intento por trazar un vínculo directo entre la ortodoxia económica y la mejora del empleo.
Pero el discurso presidencial también tuvo un costado polémico, como suele ser habitual en su estilo. En un pasaje especialmente duro, volvió a cargar contra empresarios locales a los que acusó de rehuir la competencia para mantener privilegios. Sin mencionar directamente a la empresa FATE, aludió a su propietario, Javier Madanes Quintanilla, al referirse a “Gomita Alumínica”, y lo acusó de haber “estafado” a los argentinos al cobrar neumáticos a un precio muy superior al de mercado. Además, lo criticó por haber despedido a novecientos treinta trabajadores en la previa de la sanción de la reforma laboral, un acto que calificó como de “muy mala intención”. Como contraste, elogió a la firma Lumilagro, que según dijo supo reordenarse y salir a competir en igualdad de condiciones. “Vamos por más Lumilagro que quieran un país en serio”, arengó.
En el terreno político, el Presidente también se mostró confiado en el futuro electoral de su espacio. Aseguró que al menos cuatrocientos cincuenta de los quinientos puntos del Riesgo País son atribuibles al denominado “Riesgo Kuka”, en alusión al kirchnerismo, y proyectó que si La Libertad Avanza repite el resultado de las legislativas de 2025, obtendrá mayoría en la Cámara de Diputados y quedará a sólo dos votos del quórum propio en el Senado. “Si con este Congreso hicimos estas reformas, ahí si abróchense los cinturones porque vamos a acelerar a fondo”, desafió.
Sobre el problema del endeudamiento y la morosidad, Milei insistió en que el Estado no debe intervenir, porque “el remedio termina siendo peor que la enfermedad”, y sostuvo que la única solución viable es la negociación entre privados. Cerró su intervención con un llamado a no dejarse engañar por los “cantos de sirenas” de quienes, dijo, cada cuatro años prometen el oro y sólo entregan miseria.
El acto contó con la presencia de los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Catamarca, Raúl Jalil; y de Corrientes, Juan Pablo Valdés, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning. También estuvieron el titular del IAEF, Pablo Miedziak; su vicepresidenta, Sigrid Tolaba; y el presidente del Comité Organizador, Ezequiel Mirazón.
Más tarde, tomaron la palabra tres funcionarios de primer nivel. El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que el incremento de la morosidad represente “ningún riesgo sistémico” y afirmó que los bancos están gestionando esa situación con refinanciaciones a largo plazo y tasas más bajas. Rechazó cualquier auxilio estatal a las entidades financieras y garantizó que el Gobierno mantendrá su rumbo ortodoxo hasta las elecciones de 2027. “Desde lo económico, nosotros vamos a ser más ortodoxos que nunca”, enfatizó, y defendió la apertura económica como condición indispensable para el crecimiento.
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respondió a las críticas del titular de la Unión Industrial Argentina sobre la evolución de la actividad productiva. Reconoció que el crecimiento no es homogéneo entre los sectores, pero destacó que, tras doce años sin expansión, acumular un veinte por ciento de mejora resulta significativo. Además, insistió en que la reducción del gasto público es la herramienta más efectiva para estimular el consumo y el crédito, y sostuvo que las entidades financieras deberán ofrecer rendimientos atractivos para captar el ahorro de los argentinos.
Finalmente, el canciller Pablo Quirno se refirió a las acciones concretas vinculadas con Malvinas. Confirmó que el Gobierno notificó a ciento ochenta compañías, entre ellas proveedores de servicios petroleros, financieros y de seguros, que operan en actividades hidrocarburíferas en las islas, y les advirtió que deberán optar entre continuar sin autorización argentina o enfrentar sanciones en el país. “Van a tener que elegir”, remarcó. Quirno explicó que el decreto reglamentario busca agilizar las penalizaciones previstas en la Ley 26.659 y que se enviará al Congreso un proyecto para ampliar su alcance, con el objetivo de establecer mecanismos para que esas empresas abandonen esas operaciones y puedan eventualmente retornar a desarrollar actividades en territorio continental. Además, vinculó esta política con el desarrollo energético y la atracción de inversiones, y anunció la asignación de recursos para una base naval estratégica en Tierra del Fuego, que reforzará la presencia argentina en el Atlántico Sur y la custodia del Mar Argentino.
De este modo, la convención del IAEF se convirtió en un escenario privilegiado para que el Gobierno nacional desplegara, en voz de sus máximos referentes, los ejes de una gestión que combina la reivindicación soberana, la disciplina fiscal y una confrontación abierta con sectores del poder económico tradicional, en un mensaje que el Presidente busca instalar como el nuevo contrato social de la Argentina poscrisis.
