La justicia boliviana ratificó la detención del consultor argentino Fernando Cerimedo en el penal de Chonchocoro por enriquecimiento ilícito, mientras la fiscalía evitó procesar a Bibi Urquidi, esposa del presidente, pero amplió la investigación sobre el asesor en causas que incluyen desvío de combustible, tráfico de oro y falsificación de documentos. El escándalo sacude al gobierno y salpica a figuras de la ultraderecha regional.
En un fallo que remece los cimientos del poder boliviano, la magistrada Rosmery Lourdes Pabón Chávez, con asiento en La Paz, determinó este miércoles mantener la prisión preventiva del consultor argentino Fernando Cerimedo, imputado en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito. La resolución judicial ordena que el acusado cumpla su reclusión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, un destino que ningún interno desea, pero que por ahora lo mantiene alejado de los pabellones comunes, pues las autoridades dispusieron su alojamiento en sectores reservados para expolicías y exmilitares, en un intento por resguardar su integridad física.
Mientras la defensa técnica, encabezada por los letrados Ernesto Giraldes y Margarita Arce, albergaba la esperanza de obtener al menos un arresto domiciliario o la revocación de la medida cautelar, el tribunal paceño desestimó sus planteos y convalidó cada uno de los pasos dados hasta ahora por el Ministerio Público. La decisión no hace más que profundizar el cerco judicial sobre el controversial asesor, quien además enfrenta otra acusación igualmente grave en Santa Cruz de la Sierra, donde se lo investiga por tentativa de femicidio contra la denunciante Nadia Beller. En esa causa, se da por descontado que la Sala de alzada también ratificará la detención, aunque la audiencia aún no tiene fecha fijada; de confirmarse, Cerimedo debería permanecer en el penal de Palmasola, lo que generaría un conflicto de competencia entre tribunales, que en última instancia deberá ser dirimido por una instancia superior.
Paralelamente, la fiscalía anticorrupción, a través de los fiscales Miguel Cardozo y Omar Condorí, decidió no formalizar imputación alguna contra María Elena Urquidi Barbery, conocida como «Bibi» y esposa del presidente boliviano, pese a las graves denuncias que la vinculan con maniobras ilícitas junto al consultor argentino. De haber prosperado una acusación en su contra, el estremecimiento político habría sido de proporciones sísmicas en un gobierno ya asediado por conflictos sociales y múltiples escándalos de corrupción. Sin embargo, los fiscales abrieron una vía lateral que, aunque no toca directamente a la primera dama, amplía sustancialmente el espectro de delitos atribuidos a Cerimedo, entre los que ahora figuran legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y empleo de instrumento falsificado. Según reza la resolución fiscal, el consultor «habría recibido dinero en una cantidad no acorde al ingreso que determinaría una persona que realiza la actividad de consultor o asesor del presidente», y además «habría forjado las tarjetas de presentación de un funcionario público, simulando ocupar un cargo que no tenía». Estos elementos constituyen la base para profundizar la pesquisa sobre los vínculos de Cerimedo con la esposa del mandatario, tal como lo adelantó la denunciante Beller.
En el expediente por enriquecimiento ilícito confluyen varias aristas oscuras. Una de ellas, revelada por Página/12, apunta a que Cerimedo y Bibi Urquidi habrían participado en el desvío de dos millones de litros diarios de combustible hacia el mercado negro, elevando artificialmente el precio en un peso boliviano por litro, lo que se traduciría en un negocio ilegal que rondaría los 150.000 dólares diarios. Otra línea investigativa se relaciona con el tráfico de oro hacia Dubái, a raíz de la detención del joven Adrián Lema Roca, de 22 años, quien el 23 de julio pasado intentó sacar 25 millones de dólares en oro desde el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz. A estos elementos se suman comprobantes de transferencias al exterior por 400.000 dólares y el efectivo incautado durante los allanamientos a las propiedades de Cerimedo, que ascendieron a otros 100.000 dólares. En esta causa está previsto que declare Beller en calidad de testigo protegida, aunque su abogado, Jerjes Justiniano, confirmó que aún no se ha fijado una fecha concreta para esa diligencia.
La vorágine judicial no se detiene allí. En el departamento de Beni, la fiscalía intentó tomar declaración a Beller acerca de un campo situado en Santa Ana del Yacuma, desde donde habrían despegado y aterrizado aeronaves sospechosas. La denunciante también solicitó el estatus de testigo protegida en ese expediente, y se aguarda una nueva convocatoria una vez que se le conceda dicha figura. La defensa de Cerimedo, por su parte, sostiene que si bien existía un predio sobre el cual el consultor tomaba decisiones, su nombre habría sido usurpado y que, en realidad, él es denunciante en ese caso. Sin embargo, Beller insiste en que Cerimedo autorizaba los aterrizajes bajo la promesa de que las aeronaves instalarían un transponder, un dispositivo electrónico que permite su localización automática. El fiscal Alexander Mendoza, a cargo de la investigación, mantiene un hermetismo absoluto y no responde a los cuestionamientos de la prensa.
Mientras tanto, el vicepresidente boliviano, Edman Lara, hizo público un audio en el que se escucha a Cerimedo conversar con el presidente Rodrigo Paz sobre los pormenores de una suerte de estado de sitio, lo que demuestra que su influencia no se limitaba a la asesoría electoral, sino que se extendía a decisiones políticas y económicas de alto calibre. Este material, ya presentado ante la justicia, desató una interna furiosa en el oficialismo y pone en evidencia el poder fáctico que el consultor argentino llegó a ejercer en el país.
Más allá de las fronteras bolivianas, el escándalo también repercute en Chile, donde el Congreso conformó una comisión especial para indagar los vínculos entre Cerimedo y el presidente José Antonio Kast. Se sabe que el consultor operó una granja de bots, aunque desde el oficialismo chileno se defendieron argumentando que «las redes de desinformación digitales no fueron de un solo partido». Se espera un informe de esa comisión parlamentaria en el corto plazo.
Lo cierto es que las investigaciones sobre Cerimedo se multiplican a un ritmo vertiginoso, y todas las pistas apuntan a que su centro de operaciones más relevante se encuentra en Estados Unidos, al servicio del equipo de Donald Trump. Desde allí, el consultor habría tejido una red que anexó a gobiernos y candidatos de ultraderecha, a quienes proveía de servicios de intoxicación digital y manipulación en redes sociales. Pero una vez establecidos los vínculos políticos, Cerimedo daba el salto hacia negocios ilegales millonarios, y en el caso boliviano, ese descenso a los infiernos incluyó, nada menos, que una tentativa de homicidio. El entramado sigue destapándose, y cada nuevo hallazgo agranda la sombra de un caso que amenaza con sacudir no solo a Bolivia, sino a toda la región.
