Dirigentes de todo el arco político y social reclamaron justicia y remarcaron la falta de avances en la identificación de los autores intelectuales del intento de asesinato contra la vicepresidenta, mientras crece la indignación por la impunidad que rodea el caso.
A cuatro años del episodio que estremeció los cimientos de la democracia argentina, cuando un arma fue empuñada contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el eco del atentado sigue resonando con la misma intensidad que aquella noche de septiembre. Sin embargo, lo que persiste no es solo la memoria del hecho en sí, sino la amarga constatación de que, pese al paso del tiempo, la justicia no ha logrado desentrañar quiénes idearon y financiaron el ataque. Mientras los ejecutores materiales, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, purgan condenas de diez y ocho años de prisión respectivamente, la trama profunda del complot permanece bajo un manto de opacidad que desvela a organizaciones políticas, sindicales y sociales de todo el espectro ideológico.
En este escenario, el reclamo unánime se ha convertido en una exigencia ineludible: sin la identificación y el castigo de los verdaderos artífices del plan criminal, cualquier veredicto parcial resulta insuficiente y hasta ofensivo. Desde el Partido Justicialista, que encabeza la propia Cristina Fernández, se remarcó con contundencia que “la justicia sigue sin investigar a los autores intelectuales, a los que concibieron y costearon el ataque”. Ese mensaje, difundido en las redes sociales de la formación política, refleja el malestar de un sector que interpreta la demora judicial como parte de una estrategia más amplia de hostigamiento hacia la líder peronista.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue igualmente enfático al calificar como “realmente grave” que la pesquisa no haya arrojado luz sobre los responsables ocultos. En sus declaraciones, vinculó directamente la situación procesal de Fernández de Kirchner —quien enfrenta una condena en la llamada Causa Vialidad— con el ataque sufrido, señalando que ambos episodios son “dos caras de una misma moneda” destinada a disciplinar al campo popular y a amedrentar a quienes pretendan representar los intereses de las mayorías. Para Kicillof, la privación de libertad de la exmandataria y la impunidad del intento de magnicidio forman parte de un plan sistemático de persecución que no puede ser analizado por separado.
En la misma sintonía, La Cámpora, la organización juvenil afín al kirchnerismo, recordó que Cristina Fernández “lleva toda una vida enfrentándose al poder para defender al pueblo”, y subrayó que, a pesar de los intentos por silenciarla —primero mediante la violencia física, luego con la prisión y finalmente con la proscripción política—, no han logrado quebrantar su determinación ni apartarla del afecto popular. Ese sentimiento de resistencia se refleja también en las palabras del senador nacional Wado de Pedro, quien dirigió sus críticas hacia el exc legislador Gerardo Milman, absuelto en el proceso judicial, y cuestionó abiertamente el destino de la llamada “pista Milman”. De Pedro exigió respuestas sobre la desaparición de evidencias digitales en el entorno del investigado y denunció que se borraron contenidos de teléfonos celulares vinculados a oficinas oficiales, en un intento por obstruir el esclarecimiento de los hechos.
El legislador, además, rescató una antigua publicación del diario Clarín que, con siniestra premonición, anticipaba: “la bala que no salió, el fallo que sí saldrá”, en clara alusión a la condena judicial que finalmente recayó sobre Fernández de Kirchner. Esa frase, leída hoy como un anuncio macabro, refuerza la percepción de que existió una voluntad deliberada de eliminar a la dirigente del tablero político, primero por la fuerza bruta y luego por la vía jurídica.
El diputado Nicolás Trotta, por su parte, alertó sobre la articulación entre la persecución política, judicial y mediática que padece la exvicepresidenta, y sostuvo que esa ofensiva no puede disociarse de la impunidad que envuelve el atentado. Según Trotta, todos esos frentes de ataque constituyen manifestaciones de un mismo diseño orientado a desgastar y anular a quienes defienden al sector más desfavorecido de la sociedad.
En un tono más personal y emotivo, la diputada bonaerense Mayra Mendoza optó por escribir una carta abierta dirigida a Cristina Fernández, en la que le expresó su respaldo incondicional y le recordó que merece ser libre y decidir su propio destino, incluso si eso implicara volver a postularse para un cargo de representación popular. “Si quisieras volver a ser candidata y representarnos, también tenés derecho a hacerlo”, afirmó, en un gesto que trasciende lo político para instalarse en lo humano.
Desde la bancada de Unión por la Patria, Miguel Ángel Pichetto también alzó la voz para señalar que el atentado contra Cristina Kirchner constituyó “un punto gravísimo en la historia democrática argentina” que aún no ha sido dimensionado en toda su magnitud. Pichetto hizo hincapié en que la democracia no puede naturalizar la violencia política bajo ninguna circunstancia, y llamó a reflexionar sobre los peligros que acechan cuando el disenso se transforma en agresión física o simbólica.
En esa línea, el exministro Agustín Rossi advirtió que, tras el ataque, no sobrevino el esperado repudio unánime, sino más bien la profundización del intento de proscripción, esta vez a través de los estrados judiciales. “Del gatillo en la calle a la proscripción en los tribunales”, resumió Rossi, graficando con crudeza el tránsito de la violencia manifiesta a la violencia institucionalizada.
El espectro político que se pronunció no se limitó al peronismo. Desde la izquierda, Manuela Castañeira, referente del Nuevo MAS, calificó el intento de magnicidio como “un atentado fascistoide y gravísimo a las libertades democráticas”, mientras que el diputado socialista Esteban Paulón enfatizó que “la eliminación simbólica o física del adversario lesiona definitivamente la democracia y nos lleva a un camino sin retorno”. Paulón celebró el debate, la crítica y el disenso como herramientas esenciales de la convivencia republicana, pero rechazó con firmeza cualquier forma de anulación o violencia contra el otro.
Más allá de las adhesiones individuales, lo que trascendió fue la firma de un documento colectivo titulado “La democracia no admite la eliminación del adversario”, suscripto por 22 partidos políticos, entre los cuales se cuentan no solo el Justicialista, sino también sectores del radicalismo y fuerzas de izquierda. Ese gesto de amplitud institucional constituye un llamado de atención sobre la gravedad del momento histórico que atraviesa el país, y una advertencia acerca de los riesgos de normalizar la violencia como recurso de disputa política.
Sin embargo, a cuatro años del ataque, las preguntas esenciales continúan sin respuesta. ¿Quiénes planificaron el operativo? ¿Qué intereses económicos o políticos se ocultan detrás de los financistas del crimen? ¿Por qué las pistas más sólidas fueron abandonadas o desviadas? La sociedad argentina, más allá de sus divisiones, observa con expectativa y desazón cómo el tiempo transcurre sin que la verdad emerja. Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner, condenada en otros frentes pero aún erguida en su rol de referente popular, sigue siendo el centro de una tormenta que no cesa, y el símbolo de una batalla que trasciende su figura para interpelar a toda la ciudadanía sobre el tipo de democracia que desea construir.
En este aniversario luctuoso, el reclamo de justicia no es solo un pedido por un caso particular, sino una demanda colectiva de transparencia, memoria y reparación. La impunidad, advertían los firmantes del manifiesto multipartidario, no solo corroe la confianza en las instituciones, sino que siembra el germen de futuros episodios de violencia. Porque cuando un disparo falla pero la intención permanece, la democracia entera queda herida. Y esa herida, como hoy se evidencia, aún no cicatriza.
