El ex titular del organismo nacional de discapacidad cuestiona la autenticidad de los audios que lo incriminan y sostiene que el material peritado por Gendarmería no coincide con el difundido en los medios. Mientras tanto, la Cámara Federal debe resolver si confirma los procesamientos de diecinueve imputados por presunta asociación ilícita y cohecho.
En el marco de la investigación que sacude los cimientos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, su otrora máxima autoridad, se niega a aceptar que sea su propia voz la que resuena en las grabaciones que lo comprometen. El exfuncionario, actualmente procesado por su presunta participación en una trama de compra de medicamentos con sobreprecios y sobornos, ha redoblado su estrategia defensiva y solicitó al juez federal Ariel Lijo la suspensión del peritaje técnico que la Dirección de Criminalística de Gendarmería lleva adelante sobre los archivos de audio que lo tienen como protagonista involuntario.
El pedido fue formalizado por su abogado defensor, Mauricio D’Alessandro, quien presentó un escrito ante el magistrado en el que pone en tela de juicio la integridad del material sometido a análisis forense. Según argumenta el letrado, los audios que actualmente están siendo cotejados por los peritos de la fuerza de seguridad no se corresponden con aquellos que circularon en los medios de comunicación y que desataron la tormenta judicial. En esas grabaciones, que salieron a la luz pública, se escucha al entonces abogado personal de Javier Milei describir con crudeza el engranaje del negocio ilícito dentro de la ANDIS, y mencionar entre los presuntos beneficiarios de esa cadena de favores a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como a su estrecho colaborador, Eduardo “Lule” Menem.
La postura del exdirectivo no es nueva. Antes de que se ordenara la pericia oficial, Spagnuolo ya se había negado a proporcionar una muestra indubitada de su voz para cotejar con los registros incriminantes, lo que obligó a que el estudio se realizara sobre fragmentos de entrevistas periodísticas, considerados como documentos públicos. Esa decisión, lejos de aclarar el panorama, sembró más dudas sobre la autenticidad de las evidencias sonoras.
En un giro procesal significativo, un peritaje privado encargado por la propia defensa del imputado sugirió que los audios no eran más que un montaje elaborado mediante herramientas de inteligencia artificial, lo que abrió una grieta en la credibilidad de las pruebas. Ante esa controversia, la Cámara Federal instó al juez Lijo a disponer un estudio técnico oficial, que recayó en Gendarmería Nacional. Sin embargo, el camino hacia la verdad forense se ha vuelto escabroso.
El periodista Mauro Federico, quien tuvo un rol activo en la divulgación de los materiales, aportó a la causa un dispositivo de almacenamiento que contenía cincuenta y ocho archivos de audio. Ese gesto, que en principio podría haber sido visto como un aporte clave, desató ahora un nuevo frente de conflicto. D’Alessandro cuestionó con vehemencia que en el expediente judicial nunca se hubiera hecho mención a ese conjunto de registros, y advirtió que su incorporación tardía podría vulnerar el derecho de defensa de su patrocinado. Bajo esa premisa, el abogado exigió la paralización inmediata del peritaje, argumentando que el mandato de la Cámara se limitaba a analizar exclusivamente los audios que dieron origen a la investigación penal, mientras que el juzgado habría ampliado discrecionalmente el objeto del estudio al incluir el contenido del pendrive aportado por Federico, sin certeza de que allí se encuentren los fragmentos que trascendieron por los medios.
Pese a las objeciones presentadas por la defensa, fuentes cercanas al expediente indican que los especialistas de Gendarmería proseguirán con las tareas de cotejo sobre el material disponible, sin detenerse ante las impugnaciones formales. No escapa a la atención de los observadores que esa fuerza, subordinada orgánicamente al Poder Ejecutivo, ha exhibido en ocasiones anteriores una cierta propensión a entorpecer o dilatar procesos judiciales de alto impacto, por lo que no resultaría extraño que el informe comparativo se extienda más allá de los plazos razonables, alimentando la incertidumbre.
Mientras tanto, la Cámara Federal —que deberá expedirse en las próximas semanas— enfrenta una decisión de peso: confirmar o revocar los procesamientos dictados contra Spagnuolo y otras dieciocho personas, entre las que se cuentan exfuncionarios, intermediarios y proveedores del sistema de discapacidad. Los cargos que pesan sobre ellos son de extrema gravedad: asociación ilícita, cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Vale subrayar que todos los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, pero se sustentan en una abultada masa probatoria documental y en el análisis de teléfonos celulares incautados, elementos que hasta ahora no habían hecho referencia explícita a las grabaciones de voz que concitan la atención mediática.
El futuro de la causa queda ahora en manos de los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes integrarán la sala que deberá resolver la cuestión. En caso de que ambos magistrados no logren ponerse de acuerdo en una misma posición, el tribunal se completará con un subrogante, figura que podría recaer en alguno de los recientemente designados jueces de la Cámara, Pablo Yadarola o Pablo Bertuzzi, ambos nombrados la semana pasada y aún sin una trayectoria definida en causas de esta envergadura.
De esta manera, el expediente avanza entre objeciones técnicas, peritajes cuestionados y una pulseada jurídica que mantiene en vilo a los implicados y a la opinión pública, mientras la justicia intenta desentrañar si las voces que se escuchan en los audios son auténticas o fueron manipuladas. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal de un exfuncionario, sino la credibilidad de todo un sistema de investigación judicial que deberá zanjar, con herramientas científicas y legales, una de las tramas de corrupción más sensibles de los últimos tiempos.
