La presentación judicial exige la paralización de las operaciones de un consorcio extranjero en la Cuenca Malvinas Norte, en medio de un vacío de acción estatal que, según los denunciantes, compromete la soberanía y el patrimonio ambiental argentino. El reclamo ocurre mientras el Gobierno nacional utiliza la causa Malvinas con fines políticos, tras años de desinterés.
En un contexto marcado por la ausencia de respuestas contundentes por parte de la administración libertaria, organizaciones ambientalistas y centros de excombatientes de la guerra de Malvinas decidieron recurrir a la Justicia Federal de Tierra del Fuego para frenar el avance de un ambicioso emprendimiento hidrocarburífero en aguas del Atlántico Sur. Se trata del proyecto Sea Lion, impulsado por un consorcio integrado por empresas de origen británico, israelí y canadiense, que opera sin el permiso explícito del Estado argentino en la plataforma continental, en una zona que el país reclama como propia.
La denuncia, presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, reviste carácter de «acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva», amparada en el artículo 1711 del Código Civil y Comercial. El escrito solicita una medida cautelar inmediata que detenga toda obra, perforación o movimiento sobre el lecho marino, pero también persigue desarticular el entramado financiero que sostiene el megaproyecto. Los querellantes advierten que la inacción del Gobierno nacional no solo vulnera la legislación interna, sino que también debilita la posición jurídica de la Argentina en el plano internacional, donde los silencios prolongados pueden interpretarse como aceptación tácita de actos consumados por potencias extranjeras.
El reclamo no es nuevo. En 2015, durante la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se impulsó una denuncia penal que aún tramita en el mismo juzgado fueguino, con embargos millonarios y órdenes de secuestro de buques contra las compañías que operaban sin aval nacional. Aquella acción fue posible gracias a una reforma legal que tipificó como delito la extracción de hidrocarburos en territorio argentino sin la debida autorización estatal, sin siquiera mencionar a Malvinas, porque, como subrayan los expertos, para la Constitución nacional las islas son parte indivisible del suelo patrio.
Posteriormente, en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, se sumó un nuevo capítulo cuando la firma israelí Navitas Petroleum se incorporó al consorcio y aportó los fondos necesarios para reactivar Sea Lion. En aquel entonces, la Cancillería argentina envió una nota de desaliento a la compañía, y las secretarías de Energía y de Malvinas iniciaron un proceso sancionatorio contra Navitas y otras empresas vinculadas, como Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy. Sin embargo, ese impulso inicial se diluyó con el cambio de gestión.
Ahora, los denunciantes señalan que el actual gobierno libertario ha mantenido un preocupante mutismo sobre el mayor proyecto petrolero offshore del Atlántico Sur, cuyas previsiones indican que la producción comenzaría en marzo de 2028 y alcanzaría un pico de 50.000 barriles diarios hacia 2032. Para los abogados ambientalistas, esa falta de reacción oficial constituye una suerte de «entrega de soberanía» encubierta, en la que el silencio del Estado opera como un permiso tácito para que intereses foráneos exploten recursos que pertenecen a todos los argentinos.
La presentación judicial cobra especial relevancia en medio de la reciente controversia generada por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien se refirió de manera superficial a la causa Malvinas. El gobierno de Javier Milei interpretó esas palabras como un respaldo y las utilizó para reavivar el discurso soberanista, a pesar de que durante casi tres años había mantenido el tema prácticamente ausente de su agenda. Esta actitud fue duramente criticada por los excombatientes, quienes ven en ese giro discursivo una maniobra oportunista, destinada a mejorar la imagen oficial ante el electorado, más que una defensa genuina de los intereses nacionales.
Daniel Filmus, exsecretario de Malvinas durante los gobiernos kirchneristas, recordó que la denuncia original de 2015 fue impulsada junto al entonces canciller Héctor Timerman, y que aquella iniciativa logró avances concretos en la justicia federal. En diálogo con este medio, Filmus sostuvo que el actual escenario revela una suerte de «extorsión» geopolítica, en la que Estados Unidos utiliza el conflicto de soberanía como moneda de cambio en negociaciones globales, despojando a la Argentina de su rol protagónico en la causa.
Los abogados querellantes enfatizan que el reclamo por Malvinas trasciende lo meramente simbólico. La explotación no autorizada de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte no solo vulnera la integridad territorial, sino que también implica un riesgo ambiental de magnitud incalculable, en un ecosistema frágil y escasamente estudiado. Por ello, exigen que el Estado argentino recupere su rol activo, tanto en los tribunales como en los foros internacionales, y que no permita que el silencio oficial se convierta en cómplice de un saqueo que, advierten, ya tiene nombre y apellido: el consorcio británico-israelí-canadiense que opera al amparo de la permisividad británica en las islas.
La presentación judicial, que aguarda resolución, pone en evidencia la tensión entre la retórica soberanista del Gobierno y su inacción fáctica frente a los hechos consumados. Mientras tanto, los excombatientes y ambientalistas insisten en que la memoria y la defensa de los recursos naturales no admiten pausas ni cálculos electorales, y que la Justicia deberá determinar si el silencio del Estado es cómplice o negligencia, pero en ningún caso inocente.
