El organismo científico clave para la vigilancia de los recursos marinos argentinos atraviesa su peor crisis salarial en décadas. Mientras el Gobierno impulsa una reforma laboral que introduce figuras como el “salario dinámico”, más de la mitad de los técnicos y profesionales del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) perciben haberes que no alcanzan siquiera para sortear la línea de la pobreza. La conducción de un experto en comercialización pesquera, sin formación académica en ciencias del mar, agrava el malestar y enciende alarmas sobre el futuro del monitoreo de nuestros ecosistemas oceánicos.
En el escenario de una administración que no oculta su prurito por desregular cada resquicio del Estado, la discusión sobre las compensaciones laborales ha derivado hacia un territorio de contornos difusos. La noción de “salario emocional”, promovida desde las esferas oficiales como un complemento intangible a la retribución material, se inscribe en un contexto más amplio de reconfiguración de los derechos adquiridos. Este concepto florece paralelamente a la sanción de la reforma laboral más radical desde el retorno a la institucionalidad democrática, un cuerpo normativo que introdujo términos hasta entonces ajenos al léxico de las relaciones obrero-patronales, tal el caso del “salario dinámico”. Bajo esa etiqueta se oculta la potestad del empleador para modificar los ingresos de manera unilateral, con la atribución de reversar aumentos previamente concedidos, en una suerte de péndulo que desestabiliza cualquier atisbo de previsibilidad financiera para los trabajadores.
Esa lógica, que subordina el sustento a la lectura subjetiva de quien detenta el poder económico, encontró un campo fértil de aplicación en el ámbito de la ciencia y la tecnología aplicadas a la soberanía alimentaria. El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), un organismo creado en la década de 1970 con la misión de custodiar el estado de los recursos ictícolas y asesorar al poder ejecutivo en la toma de decisiones que conjuguen rentabilidad económica con preservación ambiental, se ha convertido en un termómetro de la descomposición salarial del sector público. Lo que antaño fue un centro de referencia para la explotación racional de las especies marítimas, hoy padece una hemorragia de poder adquisitivo que compromete su propia razón de ser.
La coyuntura del Inidep no constituye una excepción dentro del entramado de la administración central, sino que replica la tendencia generalizada de otros estamentos donde la negociación paritaria se ha revelado como un mecanismo ineficaz para contener la espiral inflacionaria. Los acuerdos salariales, sistemáticamente superados por el ritmo de los precios, han provocado una erosión de alrededor del cuarenta por ciento en la capacidad de compra de los agentes estatales. Esta sangría silenciosa afecta con particular crudeza a un plantel que se distingue por su elevado componente técnico y científico; un colectivo donde abundan los biólogos, oceanógrafos y expertos en recursos pesqueros, muchos de los cuales desarrollan tareas de alto riesgo a bordo de las embarcaciones de la flota comercial, en condiciones climáticas adversas y jornadas extenuantes, sin que semejante dedicación tenga reflejo en sus remuneraciones.
Un pormenorizado relevamiento efectuado por la seccional local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) arrojó datos estremecedores: más de la mitad del personal del instituto percibe un ingreso mensual por debajo del millón y medio de pesos. Esa cifra, lejos de representar un excedente, constituye el umbral mínimo que, según los parámetros oficiales, requiere una familia tipo para no caer en la condición de indigencia o pobreza. La paradoja es mayúscula: quienes se encargan de velar por la sustentabilidad de uno de los recursos estratégicos del país, quienes proveen la información científica que permite trazar políticas de veda y cupos de captura, ven cómo sus salarios quedan rezagados frente a la canasta básica, sumiéndose en una precariedad que contradice la nobleza de su cometido.
En este escenario de descontento creciente, la administración de Javier Milei designó al frente del organismo a Gonzalo Bacigalupo, un operador del mercado de pescados y mariscos con trayectoria en empresas privadas dedicadas a la comercialización de esos productos. Su perfil, netamente vinculado al comercio y la intermediación, colisiona de manera frontal con lo estipulado por la normativa vigente, que exige para el cargo de director ejecutivo a un profesional universitario con titulación en disciplinas afines a las ciencias del mar. La ausencia de ese requisito académico ha generado un cisma no solo entre los investigadores del instituto, sino también en los círculos académicos y ambientales, que interpretan la decisión como un gesto de desdén hacia el saber especializado y un guiño a los intereses extractivistas.
Desde su llegada a la conducción, en marzo de 2024, el nuevo responsable no ha logrado apaciguar los ánimos. Por el contrario, bajo su gestión se han multiplicado los focos de conflicto, alimentados por la persistencia de los bajos estipendios y la falta de respuestas a los reclamos gremiales. La Asociación de Trabajadores del Estado ha elevado denuncias formales ante la falta de diálogo y, lo que resulta aún más grave, por la presencia de efectivos de la Prefectura Naval Argentina vigilando las asambleas de los trabajadores. Ese cerco represivo, que convierte el espacio de deliberación sindical en un blanco de observación castrense, agrega un componente de intimidación que tensa todavía más el ambiente interno y desnuda la fragilidad de las garantías democráticas en el seno de la administración pública.
La deriva del Inidep sintetiza, a pequeña escala, el proyecto de reconfiguración del Estado que impulsa el oficialismo: desfinanciamiento, desprofesionalización de los cuadros directivos y una retórica que intenta revestir de contenido espiritual la pérdida material. Sin embargo, la apelación al “salario emocional” difícilmente pueda compensar el deterioro de los haberes en un contexto donde la inflación no da tregua y donde los científicos ven esfumarse su vocación por falta de estímulo económico. Al mismo tiempo, la intromisión de un agente externo sin credenciales académicas en la cúpula de un instituto técnico no hace sino profundizar la incertidumbre sobre la calidad del asesoramiento que recibirá el Estado para la toma de decisiones vinculadas con la explotación de los recursos marítimos, un patrimonio que pertenece a todas las argentinas y todos los argentinos.
El malestar que recorre los pasillos del Inidep no es un hecho aislado, sino el reflejo de un malestar que atraviesa transversalmente al sector público. La confrontación entre los trabajadores y las autoridades se ha instalado como una constante, mientras los expedientes con reclamos se acumulan y las mesas de negociación permanecen clausuradas. Lo que está en juego no es únicamente el bolsillo de los empleados estatales, sino la capacidad del país para preservar sus recursos naturales con criterio científico y planificación a largo plazo. La expulsión silenciosa de talentos, la desmotivación de los cuadros técnicos y la sustitución de la pericia por la lealtad comercial son las monedas de cambio de un modelo que privilegia el corto plazo y la ganancia inmediata por sobre la sustentabilidad.
Mientras los asambleístas son observados desde la distancia por las patrullas de la Prefectura, el eco de sus reclamos se diluye en la inmensidad del mar que pretenden proteger. La pregunta que queda flotando, tan inquietante como el horizonte oceánico, es si la Argentina podrá permitirse el lujo de desmantelar su infraestructura científico-técnica sin que ello implique un costo irreversible para su soberanía alimentaria y su equilibrio ecológico. La respuesta, por ahora, permanece sepultada bajo los pliegues de un expediente salarial que no termina de cerrar.
