La denuncia de una diputada ante la Justicia sacude a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. La presentación incluye una operación encubierta en la que se habría adquirido un falso doctorado en Inteligencia Artificial por solo 400 dólares, a través de una universidad de Hawái ya cuestionada en otros países de la región.
En el centro de la escena política y científica se encuentra ahora Adriana Baravalle, la funcionaria que conduce la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuyo flamante doctorado en Inteligencia Artificial —el pergamino que engalanó su presentación oficial— se ha convertido en el blanco de una tormenta judicial. Lo que inicialmente fue recibido como un activo de peso para el gabinete nacional, hoy es motivo de una denuncia penal que pone en tela de juicio no solo la autenticidad de ese título, sino también los mecanismos mediante los cuales se habría obtenido.
La diputada Marcela Pagano fue quien dio el paso al frente y radicó la querella, aportando como elemento central una suerte de “prueba de adquisición” que, según su relato, consistió en un sondeo disfrazado de interesada. La legisladora se comunicó con la American Andragogy University (AAU), la misma casa de estudios que, según los registros oficiales, habría otorgado el doctorado a Baravalle. Lo que ocurrió después, de acuerdo con la denuncia, fue una sucesión de hechos por demás singulares: en apenas ocho días, sin presentar un título de grado, sin rendir examen alguno, y con un único pago de 400 dólares —muy lejos de los 7.000 que la institución publicita en su portal—, Pagano logró ser admitida en el supuesto programa doctoral. Todo ello quedó documentado mediante capturas de pantalla, mensajes de WhatsApp y comprobantes de transferencia, que ahora reposan en el expediente judicial.
El meollo de la controversia no radica únicamente en la rapidez ni en el costo irrisorio del proceso, sino en que la propia AAU ofreció a la diputada una beca que ella jamás había solicitado, y le envió formularios con evidentes fallos ortográficos, detalles que, para la denunciante, revelan la precariedad y la falta de rigor de una institución que ya había despertado recelos en otros países de América Latina. En Perú, por ejemplo, el exministro de Ambiente Juan Carlos Castro debió dar explicaciones públicas por un doctorado en Ciencias Ambientales expedido por la misma universidad, mientras que en Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí llegó a revocar en 2025 los cargos de varios docentes que habían presentado títulos de esa procedencia, y hasta el Ministerio Público panameño abrió una investigación por títulos no reconocidos en 2026.
Ahora, la Justicia argentina deberá determinar si el doctorado que adorna el currículum de Baravalle corresponde efectivamente a una formación académica legítima, o si, por el contrario, se trata de un documento sin validez, obtenido mediante mecanismos espurios. La denuncia menciona posibles delitos como falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa, aunque se trata, por ahora, de meras hipótesis que el tribunal deberá contrastar con pruebas fehacientes.
Uno de los aspectos que más llaman la atención en la exposición de Pagano es la diferencia entre lo que la funcionaria exhibe en su perfil profesional y lo que realmente consta en los registros académicos. En su cuenta de LinkedIn, Baravalle se presenta como «PhD in Artificial Intelligence», pero sin identificar la universidad de la cual habría obtenido ese título. Sin embargo, al momento de su designación, el Gobierno nacional no dudó en presentarla como doctora en Inteligencia Artificial, y el propio presidente Javier Milei la calificó en sus redes sociales como una «eminencia en ciberseguridad y doctora en IA», acompañando el mensaje con la consigna «MAGA». Esa presentación oficial, que en su momento fue celebrada por el oficialismo, hoy se encuentra bajo la lupa de los investigadores.
El trabajo judicial no será sencillo. El tribunal tendrá que exhumar los antecedentes académicos que Baravalle presentó al asumir su cargo, y cotejarlos con la información que obra en las instituciones que menciona en su trayectoria: la Universidad Austral, donde figura como magíster en Ciencia de Datos, y la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), vinculada a sus estudios como doctoranda en Ingeniería y a su título de Analista de Sistemas. Será crucial establecer si existe coherencia entre esos estudios y el doctorado en Inteligencia Artificial que hoy se encuentra cuestionado.
El argumento central de la denuncia apunta a la posibilidad de que el título haya sido adquirido sin el más mínimo rigor académico, tal como lo demostraría la experiencia vivida por la propia Pagano: si una persona sin formación previa en el área, sin rendir pruebas de ingreso, sin acreditar siquiera un título de grado, pudo ser admitida en un programa doctoral de la misma universidad en apenas ocho días y por un monto irrisorio, ¿qué validez puede tener entonces el doctorado que exhibe Baravalle? Esa es la pregunta que ahora deberá responder la Justicia, y que amenaza con empañar la credibilidad de una funcionaria de alto rango y, de paso, abrir un debate más amplio sobre los controles en la designación de autoridades basadas en credenciales académicas de dudosa procedencia.
Mientras tanto, la comunidad científica observa con atención el desarrollo de este expediente, que podría sentar un precedente en la exigencia de transparencia y veracidad en los títulos que respaldan a los funcionarios públicos. Lo que en un principio fue un anuncio triunfal, hoy se ha transformado en un dolor de cabeza para el Gobierno, que ve cómo uno de sus cuadros técnicos más promocionados queda expuesto a un escrutinio implacable. La investigación recién comienza, y los próximos pasos del tribunal serán determinantes para despejar la incógnita que pesa sobre el flamante doctorado de la secretaria de Innovación.
