Empresarios del sector rompieron el silencio y apuntaron contra el modelo económico del Gobierno, mientras la Casa Rosada decidió vaciar de representantes el evento. La UIA, presionada por sus bases, elevó el tono contra el ministro Luis Caputo y reclamó medidas que frenen la caída de la producción y el empleo.
En un clima atravesado por la contracción productiva y el desencanto con las políticas económicas, la conmemoración del Día de la Industria se transformó en una jornada sombría, despojada de celebraciones y cargada de reproches. Lo que debía ser un espacio de reconocimiento al sector fabril derivó en un escenario de denuncias explícitas y ausencias significativas, reflejando la grieta cada vez más profunda entre el poder empresarial y la administración nacional.
El encuentro, realizado en la planta de los laboratorios ELEA, ubicada en la localidad bonaerense de Los Polvorines, dentro del partido de Malvinas Argentinas, tuvo como nota distintiva la dureza inusitada de los discursos. Por primera vez, los líderes fabriles dejaron de lado la prudencia habitual y lanzaron cuestionamientos frontales al ministro de Economía, Luis Caputo, en un acto que varios describieron como un juego de roles entre el «policía bueno» y el «policía malo», pero con un mensaje unívoco: la situación es insostenible y el Ejecutivo no está atendiendo las urgencias del sector.
La decisión de la Casa Rosada de desairar el evento fue interpretada como una señal elocuente del desinterés oficial por la producción nacional. Por expresa indicación del presidente Javier Milei, se dispuso que ningún funcionario de alto rango participara de la ceremonia, pese a los intentos de la Unión Industrial Argentina (UIA) por garantizar al menos una presencia libertaria de peso. Con ese objetivo, los organizadores, encabezados por el titular de la entidad, Martín Rappallini, evitaron extender una invitación al gobernador bonaerense Axel Kicillof, anfitrión natural de la provincia sede, pero la estrategia resultó infructuosa: ni siquiera así lograron convocar a representantes nacionales.
El episodio más elocuente de esta distancia ocurrió horas antes del acto. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, había confirmado su asistencia en una visita reciente a fábricas de Catamarca, y hasta la noche previa al Día de la Industria mantuvo su compromiso con los organizadores. Sin embargo, pasada la medianoche, recibió la orden terminante de no concurrir a la planta de Hugo Sigman, el reconocido empresario farmacéutico a quien el Gobierno busca perjudicar en el marco de las negociaciones comerciales con Estados Unidos. En su lugar, acudió Pablo Lavigne, secretario de Producción con un perfil meramente testimonial, quien permaneció apenas unos minutos y debió escuchar, antes de retirarse con incomodidad, las encendidas palabras de Isaías Drajer, un veterano referente de la cámara de laboratorios CILFA, que defendió con vehemencia la industria nacional y reclamó al oficialismo un cambio de rumbo.
La presión de las bases sobre la cúpula empresarial fue otro de los factores determinantes en el tono del encuentro. La UIA cuenta con dos instancias de decisión: el Comité Ejecutivo, donde confluyen los grandes CEO del país, y la Junta Directiva, que agrupa a las federaciones regionales. En las dos reuniones más recientes de esta última, los representantes del interior exigieron a Rappallini endurecer su postura frente al modelo económico. El discurso del miércoles evidenció esa pimienta crítica, impulsada por los sectores más golpeados por la recesión, que empujaron al líder fabril a salir del guion moderado que había mantenido hasta entonces.
Rappallini no escatimó en cifras para graficar el deterioro: afirmó que la producción industrial se encuentra un 10 por ciento por debajo de los niveles de 2022, con segmentos específicos que registran caídas superiores al 30 por ciento. Además, subrayó la destrucción de 90.000 puestos de trabajo registrados, un dato que resume el impacto social de la contracción. Pero más allá de los números, el mensaje político fue contundente: «La economía no puede medirse solamente por la inflación», sentenció, en una clara embestida contra la obsesión oficial por el índice de precios. Acto seguido, enumeró los pilares que, a su juicio, deberían sostener el puente hacia el crecimiento: reconstrucción del crédito, reducción acelerada del costo argentino, combate a la competencia desleal y al contrabando, abastecimiento energético a precios competitivos, reducción de la morosidad, infraestructura para exportar y modernización laboral. Cada uno de esos puntos representó un dardo directo a las políticas vigentes, que privilegian el ajuste fiscal por encima del fomento productivo.
El malestar no se circunscribió a Rappallini. Entre los vicepresidentes de la UIA, tres son reconocidos por su posición crítica, mientras que el resto se inscribe en una línea más dialoguista o moderada. Hasta ahora, David Uriburu, de Techint, había marcado el compás de la mesura, pero el cambio de postura de Paolo Rocca, también del grupo siderúrgico, reflejó un giro en la correlación de fuerzas. Incluso se especuló que el holding del acero habría sido el responsable de excluir a Kicillof de la invitación, en un intento por no tensionar aún más la relación con el Gobierno. Sin embargo, el clima general evolucionó hacia un consenso crítico: la administración de Milei no muestra interés en el sector fabril.
Uno de los momentos más ácidos de la jornada llegó de la mano del santafecino Guillermo Moretti, químico y expresidente de la Federación de Industriales de su provincia, quien mantiene un buen vínculo con el gobernador Maximiliano Pullaro pero una relación tirante con los Milei. Moretti bramó sin ambages: «Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica». Y, sin mencionar directamente a Caputo, disparó munición gruesa: «Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno». La alusión al ministro fue inequívoca, y el ataque se profundizó cuando señaló que las finanzas personales del funcionario crecieron un 37 por ciento en dólares en un año, mientras que en ese mismo período la deuda argentina aumentaba. «¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?», se preguntó, en clara referencia a la declaración jurada de Caputo, que revela que el 95 por ciento de su patrimonio está radicado en el extranjero.
Otro vicepresidente, Claudio Drescher, empresario textil creador de marcas emblemáticas, sumó su advertencia: «Si el gobierno no cambia, vamos a un país roto». La frase resonó como un presagio en un auditorio que, pese a la gravedad del diagnóstico, mostró una unidad inusual en el reclamo.
Paradójicamente, mientras los industriales se congregaban en Los Polvorines, el presidente Milei y el ministro Caputo participaban en un evento organizado por la fundación Libertad y Progreso, donde, lejos de tender puentes, profundizaron sus críticas al sector fabril. Como si el destino quisiera subrayar el mensaje, una rotura en el techo del Hotel Sheraton provocó una filtración de agua justo en el lugar donde el mandatario debía hablar, una metáfora involuntaria que muchos presentes interpretaron como un augurio.
Lo que quedó en evidencia, al cierre de esta jornada amarga, es que la grieta entre el Gobierno y la industria no es un accidente, sino una fractura expuesta. La salida de la cueva de la moderación por parte de los CEO fabriles no fue un arrebato espontáneo, sino el resultado de una presión ascendente desde las bases, que ven con alarma el desmantelamiento del aparato productivo. El vacío de representación oficial en el acto, sumado a los dardos envenenados desde el Ejecutivo, configuran un escenario de confrontación abierta, donde el diálogo parece ceder paso a la desconfianza mutua. La industria argentina, antaño pilar del desarrollo, asiste hoy a un declive que sus propios protagonistas ya no están dispuestos a callar.
