El presidente destinó más de 30 mil millones de pesos a la inteligencia estatal en medio de la exaltación nacionalista por las islas, mientras los fondos reservados treparon al 20% del presupuesto del organismo. Críticas opositoras y preguntas sin respuesta en el Congreso.
En medio de la oleada de fervor patriótico que despertó la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas, el gobierno de Javier Milei encontró un escenario propicio para impulsar una de sus viejas obsesiones: el engrosamiento de los recursos destinados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Lejos de implicar una ruptura con su discurso inicial de desmantelamiento estatal, el arrebato nacionalista del mandatario se tradujo en un incremento significativo de las partidas presupuestarias para la central de espías, que recibió más de 30 mil millones de pesos en el marco de una readecuación oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026.
Esa norma, publicada apenas horas después de la cadena nacional que la Casa Rosada tituló “Las Malvinas son argentinas”, benefició no solo a la SIDE, sino también al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en los fundamentos del decreto no aparece una vinculación explícita con la cuestión malvinense, sino una vaga referencia a “necesidades vigentes en materia salarial, de inteligencia y erogaciones para el cumplimiento de su cometido”. Pese a ello, desde la propia SIDE se apresuraron a subrayar su compromiso con la soberanía: en su cuenta oficial de X publicaron un mapa del archipiélago con la leyenda “estamos mirando”, mientras que el número dos del organismo, José Lago Rodríguez, difundió un mensaje en el que aseguró que la entidad trabaja a diario para anticipar, identificar y monitorear dinámicas de actores estratégicos en el Atlántico Sur, vinculados con la “ocupación ilegítima” del territorio nacional.
La central de inteligencia, que supo ser disuelta por Milei al comienzo de su gestión para luego renacer bajo la histórica denominación SIDE, no solo participó en los preparativos de la alocución presidencial, sino que también integrará el flamante Consejo de Seguridad Nacional, un espacio que el gobierno presentó como órgano rector de una política de seguridad obligatoria para todo el Estado. Ese protagonismo creciente, según confiaron fuentes allegadas al organismo, se traduce en mayores recursos: apenas un mes atrás, durante el desarrollo del Mundial, la SIDE ya había recibido otra partida extraordinaria cercana a los 50 mil millones de pesos. Con los nuevos desembolsos, el total acumulado en poco más de treinta días supera holgadamente los 80 mil millones.
El diputado Agustín Rossi, quien intervino la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del Frente de Todos, cuestionó con dureza esta política en diálogo con Página/12. “En un gobierno que aplicó la motosierra, la única área que nunca sufrió recortes fue la SIDE. Mientras se desfinanciaron sectores sensibles como educación, salud o asistencia social, la inteligencia no solo se mantuvo incólume, sino que vio multiplicados sus fondos reservados, que pasaron del 4 por ciento en 2023 al 20 por ciento en 2026”, señaló el legislador. Rossi añadió que no existe justificación técnica para tal incremento, dado que la dotación de personal del organismo no ha variado sustancialmente.
Otro dato que despertó sospechas entre los especialistas es que, de los más de 30 mil millones asignados en el último tramo, unos 19 mil millones corresponden a gastos de capital, una partida que podría nutrir los ya abultados fondos reservados con los que cuenta la SIDE, tradicionalmente utilizados como una suerte de caja menor al servicio de intereses políticos y judiciales. El jefe de la inteligencia estatal, Cristian Auguadra, se presentó el 25 de agosto ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), donde recibió cuestionamientos del peronismo por el incremento anual de esos recursos. Según consta en los registros parlamentarios, Auguadra se comprometió a brindar explicaciones por escrito, aunque hasta el momento no habría presentado argumentos convincentes.
La escalada de los fondos reservados bajo la administración de Milei es elocuente: en 2024, cuando el Presidente disolvió la AFI y restituyó la SIDE, ese rubro se duplicó hasta alcanzar el 8% del presupuesto total del organismo; en 2025 saltó al 13%, y para el ejercicio vigente, según el presupuesto aprobado a fines del año pasado, ya representa un quinto de los recursos totales. En el Congreso, algunos legisladores especularon con que el Ejecutivo podría intentar justificar los últimos desembolsos en la visita prevista del Papa León XIV para noviembre próximo, aunque fuentes oficiales aclararon que la responsabilidad primordial en ese operativo recae en el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva.
Más allá de las excusas formales, una fuente con conocimiento del funcionamiento de la SIDE resumió la lógica subyacente: “Solo se justifica un aumento de partidas ante una amenaza”. Sin embargo, el propio titular de la central de espías desmintió ante la CBI la existencia de hipótesis concretas de terrorismo político o extremismo de izquierda, pese a que el gobierno de Milei ha alineado su agenda antiterrorista con la administración de Donald Trump, e incluso llegó a denunciar “actos terroristas” en las calles o a calificar a docentes, estudiantes e investigadores universitarios como supuestos encubiertos. Auguadra también minimizó la probabilidad de un atentado vinculado al yihadismo islámico, lo que deja sin sustento objetivo el incremento presupuestario, según coincidieron varias fuentes parlamentarias.
Para la diputada Myriam Bregman, el refuerzo de la SIDE y de las Fuerzas Armadas responde a una lógica geopolítica más amplia: la de convertirse en el socio más leal de Estados Unidos en la región. “El anuncio de estas partidas está intrínsecamente ligado a la creación del Consejo de Seguridad y a la solicitud de facultades especiales para ese organismo”, afirmó Bregman. La legisladora recordó que el gobierno de Milei ya acordó con Washington el patrullaje conjunto del Atlántico Sur en mayo pasado, y que se ha integrado al programa Escudo de las Américas, en sintonía con la llamada Doctrina Monroe revisitada. “Los incrementos presupuestarios no buscan defender la soberanía argentina, sino cumplir con los mandatos de Trump en la disputa por los estrechos, que implica el desplazamiento de Gran Bretaña”, completó.
Mientras la SIDE se frota las manos ante su creciente protagonismo, la oposición advierte que el traspaso de recursos millonarios a la inteligencia estatal, sin explicaciones claras ni amenazas verificables, consolida un modelo de seguridad que prioriza el gasto reservado por sobre las políticas sociales, y que alimenta una narrativa patriótica que, en los hechos, parece servir más a los intereses de una alianza internacional que a la genuina defensa de la soberanía nacional.
