El intendente de Río Grande, Martín Perez, exigió información oficial sobre el despliegue de efectivos extranjeros en la provincia y puso en duda que se hayan cumplido los mecanismos institucionales que exige la Constitución. El caso, revelado por el medio Agenda Malvinas, involucra a integrantes del Cuerpo de Marines y del Comando Sur de Estados Unidos que operarían junto al Batallón de Infantería de Marina Nº 4 en Ushuaia.
La confirmación de la estadía de uniformados estadounidenses en territorio fueguino encendió una señal de alarma política que el Poder Ejecutivo Nacional deberá atender sin demora. El jefe comunal de Río Grande, Martín Perez, se pronunció públicamente sobre la cuestión y solicitó explicaciones concretas acerca de la llegada de tropas de una potencia foránea a la provincia más austral del país. A través de sus cuentas en redes sociales, el funcionario manifestó su inquietud y remarcó la necesidad de que las autoridades nacionales brinden un informe detallado sobre lo ocurrido. En sus palabras, la sola existencia de personal castrense extranjero en suelo fueguino resulta motivo de zozobra, y agregó que corresponde verificar si esa presencia cuenta con el visto bueno del Congreso, tal como lo ordena la Carta Magna. Asimismo, instó al Ejecutivo a que precise con exactitud la situación que fuera dada a conocer por el medio Agenda Malvinas.
Ese portal fue el que encendió la mecha al difundir que contingentes de entre veinte y treinta integrantes de las fuerzas armadas norteamericanas, vinculados al Cuerpo de Marines y al Comando Sur, se estarían rotando por instalaciones militares de Ushuaia. De acuerdo con esa información, los efectivos desarrollarían tareas de instrucción conjunta con el Batallón de Infantería de Marina Nº 4, además de realizar desplazamientos por sectores de montaña, valles y glaciares. A esto se sumaron imágenes que muestran equipamiento bélico estadounidense en el aeropuerto de la capital fueguina, lo que incrementó la inquietud en el ámbito local.
El planteo central que introduce el intendente no pasa por poner en tela de juicio la cooperación militar que Argentina y Estados Unidos mantienen desde hace años en el marco de distintos ejercicios internacionales. Lo que se busca dilucidar es de qué naturaleza es la presencia actual en Tierra del Fuego y cuál es el respaldo normativo que la sustenta. La Constitución Nacional reserva al Congreso la facultad de autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino, mientras que la Ley 25.880 establece un régimen específico con excepciones determinadas para este tipo de actividades. Por ese motivo, la demanda apunta a conocer el encuadre concreto de esta situación, esto es, quién dio el permiso de entrada, cuál es la misión que cumplen los efectivos, cuánto tiempo piensan quedarse en la provincia, qué instalaciones emplean y qué tareas llevan adelante.
Un territorio estratégico
La relevancia de este asunto trasciende lo estrictamente militar. Tierra del Fuego ocupa un lugar singular en la geopolítica argentina por su posición frente al Atlántico Sur, su nexo con la causa Malvinas y su condición de antesala hacia la Antártida. En ese escenario, Perez reclama que la estadía de militares foráneos no quede reducida a trascendidos periodísticos, sino que se traduzca en información oficial y en un control institucional efectivo. El intendente no aseveró que el despliegue sea contrario a la ley. Su exigencia es puntual: que el Gobierno nacional aclare qué está sucediendo y bajo qué marco normativo se habilitó. La pregunta que permanece abierta, entonces, es quién avaló esta presencia, cuál es su verdadera dimensión y si se respetaron los mecanismos institucionales que prevé la legislación argentina. Para el jefe comunal, en una zona donde la soberanía es un asunto medular, saber quién entra, con qué propósito y con qué autorización no constituye un simple trámite administrativo, sino una pieza clave en la defensa de los intereses nacionales.
