La titular del bloque libertario en el Senado denunció que las modificaciones a la Ley de Discapacidad incluidas en el proyecto no fueron debatidas en la mesa política del Gobierno y advirtió sobre el costo político de la desinformación interna. El texto oficial introduce un giro profundo en el sistema de prestaciones, elimina la compatibilidad entre pensión y empleo registrado y deroga artículos clave de la emergencia en discapacidad.
La interna en La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo de tensión. Patricia Bullrich, quien conduce el bloque libertario en la Cámara alta, manifestó su profundo malestar por las alteraciones que el proyecto de Presupuesto 2027 incorpora en el régimen de discapacidad. Según relató, esas transformaciones nunca fueron puestas sobre la mesa en el ámbito donde se coordinan las decisiones políticas del oficialismo, lo que la tomó por sorpresa.
En diálogo con Radio Rivadavia, la senadora expresó su desconcierto: “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz, y llegó el presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad, que no eran conocidos”. Sus palabras dejaron al descubierto una fisura en la comunicación interna del espacio gobernante.
Bullrich no se limitó a señalar la falta de información. También advirtió sobre las consecuencias institucionales y personales de enterarse por la prensa o por terceros de decisiones que deberían circular primero entre los responsables de las bancadas. “No nos enteramos, es la verdad. Y eso es un tema, porque cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa, que es donde se discuten las cosas, no se entera cómo van a venir. Eso genera que uno llega al Congreso y te dicen, nos estás engañando”, sostuvo con crudeza.
La dirigente ahondó en el impacto que esa descoordinación tiene sobre su propia figura y sobre la relación con sus pares. “No, yo no sabía, o quedás como un tonto o quedás como los que los engañás. Entonces, eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, afirmó, dejando entrever que el episodio podría tener coletazos en el vínculo con el Poder Ejecutivo.
A pesar del enojo, Bullrich reconoció que el asunto de la discapacidad ya venía siendo objeto de negociación en la Cámara de Diputados y que existía un entendimiento político para abordarlo de manera consensuada entre el oficialismo y la oposición. Esa instancia previa, sin embargo, no alcanzó para evitar el malestar en el Senado, que actuará como cámara revisora. “No tanto qué es lo que se está discutiendo ahora, sino qué llega, porque parece que está bastante peliaguda la discusión”, anticipó, dejando flotando la incertidumbre sobre el texto final que arribará a la Cámara alta.
El proyecto de Presupuesto 2027, en tanto, introduce modificaciones de fondo en el régimen de discapacidad. Entre los artículos 36 y 41 se alteran disposiciones de las leyes 24.901 y 27.793, que regulan las prestaciones y la emergencia nacional en la materia. Uno de los cambios más sensibles es el que reemplaza la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social por la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, cuyo monto equivaldría al 70% del haber mínimo jubilatorio. Se trata de un giro que reduce la cobertura y modifica la naturaleza del beneficio.
A eso se suma que el nuevo esquema establece la incompatibilidad de la pensión con cualquier vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado, incluidos los monotributistas. De este modo, desaparece la posibilidad de conservar la prestación mientras se mantiene un empleo registrado de hasta dos salarios mínimos, un derecho que hasta ahora regía.
Otro punto neurálgico aparece en el artículo 39, que transforma el Nomenclador de Prestaciones Básicas. El sistema actual, con valores universales, es sustituido por un mecanismo en el que cada financiador define los aranceles. Para las prestaciones a cargo del Estado nacional, los montos serían fijados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad, con referencia al IPC si no se actualizan en plazo. Además, se suprime el mecanismo de actualización automática vinculado a la movilidad jubilatoria, lo que siembra incertidumbre entre los prestadores.
El texto también deroga artículos clave de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Entre ellos, los que garantizaban la cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones no contributivas y el principio de igualdad de aranceles. La eliminación de esas normas implica un retroceso en la protección de derechos adquiridos y deja sin efecto el traspaso automático de beneficiarios al nuevo régimen, un punto que organizaciones del sector y legisladores de la oposición ya observan con creciente preocupación.
Mientras el debate se desplaza hacia el Senado, la interna libertaria queda expuesta: la jefa de bloque advirtió que corregir estos problemas es urgente, no solo para evitar papelones políticos, sino para sostener la cohesión de un espacio que, en materia de discapacidad, parece haber perdido el rumbo de la coordinación interna.
