La Casa Militar absorbe todas las tareas del predio presidencial, desde la seguridad hasta la cocina y la jardinería, en una medida sin precedentes desde 1976. Mientras el Gobierno invoca razones de seguridad global, circulan sospechas por licitaciones millonarias, filtraciones de información y hasta un presunto malestar con las mascotas del Presidente.
La decisión cayó como un rayo sobre los pasillos de la residencia presidencial. Sin aviso previo ni explicaciones formales, Javier Milei resolvió apartar de sus funciones a todo el personal civil que se desempeñaba en la Quinta de Olivos, un movimiento que reconfigura de raíz el funcionamiento cotidiano del predio y que, según coinciden quienes conocen su historia reciente, no registra antecedentes desde la restauración democrática. A través de un comunicado oficial, desde el Ejecutivo informaron que la Casa Militar asumirá ahora la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial, así como también de las residencias transitorias del mandatario y su familia. La medida, presentada como una reorganización administrativa, implica que los uniformados no solo custodiarán al Presidente —como lo hicieron siempre—, sino que además deberán hacerse cargo de labores que durante décadas estuvieron en manos de civiles, como cocinar, atender la jardinería y ocuparse del mantenimiento general del espacio.
La versión oficial que difundió la Casa Rosada para justificar el desplazamiento apela a una supuesta escalada de la inseguridad a nivel mundial y a la próxima visita del Papa León XIV, prevista para noviembre durante tres jornadas, que demandará un gran despliegue de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial. Según el texto difundido, el objetivo de centralizar las tareas en la Casa Militar es fortalecer la seguridad y, al mismo tiempo, facilitar los procesos administrativos internos, lo que conlleva la eliminación de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. Desde el Gobierno agregaron que la transferencia integral de responsabilidades y bienes se completará en un plazo máximo de sesenta días, en el marco de lo estipulado por la Ley de Defensa Nacional y las facultades de la Casa Militar, y que la iniciativa permitirá reducir la estructura formal y la cantidad de personal que permanece en el predio.
Sin embargo, la explicación oficial no logró acallar el murmullo de versiones que comenzaron a circular en paralelo. Quienes conocen el funcionamiento histórico de la residencia expresaron que desde la recuperación de la democracia nunca ocurrió que todo el personal fuera militar, y el recuerdo más cercano de algo semejante remite a la dictadura de 1976, cuando se priorizaba a los uniformados por sobre los civiles. En ese marco, una fuente consultada fue categórica al señalar que si bien en aquella época el cocinero podía ser militar, que todas las actividades de la Quinta las realicen militares resulta un despropósito que nunca se hizo. Los empleados, por su parte, se enteraron de la noticia sin recibir ningún tipo de explicación. Comentaron que les llamó la atención el ingreso inusual de más militares a lo largo de los últimos días, personal que no es contratado sino que se desempeña en plantas transitorias desde hace más de una década. La residencia del intendente, de hecho, estaría siendo ocupada por un teniente coronel de apellido Velázquez, mientras que en el puesto de intendente se desempeñaba hasta hoy Osvaldo Javier Sosa. El titular de ATE Capital, Daniel Catalano, afirmó que hay diez despedidos, aunque desde el Gobierno aún no lo confirmaron, y denunció que despidieron sin ningún motivo al personal de la Quinta, que los trabajadores se presentaron a su puesto como todos los días y no pudieron realizar sus labores, sin que se les diera ninguna explicación.
Mientras el comunicado oficial intentaba justificar una medida que no tiene antecedentes en la historia reciente, comenzaron a tejerse otras hipótesis sobre el posible origen del despido. Algunos rumores indican que Milei se habría enfurecido por la descompensación de uno de sus perros y habría culpado por ello a un empleado de la Residencia, sospechando que quisieron envenenar a sus mascotas. Desde su círculo íntimo desmintieron esa versión con dureza, asegurando que no fue ese el motivo, aunque sí admitieron que hubo filtraciones de información. A esto se suman sospechas por contrataciones y compras exorbitantes no solo en el área de jardinería de la Quinta, sino también en la adquisición de alimentos, como por ejemplo carne. Hace unos meses se conoció una denuncia de la diputada Marcela Pagano sobre supuestas irregularidades en las licitaciones vinculadas al mantenimiento y la jardinería de la Residencia Presidencial. La legisladora remarcó que Karina Milei firmó una licitación pública, la N° 23-0005-LPU26, por 700 millones de pesos para esas áreas, y agregó que habría estado direccionada para que la ganara Franco Castelli, pariente de una de las colaboradoras más cercanas a la hermana del Presidente, Belén Agudiez, quien se desempeña como Subsecretaria de Planificación General. La licitación habría estado orientada porque quienes se presentaron fueron las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, que según la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia integran el mismo espacio empresarial denominado Grupo Buena Vista SA. A mediados de mayo de este año, la Justicia federal le exigió al Gobierno que entregue el expediente completo, y el fiscal federal Ramiro González solicitó al juez Sebastián Ramos que pida los datos de esa licitación firmada por Karina Milei. En este gobierno no queremos jardineros que se vuelvan millonarios, indicaron a este diario dirigentes que tratan a diario con Milei, dando a entender que ese podría ser uno de los motivos de la decisión, más allá de la versión oficial.
Lo cierto es que la transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar ya está en marcha y se cumplimentará en un máximo de sesenta días, según anunciaron desde Presidencia. La iniciativa implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control, con el argumento de que esa decisión posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece. Mientras tanto, las versiones cruzadas, las denuncias judiciales y el malestar de los trabajadores despedidos siguen alimentando un clima de incertidumbre en torno a una medida que, por su alcance y sus características, marca un quiebre dificilmente comparable en la historia reciente de la residencia presidencial.
