El oficialismo intentaba desactivar la prórroga de la ley 27.793, pero la oposición descubrió que el Presupuesto 2027 deroga artículos clave y desregula el nomenclador de prestaciones. El debate derivó en denuncias por el cierre de centros, el regreso al modelo de pensiones por invalidez laboral y una pregunta incómoda: ¿por qué tanta saña contra las personas con discapacidad?
Lo que prometía ser una jornada de negociación controlada en comisiones terminó convertido en un escenario de acusaciones cruzadas, desconcierto y testimonios desgarradores. El bloque oficialista creía contar con los argumentos y las ideas “superadoras” necesarias para neutralizar la embestida opositora, que buscaba emitir un dictamen para extender la vigencia de la ley 27.793, conocida como la emergencia en discapacidad. Sin embargo, el tablero se dio vuelta cuando desde la vereda contraria se encendieron las alarmas por tres movimientos simultáneos del proyecto de Presupuesto 2027: la desregulación del nomenclador de prestaciones básicas, el retorno al esquema de pensiones por invalidez laboral y la derogación lisa y llana de varios artículos de la propia ley que se estaba discutiendo.
Ese hallazgo hizo trizas la “versión superadora” que prometía el bloque de La Libertad Avanza. Varios de los aliados que hasta entonces acompañaban el nuevo texto empezaron a mirar con desconfianza el rumbo de la discusión. La advertencia fue repetida por distintos oradores: no tiene ningún sentido que la ley de Presupuesto borre con el codo el trabajo que estas comisiones venían haciendo para garantizar la continuidad de la 27.793.
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino, autor de la prórroga, fue quien puso el dedo en la llaga al señalar que el capítulo sobre discapacidad incluido en el Presupuesto cambiaba por completo el eje del debate. Según su lectura, allí se propone destruir la Ley de Emergencia en Discapacidad y, en conjunto, desmantelar todo el sistema de derechos para las personas con discapacidad. “Nosotros veníamos a discutir esto, se hablaba incluso de alcanzar un dictamen con unanimidad; algunos diputados del oficialismo planteaban que iban a proponer un dictamen superador… y nos encontramos con este Presupuesto 2027 que explícitamente deroga numerosos artículos de la ley”, enfatizó.
Las libertarias Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado intentaron contener el desmadre. Llegaron a plantear que el Presupuesto 2027 es un proyecto que todavía puede modificarse en el debate en comisiones y que ese “error” podía corregirse. No lograron convencer a los opositores. Mucho menos a los expositores que, uno tras otro, fueron relatando la malaria que padecen y que, aun así, sostienen el servicio para las personas con discapacidad.
Entre lágrimas, Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad, alertó que cincuenta centros en todo el país ya cerraron sus puertas. Reclamó valores dignos para las prestaciones y pago a término. “No llegamos al 10 de cada mes”, sintetizó. Pero fue más allá: cuestionó la modificación del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral porque elimina del nomenclador la fijación de “valores universales” y, remarcó, viola el espíritu de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, apuntó directamente contra la bancada violeta. “Coordínense más”, les lanzó. Y los chicaneó con una pregunta filosa: “¿Van a desmantelar, o vamos por algo superador a la emergencia?”.
Otro cuestionamiento llegó desde Agustín Rossi, de Unión por la Patria, quien subrayó que no se puede introducir en medio del presupuesto la derogación de leyes de fondo. “Meten en el presupuesto cuestiones de fondo, contradiciendo una buena práctica parlamentaria”, advirtió, al señalar la intención del oficialismo de modificar la ley 24.901 cuando eso debería tratarse por fuera de la ley de leyes. Y cerró con una pregunta que quedó flotando en el recinto: “¿Quién odia tanto a las personas con discapacidad en el gobierno? ¿Por qué tanta saña?”.
