Mientras el Ejecutivo promete recuperación salarial, crecimiento del 4% y superávit fiscal, la inversión en infraestructura cae a niveles nunca vistos: de 83 centavos por cada dólar producido en 2015 a apenas 5 centavos proyectados para el año próximo
El Gobierno nacional proyectó para 2027 una recuperación de los ingresos de los trabajadores por encima del avance de los precios, una expansión de la actividad económica del 4 por ciento y un nuevo ejercicio con cuentas públicas en equilibrio. Sin embargo, ese mismo esquema presupuestario contempla mantener prácticamente congelada la inversión en obras de infraestructura, luego de haberla conducido a su nivel más bajo desde que se tienen registros.
La iniciativa elaborada por el Ministerio de Economía y remitida al Congreso para su tratamiento establece una pauta inflacionaria del 18 por ciento para diciembre del año próximo y un incremento nominal de la remuneración promedio del 25,4 por ciento. De este modo, el poder de compra de los salarios registraría una mejora cercana a los siete puntos porcentuales, consolidando la recuperación que el oficialismo viene anticipando desde hace meses. El ancla central del programa económico continúa siendo el equilibrio de las cuentas del Estado, sostén sobre el cual se apoyan todas las demás proyecciones oficiales.
El contraste más llamativo aparece en el rubro de la inversión pública. La propuesta oficial contempla erogaciones totales consolidadas por 216 billones de pesos, lo que representa un alza del 25,3 por ciento respecto del ejercicio 2026. Del otro lado de la balanza, calcula ingresos por tributos y aportes a la seguridad social por 219,3 billones de pesos, con un aumento del 26,2 por ciento. Ese diferencial permitiría conservar el superávit primario en 1,3 por ciento del Producto Bruto Interno y alcanzar un resultado financiero positivo equivalente al 0,2 por ciento del mismo indicador.
No obstante, el documento no reserva partidas significativas para el desarrollo de obras. La infraestructura continúa siendo la variable de ajuste del programa, tal como ocurre desde el inicio de la gestión. Para dimensionar la magnitud del retroceso basta comparar dos momentos: en 2015 se destinaban 83 centavos a infraestructura por cada dólar generado por la economía, mientras que para 2025 esa proporción se redujo a apenas 5 centavos. La tendencia, lejos de revertirse, se mantendría durante el próximo año.
Los puntos salientes del Presupuesto 2027
Entre los aspectos más relevantes del proyecto sobresale la continuidad del equilibrio fiscal como eje ordenador de toda la política económica. El texto oficial sostiene el superávit primario en 1,3 por ciento del PBI y logra un resultado financiero positivo del 0,2 por ciento, algo poco frecuente en la historia reciente del país. Asimismo, se fija una meta de inflación del 18 por ciento anual, inferior a la de los ejercicios precedentes, y se anticipa un crecimiento económico del 4 por ciento, cifra que duplicaría el ritmo estimado para el corriente año.
En materia salarial, la mejora proyectada del 25,4 por ciento nominal superaría el avance de los precios, lo que implicaría una ganancia real para los trabajadores. Sin embargo, analistas privados advierten que esa recuperación difícilmente se distribuya de manera uniforme entre todos los sectores, y que su concreción dependerá de que se cumplan las metas de inflación y crecimiento, variables que en los últimos años mostraron desvíos recurrentes.
El otro dato sobresaliente es la parálisis de la obra pública. La inversión en infraestructura, que ya venía en caída libre, se mantendría en niveles mínimos históricos. Esto implica que rutas, hospitales, escuelas, redes de agua potable y obras de energía continuarán sin recibir fondos significativos del Tesoro nacional, lo que trasladaría la carga a las provincias y municipios, muchos de los cuales ya advirtieron sobre su incapacidad financiera para asumir esos compromisos.
Un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la inversización productiva
La decisión de sostener el ajuste en la inversión pública responde a una definición política antes que a una restricción contable. El Gobierno considera que el equilibrio de las cuentas estatales constituye la condición indispensable para reducir la inflación y sentar las bases de un crecimiento sostenido. Bajo esa lógica, cualquier expansión del gasto, incluso la destinada a infraestructura, es percibida como una amenaza al objetivo central.
Especialistas en desarrollo económico señalan que esta estrategia tiene un costo elevado en el mediano plazo. La infraestructura constituye uno de los principales determinantes de la productividad, la competitividad y la capacidad exportadora de un país. Sin inversión en rutas, puertos, energía y conectividad digital, las proyecciones de crecimiento del 4 por ciento podrían volverse difíciles de sostener en el tiempo. A esto se suma el deterioro del stock de capital público, que se deprecia año tras año sin reposición adecuada.
Para el año próximo, entonces, el panorama combina una mejora esperada en los ingresos de los trabajadores, un crecimiento económico moderado y un equilibrio fiscal que el oficialismo exhibe como su principal logro. Pero también incluye una infraestructura que seguirá postergada, con obras paralizadas, proyectos sin financiamiento y una brecha creciente respecto de las necesidades del aparato productivo. La discusión en el Congreso definirá si ese rumbo se mantiene sin modificaciones o si el Poder Legislativo introduce cambios en las partidas destinadas a la inversión pública.
