La fuerza denunció a un capitán de navío contador por liquidaciones irregulares que habrían favorecido a su propia esposa con más de cien mil dólares, mientras el ministro de Defensa quedó salpicado por la polémica
Una grave irregularidad sacudió los cimientos de la Armada Argentina en las últimas horas, luego de que trascendiera una maniobra fraudulenta en el área de liquidación de haberes que habría permitido el desvío de sumas siderales de dinero público hacia un entramado de beneficiarios ilegítimos. El protagonista central de este episodio sería el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanassof, quien se desempeñaba al frente de ese sector y fue señalado por la propia institución castrense por haber otorgado adicionales improcedentes a veintitrés individuos, varios de los cuales ni siquiera mantenían vínculo alguno con la fuerza naval.
De acuerdo con la presentación judicial efectuada por las autoridades militares, entre los favorecidos por estas maniobras espurias se contarían cuatro personas completamente ajenas a la Armada, lo que agrava aún más la situación y sugiere la existencia de una estructura organizada destinada a apropiarse indebidamente de recursos estatales. La principal damnificada por este accionar habría sido, paradójicamente, la cónyuge del propio funcionario imputado, identificada como María del Carmen Prieto, quien habría recibido transferencias por encima de los cien mil dólares mediante procedimientos manifiestamente irregulares.
Las estimaciones preliminares permiten calcular que el perjuicio económico ocasionado a las arcas públicas superaría los mil millones de pesos, aunque las cifras definitivas recién podrán establecerse cuando concluya la pesquisa en curso. Este dato revela la magnitud considerable del desfalco y la sofisticación del mecanismo implementado para sustraer fondos durante un período prolongado sin levantar sospechas.
Uno de los aspectos más inquietantes del caso radica en que la detección de las irregularidades no provino de los organismos de control que deberían haber actuado con celeridad, sino de una contadora de jerarquía inferior que advirtió las anomalías en el sistema de pagos. Esta circunstancia pone en evidencia el fracaso estrepitoso de la Auditoría de la Armada, cuya función primordial consistía precisamente en supervisar y validar la correcta administración de los recursos. Los desvíos habrían comenzado a ejecutarse desde el año 2022, lo que implica que transcurrieron varios ejercicios presupuestarios sin que las autoridades competentes detectaran la maniobra.
El segundo frente de conflicto se desató a raíz de que el ministro de Defensa, Carlos Presti, habría tomado conocimiento del escándalo apenas minutos antes de que se formalizara la denuncia penal ante la justicia. Esta circunstancia resultó particularmente irritante para el titular de la cartera, quien habría reaccionado con evidente malestar al enterarse de la magnitud del problema por vías indirectas y a último momento, lo que expone la fragilidad del vínculo que ya venía deteriorándose entre la cúpula naval y el Ministerio de Defensa.
La presentación judicial constituye el primer paso de un proceso que promete prolongarse y que podría derivar en consecuencias disciplinarias y penales para los involucrados. Las autoridades judiciales deberán ahora determinar el alcance preciso de la maniobra, identificar a todos los partícipes necesarios y establecer el destino final de los fondos sustraídos. El caso ha generado un profundo malestar en el ámbito castrense y político, donde se multiplican las exigencias de transparencia y las demandas para que se esclarezcan todas las responsabilidades, tanto de quienes ejecutaron el fraude como de quienes, por acción u omisión, permitieron que se extendiera durante tanto tiempo.
