La fuerza naval investiga una trama de recibos adulterados y cobros fantasma que habría generado un perjuicio superior a los 1.600 millones de pesos entre mediados de 2022 y comienzos de 2026
La Armada Argentina se encuentra sacudida por una presunta estafa de magnitudes extraordinarias que habría tenido lugar en el seno de la fuerza. Tras la denuncia por irregularidades en la liquidación de haberes y viáticos, la institución dependiente del Ministerio de Defensa resolvió separar preventivamente de sus tareas a ocho capitanes de corbeta y a un suboficial, sospechados de participar en una maniobra defraudatoria que, según estimaciones iniciales, habría ocasionado un quebranto cercano a los 938 millones de pesos, aunque fuentes navales elevaron posteriormente esa cifra hasta los 1.600 millones de pesos. El entramado habría involucrado a veintitrés personas y consistía, de acuerdo con la pesquisa, en la alteración de los recibos de sueldos y en la inclusión de gastos inexistentes en los viáticos del personal que se desplazaba al exterior.
Las operaciones fraudulentas se habrían desarrollado a lo largo de casi cuatro años, entre julio de 2022 y enero de 2026. El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, dispuso el pase a disponibilidad de los uniformados implicados, medida que tendrá carácter preventivo y se extenderá hasta que se establezca la eventual responsabilidad disciplinaria de cada uno, en el marco de lo que establece el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. La fuerza informó oficialmente que la decisión alcanza al personal militar involucrado en las actuaciones administrativas iniciadas a raíz de las inconsistencias detectadas en la acreditación de haberes.
Entre los marinos separados de sus funciones se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista de la Armada. Su situación resulta particularmente delicada debido a que su esposa, María del Carmen Prieto, figura entre las beneficiarias de los pagos indebidos, habiendo percibido 152,2 millones de pesos a través de cuarenta y seis acreditaciones en su cuenta bancaria. La denuncia, radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, menciona además a otras tres personas ajenas a la fuerza naval que también habrían recibido sumas millonarias: Andrés Santana, con 99,4 millones de pesos; Amalia Cristina Díaz, con 91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia, con 90,4 millones.
Las maniobras bajo investigación no se limitaron al ámbito doméstico. También se habrían liquidado viáticos falsos por comisiones al exterior, asignando montos en moneda extranjera por misiones que nunca se concretaron o continuando con los pagos una vez finalizadas las travesías. Asimismo, se examina la utilización de números de CUIL correspondientes a personal retirado o dado de baja para concretar los denominados cobros fantasma. Otro de los mecanismos detectados son los llamados suplementos con retorno, que consistían en liquidar asignaciones por horas extras o especialidades —como las tareas de buceo— a personas que no las realizaban, para luego exigirles la devolución de la mitad del dinero percibido.
La investigación incluye un episodio que habría ocurrido cuando una teniente de navío advirtió las irregularidades. Según trascendió en el edificio Libertad, sede de la Armada, la oficial habría recibido una oferta de dinero para que se abstuviera de informar el fraude a sus superiores. La fuerza señaló que las actuaciones administrativas se pusieron en marcha después de que se detectaran inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos, mientras que la denuncia penal continúa su curso en la Justicia y la pesquisa interna sigue avanzando. En su comunicado, la Armada reafirmó su política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la institución y que pueda menoscabar su prestigio y buen nombre.
