El proyecto ingresó por Diputados y contempla la derogación de la ley que sanciona a las petroleras que operan ilegalmente en las islas. Distintos bloques advierten que solo un tercio del articulado se refiere a la Causa Malvinas y que el resto responde a compromisos asumidos con Estados Unidos en materia de seguridad hemisférica.
La iniciativa oficialista denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comenzó su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados, donde deberá someterse a debate. Lejos de concentrarse en la reivindicación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, el texto despertó sospechas en buena parte del arco opositor, que sostiene que la norma contiene escasas referencias al reclamo soberano y, en cambio, incorpora numerosas atribuciones que podrían erosionar el consenso democrático construido tras la última dictadura militar.
La preocupación central que expresaron legisladores de diferentes espacios es que el nuevo marco normativo podría terminar favoreciendo a las compañías que invirtieron capitales para explotar hidrocarburos en el archipiélago de manera ilegal, sobre todo si prospera la derogación de la Ley 26.659. Esa norma es precisamente la que impone sanciones a las empresas que desarrollan actividades de exploración y explotación en la plataforma continental argentina sin autorización. La oposición advirtió que el proyecto no aclara qué sucederá con las penalidades ya aplicadas ni con las compañías actualmente alcanzadas por esas medidas.
A pesar de que el presidente Javier Milei convocó públicamente a “toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso”, los bloques opositores no fueron convocados para iniciar el debate. El giro oportunista del mandatario volvió a colocar la Causa Malvinas en la agenda pública, pero el cuerpo del proyecto que envió quince días después de la cadena nacional poco tiene que ver con un endurecimiento de las sanciones ni con la reivindicación de la soberanía sobre las islas.
Tanto el peronismo como la Coalición Cívica alertaron sobre los posibles efectos de derogar la ley vigente sin precisar qué ocurrirá con las sanciones ya aplicadas. “¿En qué situación quedan las empresas actualmente sancionadas por la Ley 26.659 si esta se deroga?”, cuestionó el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. El proyecto no contiene respuesta alguna a ese interrogante. Por el contrario, el régimen de desistimiento y regularización que incorpora podría convertirse en “un régimen de blanqueo que las termine beneficiando”, advirtió un legislador en diálogo con este diario.
Un articulado con “caballos de troya”
En Unión por la Patria recibieron la iniciativa con “una mirada absolutamente crítica”. Durante una reunión de bloque realizada el viernes por la tarde, los diputados repasaron los puntos más conflictivos del texto. Entre ellos, la percepción de que se trata de “una ley ómnibus” con “varios caballos de troya”. Según el análisis de esa fuerza, de los 133 artículos que componen el proyecto, solo el 30% tiene relación con Malvinas y con las sanciones. El resto introduce modificaciones a la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia Nacional.
“Borra el límite entre Defensa y Seguridad Interior”, explicaron los legisladores, aludiendo a pilares construidos después de 1983 para subordinar el instrumento militar al poder político democrático. Pero también aparecen condicionamientos a la libertad de expresión y nuevas sanciones al financiamiento del terrorismo, sin mencionar al Reino Unido ni a la ONU, que son el marco donde debería reforzarse el reclamo. “Parecen querer congraciarse con la agenda de Marco Rubio y Donald Trump”, señalaron.
En efecto, gran parte de las medidas incluidas en la iniciativa que nada tienen que ver con la Causa Malvinas son compromisos que se fueron acordando en el Escudo de las Américas. El proyecto busca adaptar la legislación interna a la estrategia de seguridad hemisférica impulsada por Estados Unidos y ampliar las facultades del Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, la SIDE y el nuevo Consejo de Seguridad Nacional, del que no forma parte el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva.
Por caso, los compromisos asumidos en la reunión convocada por Marco Rubio sobre “terrorismo político” en julio de este año aparecen reflejados en el nuevo RePET, el registro que permite incorporar personas o entidades cuando existan “motivos razonables para sospechar” su vinculación con el terrorismo, congelar inmediatamente sus bienes y prohibirles operar o contratar al Estado, sin necesidad de una orden judicial. El diputado Juan Marino elaboró un informe que detalla el correlato entre las acciones de política de seguridad hemisférica de los Estados Unidos con participación argentina y el articulado del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El oficialismo y sus aliados
El oficialismo enviará el texto a las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal. Si bien la nota que se publicó junto con su presentación incluyó un llamado a “poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso”, la oposición apenas fue notificada del ingreso.
En otras fuerzas, como Provincias Unidas, consideraron “aberrante la doctrina de espiar a todos con cualquier excusa”. Advirtieron que “no vamos a permitir que usen Malvinas como excusa para concentrar poder y avanzar sobre nuestras libertades”, dijo el diputado Esteban Paulón. En el PRO están “90% adentro”, según confió una espada parlamentaria de ese espacio a este diario. Un informe preliminar de la Fundación Pensar al que accedió Página/12 es favorable al proyecto. No formula críticas jurídicas ni políticas relevantes. Funciona más como una presentación y justificación de la ley que como un análisis independiente. Nada dice sobre la concentración de facultades del Presidente y el Consejo de Seguridad Nacional ni sobre la ampliación de la intervención de las Fuerzas Armadas frente a amenazas no estatales y en infraestructuras críticas. En el MID preparaban un comunicado, pero todavía no tenían precisiones.
El Senado y la paralización del Consejo de Malvinas
En la Cámara alta, el senador peronista Jorge Capitanich presentó un proyecto para crear “la Comisión Bicameral Permanente de Control, Seguimiento y Estrategia sobre la cuestión Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur, como órgano de control parlamentario”. Si bien diputados y senadores del PJ coincidieron en la necesidad de articular una posición conjunta, aún no está definido si el ámbito será a través de una comisión u otro. “Todo está sometido a debate, hay que ver cuál es la mejor arquitectura”, dijeron desde el Senado.
Varios legisladores, en diálogo con este diario, recordaron la existencia del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, creado por ley en 2020 como un espacio destinado a contribuir al diseño y la implementación de políticas de Estado. Sin embargo, ese organismo está paralizado desde agosto de 2024. Es por eso que llama la atención que el gobierno invoque la centralidad de la Cuestión Malvinas para promover iniciativas de amplio alcance mientras permanece inactivo el órgano plural creado por ley para elaborar consensos y asesorar al Poder Ejecutivo en esta materia.
