La fiscalía porteña imputó a Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, y a otros cuatro referentes del universo digital mileísta por amenazas, instigación a cometer delitos e intimidación pública contra el legislador socialista. La causa revela un entramado de hostigamiento sostenido que incluye acusaciones de pedofilia y vínculos con el narcotráfico.
La justicia de la Ciudad de Buenos Aires avanzó esta semana sobre un grupo de figuras prominentes del ecosistema digital libertario, quienes debieron comparecer ante el Ministerio Público porteño para ser indagados por una serie de delitos que incluyen amenazas, instigación a cometer ilícitos, intimidación pública, apología del crimen y actos discriminatorios. Entre los citados se encuentra Daniel Parisini, el influencer conocido popularmente como el Gordo Dan y socio fundador del canal de streaming Carajo, quien se presentó acompañado por Mariano Pérez, otro de los implicados. Ambos unificaron sus defensas con la convicción de que su posición resulta más sólida que la del resto debido al tenor de sus manifestaciones.
El trámite judicial estuvo signado por momentos de marcada tensión. Según reconstruyó el diario Página/12, uno de los episodios más álgidos se produjo cuando un empleado de la fiscalía les indicó que debían dirigirse a otro piso para que les tomaran el registro de las huellas dactilares, un procedimiento que en la jerga policial se conoce como tocar el pianito y que, para quienes acostumbran construir una realidad paralela, operó como un abrupto golpe de realidad. Otro instante complicado lo protagonizó el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, quien también figura entre los acusados y que en el pasado propuso arrojar napalm en el conurbano bonaerense. Sarubbi Benítez armó una escena de escándalo al llegar contra la fiscal Celsa Ramírez y luego se negó a firmar la restricción de acercarse y mencionar por cualquier vía al denunciante, el diputado socialista Esteban Paulón, activista por los derechos del colectivo LGBTQ+, a quien se refirieron como pedófilo y vincularon con el narcotráfico en diversas plataformas digitales y redes sociales.
La jornada del jueves tuvo como protagonistas a Parisini y a Pérez, quienes ingresaron a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Este último generó un entredicho con la querella cuando, pese a las restricciones impuestas, se puso a filmar en el pasillo un video en el que sostenía que los acusados son gente común perseguida por el poder. El viernes fue el turno de Sarubbi Benítez, abogado en Argentina del consultor detenido en Bolivia por intento de femicidio, Fernando Cerimedo, quien además de llamar la atención en el despacho tuiteó contra la fiscal. También compareció Mariano Pazos. El quinto imputado citado a indagatoria es Nicolás Márquez, conocido como el biógrafo de Javier Milei, a quien el personal de la fiscalía todavía no ha logrado notificar en los domicilios que tiene registrados.
La imputación elaborada por la fiscal Ramírez, a la que accedió este diario, sostiene que los acusados han realizado distintas expresiones amenazantes e intimidantes en detrimento de la figura pública del Diputado Nacional Esteban Paulón. Se les atribuye haber efectuado, de manera continua, diferentes manifestaciones a través de publicaciones, tuits, comentarios y reacciones en distintas plataformas digitales, como la red social X y algunos canales de streaming en YouTube como Carajo y El Faro, Argentina será Próspera. En esos espacios acusaron al diputado Paulón de pedófilo y de tener vínculos con el narcotráfico, exponiéndolo de tal modo a sufrir un escarnio público y, por ende, a un menoscabo de su honor y, principalmente, de su integridad física.
El dictamen señala que se trata de manifestaciones con una clara intención de estimular y promover, de manera pública, a otras personas a cometer actos de agresión física contra Paulón, quien ha sido estigmatizado y discriminado por su orientación sexual, su perfil político y su labor como gestor y promotor de políticas públicas en favor de las minorías sexuales, además de su activismo por los derechos del colectivo LGBTQ+ y su participación en programas de acompañamiento de infancias trans. Ramírez puso énfasis en el hostigamiento sostenido en el tiempo y el temor que genera en la víctima, incluso a perder su vida por la repercusión pública, de ahí que se les endilgue a los influencers los delitos de incitación al odio y a la violencia colectiva.
Este grupo de exponentes del ecosistema digital libertario acumula denuncias penales, aunque la mayoría quedan estancadas, ya sea por la cantidad de escollos procesales que van sembrando en el camino o porque no todos los fiscales están dispuestos a analizar el efecto en conjunto de los ataques por redes y plataformas, limitándose a publicaciones aisladas. Sarubbi Benítez, por ejemplo, recusó a la fiscal Ramírez en todas las causas en su contra que ella tiene a cargo, como las impulsadas por la diputada Marcela Pagano y el periodista Pablo Duggan. Este viernes, con la misma metodología por la que se lo investiga, publicó un extenso posteo para cuestionarla y acusarla de violadora de derechos y garantías.
Frente a la denuncia de Paulón, la fiscalía hizo un análisis de todo lo dicho por los libertarios imputados, ligados a la agrupación conocida como Las fuerzas del Cielo, que se expandió bajo el ala de Santiago Caputo. Sus mensajes en general se caracterizan por atacar la homosexualidad y el feminismo, bajo la lógica de lo que llaman la batalla cultural. El problema es que promueven odio y violencia, entre otras cosas, y de ahí las imputaciones penales. Las menciones sobre Paulón en particular se remontan a 2024 y recrudecen en 2025 y, por sus características, traen a la memoria el discurso de Milei en el Foro Económico Mundial en Davos en enero del año pasado. Allí dijo que en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, algo que asoció con la homosexualidad al citar el caso de una pareja gay condenada por abuso en Estados Unidos.
El diputado se decidió a recurrir a tribunales después de una emisión en Carajo de mediados de 2025 donde lo llamaban pedófilo. Esa es la palabra, la misma que había usado el Presidente, que repiten de manera provocadora una y otra vez en otros lugares, como El Faro, y en especial en X. Agregan y reiteran degenerado, lo acusan de querer amputar los genitales a niños, de usar a niños como excusa de sus perversiones, de publicar conductas que contagian el VIH y le dicen Sida para vos. Se burlaban, además, de la denuncia penal por la que ahora tienen que rendir cuentas.
Ninguno de los cuatro libertarios que se presentaron a la indagatoria aceptó responder preguntas de la fiscalía. Parisini y Pérez presentaron descargos escritos, una posibilidad que tienen, donde introducen un previsible argumento de que todo lo que dicen es en uso del derecho a la libertad de expresión. Para Ramírez existe un límite y es el que aparece cuando se pueden configurar ciertos delitos; los que ella decidió adjudicarles son algunos graves. La instigación a cometer delitos y la intimidación pública, por ejemplo, prevén penas de hasta seis años de prisión, lo que podría a la larga llevar a una pena de cumplimiento efectivo. Lo mismo el artículo 3 de la ley que castiga los actos discriminatorios, que prevé hasta tres años de prisión. Habrá que ver, más adelante, la posición del juez penal, contravencional y de faltas Agustín Riggi.
Existen antecedentes de condenas por este tipo de violencia, como en el caso de otro influencer libertario, Emmanuel Dannan, denunciado por una mujer trans y por la periodista Marina Abiuso. En el primer caso se le impuso una multa. En el segundo, tareas comunitarias. En ambos se estableció la prohibición de nombrar o referirse a las víctimas. La causa impulsada por Paulón revela una trama, un sistema que se potencia por el funcionamiento en conjunto y en el tiempo.
La fiscalía pidió informes técnicos a organizaciones. Amnistía Internacional advirtió que las expresiones y las conductas investigadas configuran violencia de género facilitada por las tecnologías de la información y la comunicación; se insertan dentro de un contexto de creciente deshumanización, violencia y discriminación hacia las personas LGBIT+; y generan para el Estado la obligación reforzada de investigar estos hechos. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans detalló la existencia de dolo e intención de incitar al odio y la violencia, el uso deliberado de estereotipos estigmatizantes; además, analizan ese discurso, caracterizado por el odio y la violencia, en un contexto hostil hacia la comunidad LGBTI+ sin intención de debate, sino de reforzar patrones de segregación, amenaza y violencia. Agregan el impacto en la vida pública, la integridad física y el ejercicio de derechos.
