La paritaria universitaria volvió a fracasar tras la negativa oficial a recomponer los haberes. Con un atraso superior al treinta por ciento, el sector académico anunció un paro nacional para el martes y una nueva movilización federal para el 15 de octubre, mientras el presupuesto 2027 profundiza el desfinanciamiento estructural.
La reunión paritaria entre el Poder Ejecutivo y los representantes de las casas de altos estudios concluyó esta semana sin avances concretos, reproduciendo un guion que ya se ha vuelto habitual. Los funcionarios del oficialismo insistieron en sostener que la situación se encuentra dentro de los márgenes legales, pese a que la Ley de financiamiento aprobada por el Congreso hace casi un año establece una deuda que supera el treinta por ciento con los trabajadores del sector. La falta de respuestas concretas derivó en una medida de fuerza el viernes pasado y en una nueva huelga programada para el próximo martes en todas las universidades nacionales, mientras que la Universidad de Buenos Aires optó por escalar el conflicto con un plan de acciones que se extenderá por veintitrés días.
Una oferta que profundiza la brecha
Durante el cuarto intermedio de la semana pasada, las autoridades desaprovecharon la oportunidad de acercar posiciones y reiteraron el mismo tres por ciento de aumento que ya habían presentado a comienzos de septiembre. Se trata de una propuesta que había sido rechazada con anterioridad y que, frente a un desfasaje acumulado cercano al treinta y dos por ciento, resulta claramente insuficiente. Los integrantes de la comunidad universitaria no ahorraron calificativos para describir la actitud del Gobierno, señalando que constituye una falta de respeto, un atropello y una burla hacia quienes sostienen el sistema educativo.
Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, fue categórica al afirmar que lo ocurrido quedará registrado como una de las páginas más oscuras de la historia educativa nacional. Según sus declaraciones, las autoridades convocan a los gremios para repetir consignas ya conocidas, con un tono que no se corresponde con el marco que debería regir una discusión paritaria seria.
Consecuencias de un ajuste sostenido
El impacto de esta política se traduce en un deterioro profundo y sostenido. En los últimos tres años, las universidades han perdido aproximadamente diez mil docentes que abandonaron las aulas, la investigación científica se ha resentido de manera particular y la infraestructura continúa deteriorándose sin perspectivas de mejora. El orgullo que el país exhibe a nivel internacional en materia académica comienza a resquebrajarse ante la falta de recursos.
Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, calificó el encuentro como un fracaso total, destacando que la propuesta oficial ni siquiera alcanza a recuperar la inflación registrada desde junio, cuando se otorgó el último incremento. Como consecuencia, el frente sindical resolvió un paro de veinticuatro horas para el viernes y otro para el martes, al tiempo que se acordó la realización de una nueva marcha federal para el 15 de octubre, cuya ubicación aún se debate entre la Plaza de Mayo, los Tribunales o el Congreso.
Alejandra Zinni, rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, expresó su expectativa de que la movilización sea multitudinaria y que la sociedad argentina brinde una vez más el respaldo incondicional que históricamente ha demostrado hacia las instituciones universitarias. Chevalier reforzó esa idea al señalar que, pese al cansancio y la angustia que genera no llegar a fin de mes, la supervivencia del sistema depende de la unidad de todos los espacios, y confió en que la población acompañe para demostrar que las universidades constituyen un patrimonio que no debe perderse.
Un horizonte presupuestario alarmante
La disputa por el financiamiento no se limita al presente, sino que se proyecta con especial crudeza hacia el futuro. El Ejecutivo presentó el borrador del presupuesto para 2027, el cual vuelve a quedar muy por debajo de las necesidades planteadas por los rectores. Mientras las casas de estudio solicitan once billones de pesos, el Gobierno está dispuesto a asignar siete billones y medio, lo que representa una diferencia cercana al treinta y dos por ciento. Esta brecha coloca a las instituciones al borde del cierre y reaviva el fantasma de suspender el dictado de clases durante el primer cuatrimestre del próximo año, ya que apenas alcanzaría para cubrir salarios, sin fondos para funcionamiento, servicios básicos ni actividades esenciales.
Si se compara con lo ocurrido en décadas anteriores, el presupuesto destinado al sector universitario representa apenas el cero coma cincuenta y tres por ciento del producto bruto interno, muy por debajo del cero coma ochenta y siete por ciento que representaba en 2015. De confirmarse estas cifras, los gastos de funcionamiento disminuirían a la mitad y las becas se reducirían en un setenta por ciento respecto de 2023. Zinni sintetizó el malestar señalando que se acumulan más de trescientos treinta días sin que se cumpla la Ley de financiamiento, y que el proyecto presentado expresa un desconocimiento profundo del sistema de educación superior, constituyendo un cachetazo a la universidad pública y a las posibilidades de movilidad social ascendente.
Ciencia y tecnología, las áreas más castigadas
El sector científico y tecnológico enfrenta un panorama igualmente sombrío. Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, la proyección oficial para 2027 representará apenas el cero coma diecisiete por ciento del producto bruto interno, muy lejos de la meta del cero coma cincuenta y nueve por ciento que establece la Ley de financiamiento. La pérdida acumulada asciende a diecisiete billones de pesos, y los organismos más afectados desde 2023 incluyen al Conicet, con un recorte del cuarenta por ciento, la Comisión Nacional de Energía Nuclear, con la mitad de su presupuesto, el INTI, con una reducción del sesenta por ciento, el INTA, con un cuarenta y siete por ciento menos, y el Servicio de Meteorología Nacional, que sufrió un ajuste del cuarenta y tres por ciento.
Daniel Filmus, exministro de Educación y de Ciencia y Tecnología, sostuvo que las medidas adoptadas trascienden una simple política de ajuste y constituyen una decisión deliberada de destruir las capacidades científicas y universitarias del país. Vinculó esta estrategia con iniciativas como el RIGI, cuyo objetivo sería adquirir paquetes tecnológicos llave en mano sin que los cerebros argentinos aporten valor a través de la investigación y el trabajo propio. Subrayó además que no se trata únicamente de reducir recursos, sino de atacar sectores estratégicos donde Argentina ha alcanzado mayor desarrollo, como el área satelital, la nuclear y la biotecnología.
La calle como escenario de disputa
Con la nueva marcha federal, la comunidad universitaria busca instalar el tema en la agenda pública y demostrar una vez más que la sociedad respalda el reclamo. Mientras tanto, el Ejecutivo parece apostar a desgastar la protesta y desarticular la estrategia conjunta, dilatando cualquier solución que permita cumplir con una norma que fue votada en dos oportunidades por el Congreso y validada por todas las instancias judiciales. En tanto, la Justicia podría arrojar novedades la próxima semana, ya que fuentes confirmaron que se espera un fallo favorable a las universidades respecto del fondo de la cuestión, luego de que la cautelar que afecta a los artículos vinculados a la actualización de salarios y becas concluyera con una intimación al Gobierno para que cumpla.
La UBA, por su parte, anunció un esquema de paros rotativos que comenzará el lunes con el rectorado, continuará el martes con la Facultad de Medicina, el miércoles con Arquitectura y Diseño, el jueves con Farmacia y Bioquímica, y el viernes con Ingeniería, extendiéndose hasta el 22 de octubre con el reclamo de las distintas dependencias y facultades.
