La Secretaría de Cultura que conduce Leonardo Cifelli irrumpió sin aviso previo en el Espacio Memoria y se llevó una de las enseñas izadas durante el Operativo Cóndor de 1966, desatando una nueva polémica por la censura de episodios vinculados a la causa nacional
En una jornada cargada de simbolismos contradictorios, mientras el mandatario Javier Milei proclamaba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que la disputa por las islas del Atlántico Sur constituye una causa irrenunciable para todos los argentinos, su propia administración ejecutaba una maniobra que muchos interpretan como un acto de silenciamiento de la memoria colectiva. La Secretaría de Cultura, bajo la órbita de Leonardo Cifelli, desplegó personal en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, emplazado en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, con el objetivo de descolgar una de las siete insignias patrias que fueron plantadas en suelo malvinense durante la denominada Operación Cóndor, acontecida el 28 de septiembre de 1966. Esta pieza, que permanecía en exhibición dentro del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur desde 2014, representa uno de los vestigios más elocuentes de la resistencia argentina por la soberanía austral.
La acción, ejecutada de manera sorpresiva y sin comunicación previa, generó inmediata repercusión entre quienes defienden la preservación de estos símbolos históricos. Voceros de la dependencia oficial justificaron la medida alegando un supuesto proceso de revisión de contenidos, con el argumento de que ningún episodio político de carácter coyuntural debe ocupar el espacio que le corresponde a la cuestión histórica y soberana. Sin embargo, esta explicación no conformó a los sectores que ven en estas decisiones un patrón sistemático de vaciamiento de aquellos relatos que no se alinean con la visión oficialista del pasado. No se trata, en efecto, de la primera ocasión en que las autoridades designadas por el actual gobierno intervienen espacios y muestras que consideran discordantes con su interpretación de los acontecimientos.
El episodio adquiere una dimensión particularmente sensible porque la bandera retirada no es un objeto cualquiera, sino un testimonio material de una de las gestas más audaces y menos conocidas de la historia reciente. Durante aquel septiembre de 1966, un grupo de dieciocho jóvenes argentinos desvió un avión de Aerolíneas Argentinas con rumbo a las islas y, una vez en tierra, izó siete banderas nacionales como afirmación concreta de la soberanía. Edgardo Esteban, veterano de la Guerra de Malvinas, rememoró con precisión aquel suceso, subrayando que aquellos compatriotas reafirmaron con su arrojo el derecho argentino sobre el archipiélago. La enseña que ahora fue descolgada constituía, precisamente, uno de esos siete estandartes, conservado durante una década como pieza central de la muestra.
La coincidencia temporal entre el discurso presidencial en el cónclave internacional y la sustracción de la bandera en el museo no pasó inadvertida. Mientras el jefe de Estado invocaba la causa nacional ante el auditorio mundial, su propio aparato burocrático procedía a desmantelar parte del acervo que da sustento material a esa misma causa. Esta contradicción, señalada por diversos observadores, alimenta la sospecha de que el discurso soberanista carece de correlato en las políticas concretas de preservación de la memoria. El Museo Malvinas, ubicado en un sitio cargado de significación por su pasado como centro clandestino de detención, se convierte así en escenario de un nuevo conflicto entre la retórica oficial y las acciones de gobierno.
Fuentes consultadas por este medio indicaron que el operativo se desarrolló con celeridad y sin mediar explicaciones a los responsables del espacio. La bandera fue removida de su soporte y trasladada a dependencias de la Secretaría de Cultura, donde permanecería bajo resguardo mientras se completa la revisión anunciada. Trabajadores del museo manifestaron su consternación ante lo que consideran un atropello a la labor de conservación y difusión que venían desarrollando. La pieza retirada no solo tenía valor histórico, sino que funcionaba como anclaje emocional para visitantes y familiares de los protagonistas de aquella epopeya.
El Operativo Cóndor, como se conoció a aquella acción, constituye un hito en la prolongada reivindicación argentina sobre las islas. Los jóvenes que participaron arriesgaron sus vidas para dejar constancia física de la pertenencia austral. Las siete banderas izadas aquel día se convirtieron en emblemas de una causa que trasciende gobiernos y épocas. La que ahora fue retirada había sido donada al museo en 2014, en un gesto que buscaba mantener viva la llama de aquel acto de coraje. Su ausencia deja un vacío en el relato expositivo y priva a las nuevas generaciones de un contacto directo con ese legado.
La decisión de la Secretaría de Cultura se inscribe en una serie de intervenciones similares que han afectado a otros espacios de memoria en los últimos meses. Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de veteranos han denunciado en repetidas ocasiones lo que perciben como un intento de reescribir la historia reciente, eliminando aquellos episodios que no encajan en la narrativa oficial. El Museo Malvinas, por su ubicación y por su contenido, se ha convertido en un blanco recurrente de estas políticas. La bandera retirada es, en este contexto, mucho más que un paño: es un símbolo de resistencia frente al olvido.
Mientras tanto, la causa Malvinas sigue siendo invocada en foros internacionales y actos oficiales, pero su sustento material y testimonial es objeto de un desmantelamiento silencioso. La contradicción entre el discurso y la práctica plantea interrogantes sobre la verdadera voluntad de preservar la memoria soberana. El retiro de la bandera del Operativo Cóndor no solo borra un objeto, sino que intenta borrar una historia. Y esa historia, como tantas otras, resiste en la conciencia de quienes lucharon y de quienes siguen reclamando justicia y reconocimiento.
