Tras las críticas de Patricia Bullrich y aliados, el oficialismo presentó un despacho de mayoría que retoma los ejes de la ley 27.793 pero elimina la figura de la emergencia. La oposición denuncia un “plan recalculando” y busca prorrogar la norma vigente, mientras el Gobierno asegura que su propuesta es “superadora”.
En un viraje político de ciento ochenta grados, La Libertad Avanza sorprendió en la Cámara de Diputados al impulsar un dictamen de mayoría que recupera los pilares centrales de la Emergencia en Discapacidad, aunque suprime precisamente esa condición. La maniobra legislativa, concretada en un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, contó con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical y espacios aliados, y reunió cuarenta y dos rúbricas. De este modo, el oficialismo logró imponer su texto sobre la prórroga de la ley 27.793 que promueve el arco opositor.
El cambio de rumbo se produce luego de los severos cuestionamientos formulados por la senadora Patricia Bullrich y por diversos socios políticos, quienes advirtieron que el Ejecutivo no solo se negaba a cumplir con la norma vigente, sino que incluso había propuesto derogar parte de sus artículos en el Capítulo VI del Presupuesto 2027. Fuentes parlamentarias vincularon el giro con la reciente visita del Papa León XIV, cuya agenda pastoral incluyó una recorrida por el Hogar Don Orione, una institución directamente afectada por la falta de aplicación de la ley. Ante ese escenario, el Gobierno buscó ofrecer respuestas tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores mediante un texto que, según sus defensores, “es superador a la Emergencia”.
La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo que el dictamen “reafirma” los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que procura “políticas estables”, en contraposición a lo que considera una emergencia. La legisladora recibió una dura réplica del santafecino Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, quien le recordó las razones que motivaron la sanción de la ley 27.793. “La emergencia nace porque en 2024 el presupuesto estaba prorrogado y, al empezar a transitar el 2025, el colectivo de discapacidad nos viene a decir que el financiamiento que tenían era un desastre”, enfatizó.
Desde la oposición calificaron a los libertarios de “contorsionistas” y hablaron de un “plan recalculando” por parte del Gobierno. El propio Martínez criticó con dureza que el oficialismo no haya presentado proyectos para aliviar la situación del colectivo. “No hay ningún expediente en trámite”, sentenció. Los bloques que impulsan la continuidad de la ley vigente insistirán en llevar al recinto su propio despacho de minoría para extender la norma 27.793, con la intención de tratarlo el próximo 7 de octubre, aunque todavía no reunieron los votos necesarios.
La jujeña María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, fue la primera en advertir el viraje libertario y cuestionó que el despacho oficialista no provenga de un proyecto presentado en la Cámara baja ni guarde relación expresa con la continuidad de la norma que se pretende extender. “Si hay un proyecto distinto, debe seguir el trámite parlamentario”, remarcó. En la misma sintonía, Germán Martínez apuntó que “no hay ningún expediente con estado parlamentario donde algún diputado o diputada libertaria haya expresado ese contenido” y agregó que ahora “aparecen obligados por las circunstancias y quieren hacer creer como una propuesta superadora algo que jamás escribieron y en lo que no creen”.
Zigarán también subrayó la necesidad de debatir “mejoras” que actualicen las leyes marco de discapacidad, pero por fuera de la Emergencia que se busca prorrogar y una vez aprobado el Presupuesto. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Discapacidad, Juan Marino, de Unión por la Patria, definió la prórroga como “un compromiso con las personas con discapacidad y un pedido de las organizaciones”. Se mostró escéptico respecto del cumplimiento real de la propuesta oficialista y recordó el veto presidencial, las coimas en la ANDIS y la reciente renuncia de Alejandro Vilches en la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Las firmas para el dictamen de mayoría se obtuvieron después de la reunión del martes pasado, en la que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, conversó con legisladores de bloques aliados para explicar la nueva propuesta. Así, el bloque libertario consiguió el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical y el MID, y sumó las adhesiones de la sanjuanina Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, y de la neuquina Karina Maureira. En tanto, el misionero Oscar Herrera Ahuad y el salteño Bernardo Biella, de Argentina Federal, firmaron en disidencia. La disputa por la ley de discapacidad promete un nuevo capítulo de alta tensión en el recinto.
