Magistrados, organismos de derechos humanos y entidades de protección de la niñez se pronunciaron contra la ofensiva del Gobierno y advirtieron que se trata de un “linchamiento público”. La difusión de los datos del juzgado sumó un nuevo capítulo de hostigamiento.
En un contexto de creciente hostilidad política y mediática, la jueza Laura de Marinis, titular del Juzgado N°3 en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, continúa recibiendo muestras de adhesión provenientes del ámbito judicial, de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de entidades abocadas a la protección de niños, niñas y adolescentes. La magistrada se encuentra en el centro de una controversia desatada a partir de su decisión de declarar inconstitucional y no aplicar la reducción de la edad de punibilidad en el caso de un adolescente de catorce años.
Cerca de un centenar de jueces suscribieron un documento en el que respaldan a la jueza y rechazan la denuncia que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante el Consejo de la Magistratura. En tanto, diversas organizaciones calificaron los embates como un “linchamiento público”. Lejos de amainar, la estrategia de intimidación escaló en las últimas horas con la divulgación de la dirección y el teléfono del despacho de la magistrada.
Los noventa y un jueces firmantes del comunicado expresaron “el más enfático repudio y profunda preocupación frente a las expresiones de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires –con repercusiones en ámbitos políticos y periodísticos— con motivo de la decisión”. Los magistrados sostuvieron que la jueza actuó amparada en el derecho constitucional y convencional, y recordaron que “la magistrada ejerció el control de constitucionalidad y convencionalidad que la Constitución Nacional confiere a todo juez”. Añadieron que “las mínimas condiciones de vigencia del Estado de Derecho y la forma republicana de gobierno –que comprende el principio de la división de poderes– imponen el respeto de las decisiones que, con base constitucional, adoptan los jueces y las juezas en ejercicio de la magistratura y en las causas de su competencia”.
En esa misma dirección, los firmantes subrayaron que la vía idónea para impugnar el fallo no es el juicio político sino el camino judicial, como de hecho ocurrió con la apelación ya interpuesta por el Ministerio Público Fiscal porteño. Fuentes con acceso al expediente señalaron que resulta difícil que el pedido de jury prospere en el Consejo de la Magistratura, dado que el oficialismo porteño no contaría con los apoyos necesarios para constituir el jurado de enjuiciamiento, aunque advirtieron que la situación “depende de si el tema sigue escalando”.
Esa escalada parece ser el objetivo de una estrategia mediática que, pese al paso de los días, no pierde intensidad. Por tercer día consecutivo, el fallo de la jueza continuó ocupando un lugar central en la agenda de varios medios de comunicación. El miércoles por la tarde, el periodista Eduardo Feinmann difundió en su programa televisivo la dirección y el teléfono del Juzgado N°3, y pidió a su audiencia que “llame y haga saber su opinión como ciudadano”, excusándose en que se trata de “el teléfono público” y no del privado de la jueza. “No la insulte ni la maltrate”, solicitó el conductor mientras en pantalla se exhibía el rostro de la magistrada, y aseguró que en su programa “no hacemos escraches”.
Como contrapartida, la jueza siguió sumando adhesiones. La Correpi emitió un comunicado en el que advirtió que “un fallo en favor de los pibes no puede provocar tanto odio”. La organización consideró “inaudito en el estado de derecho que una resolución judicial abundantemente fundamentada genere un verdadero linchamiento público, recurriendo a los más abyectos calificativos de su autora y de quienes compartimos su justa solución del conflicto”. Agregó que De Marinis “armonizó la legislación vigente con los mandatos convencionales en materia de niños, niñas y adolescentes, que, mal que le pese a los propagandistas oficiales, son de aplicación obligatoria para nuestros tribunales”.
Diversos organismos ya habían manifestado su respaldo, entre ellos la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia, la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Colectivo Feminista Federal y la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia. A estas muestras se sumó la Asociación Civil Forum Infancias, que expresó su “solidaridad” con la jueza y resaltó “la importancia de una Justicia independiente y empática con las infancias y adolescencias, que pueda contemplar la singularidad de cada situación y preservar una perspectiva de derechos en una etapa decisiva de la vida”.
Uno de los aspectos sustanciales del fallo radica en la descripción de la cruda realidad del adolescente sobreseído tras el intento de robo: una familia con padre ausente, una madre desempleada que padece epilepsia, un hermano de diecinueve años que perdió su trabajo, un hogar sin gas por falta de pago y un sustento cotidiano basado en ayudas económicas y bolsones de comida. En la causa constan las declaraciones del propio joven, quien manifestó: “pretendo ayudar a mi mamá como sea, ir al colegio y empezar boxeo”.
