Crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas: despidos, intervención y denuncias cruzadas en medio del ajuste

Crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas: despidos, intervención y denuncias cruzadas en medio del ajuste

El Gobierno avanza con el desguace del IOSFA mientras promete más poder para los militares. La decisión de devolver los hoteles a cada arma deja a 576 civiles sin empleo y desató protestas, denuncias penales y acusaciones de vaciamiento.

Mientras el oficialismo impulsa un proyecto de ley que ampliaría las atribuciones de las Fuerzas Armadas y las insertaría en tareas de seguridad interior, la gestión de Javier Milei no consigue frenar la hemorragia financiera que atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, una de las mayores inquietudes de los uniformados. En las últimas jornadas, el titular de la cartera de Defensa, Carlos Presti, solicitó la dimisión del administrador del IOSFA, en un contexto signado por manifestaciones gremiales a raíz de la decisión oficial de dejar en la calle a 576 empleados civiles. La reacción del Ejecutivo fue la habitual: despliegue policial y presentaciones judiciales.

El IOSFA fue concebido en mayo de 2013, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con el propósito de brindar cobertura a los miembros del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, así como a dos fuerzas de seguridad, Gendarmería y Prefectura. De acuerdo con cálculos estimativos, la entidad contaba con aproximadamente 396.000 afiliados y se posicionaba como una de las obras sociales de mayor envergadura del país, solo superada por el PAMI y el IOMA.

No obstante, la situación se tornó insostenible a lo largo de la administración de Milei. Según fuentes consultadas, al concluir el mandato de Alberto Fernández la obra social registraba superávit. En aquel entonces se encontraba bajo la conducción de Darío Díaz Pérez y, al momento de su partida, existían dos recaudaciones favorables depositadas en el banco a plazo fijo para preservarlas de la depreciación.

Un exfuncionario del área de Defensa sostiene que el golpe definitivo para el IOSFA se produjo durante los primeros meses del gobierno de La Libertad Avanza. La combinación de la megadevaluación instrumentada apenas asumió la nueva administración y la suspensión del acuerdo para rejerarquizar a las Fuerzas, que había sido pactado durante la gestión de Jorge Taiana al frente de la cartera, resultó letal. Si los haberes son bajos, las contribuciones también lo son, lo que torna insostenible el financiamiento de la obra social.

La crisis se agudizó durante el paso de Luis Petri por el Edificio Libertador. De hecho, la diputada libertaria Lourdes Arrieta lo denunció por el desfalco en el IOSFA. Proveniente de una familia militar, Arrieta fue una de las legisladoras que participó de la visita a los represores detenidos en el penal de Ezeiza y, tras ese episodio, promovió una denuncia penal contra varios exponentes del oficialismo y conformó su monobloque.

Cuando Presti reemplazó a Petri, la crisis ya se encontraba en ebullición. En ese momento, el pasivo acumulado por el IOSFA superaba los 213.000 millones de pesos, y la mayor parte de esa deuda correspondía a las prestaciones de los afiliados de las fuerzas de seguridad, es decir, Prefectura y Gendarmería.

En febrero de este año, Milei suscribió el decreto 88 mediante el cual creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Se trata de una entidad que alcanza exclusivamente al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, salió a buscar un prestador privado y comunicó oficialmente que las fuerzas recibirían servicios de Medicus. Una fuente con conocimiento del manejo del área explica que, al dividirla, la obra social se vuelve más difícil de sostener porque son menos los aportes.

Presti designó al coronel retirado Ariel Guzmán como administrador del IOSFA y liquidador de lo que restaba de la obra social. Sin embargo, el desenlace no fue el esperado. El miércoles, el general Presti recibió a Guzmán en su despacho y le solicitó la renuncia.

En el IOSFA se calcula que hay 3450 trabajadores y trabajadoras. Quinientos setenta y seis de ellos pertenecen al área de turismo social y son civiles que prestan servicios en los trece hoteles y los tres centros recreativos que existen dentro de la obra social.

Fiel a su estilo, el Gobierno resolvió satisfacer un reclamo de larga data de las Fuerzas Armadas: que los hoteles vuelvan a manos de cada una de las armas. Presti decidió devolver los inmuebles sin el personal.

De manera paralela, el IOSFA comenzó a vaciar las cuentas de los hoteles y se dispuso, por ejemplo, que el establecimiento de Mar del Plata reintegrara las reservas que tenía para los próximos meses. En particular, registraba numerosos pedidos de hospedaje para el período comprendido entre el 2 y el 7 de noviembre, cuando se disputarán los Juegos Evita en la ciudad balnearia.

Rubén López, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado, explicó a Página/12 que se trataba de dinero genuino que ingresaba a la obra social. El dirigente gremial también detalló que los trabajadores recibieron, por parte de los responsables de los hoteles y los campings, el aviso de que, de no mediar una contraorden, a partir del 1 de octubre ya no deberían presentarse a trabajar.

Frente a la inminente pérdida de empleo de 576 personas y el impacto que ello genera en sus familias, en un contexto en el que la pobreza, según datos oficiales, supera el 32 por ciento, se decidió movilizar este jueves a la sede del IOSFA en el barrio porteño de Balvanera. Al llegar, los manifestantes se encontraron con las persianas bajas mientras había empleados en el interior.

Cuando consiguieron ingresar, los representantes del gremio pidieron dialogar con las autoridades. La condición que impusieron fue que los trabajadores salieran del edificio. Finalmente, una comitiva se reunió con el general de brigada retirado Omar Horacio Domínguez, vicepresidente del IOSFA.

A Domínguez le entregaron una nota en la que denunciaban el desguace y vaciamiento del IOSFA. El argumento central es que el Gobierno está incumpliendo lo que establecía el decreto 88, que disponía que los inmuebles y el personal del IOSFA pasarían a la OSFA. A través de otro decreto, el 788/2026, Milei decidió prescindir de los servicios de Turismo y Farmacia, por lo que los trabajadores de esas áreas quedarán en la calle.

Domínguez se había comprometido a darles una respuesta antes del próximo miércoles 30 de septiembre. Sin embargo, cuando López y otros referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado salieron de la reunión, los esperaba la policía para llevarlos detenidos. Si bien la detención no se concretó, los dirigentes gremiales terminaron con una causa por violación de domicilio o invasión de propiedad privada.

El exministro de Defensa Agustín Rossi lamentó en diálogo con este diario que una de las peores cosas que hizo Milei fue el desfalco en IOSFA y que en este capítulo final van por el despido de los trabajadores. Habrá que ver, agregó, si esos hoteles que eran utilizados por el personal siguen en uso.

La Oficina de Respuesta Oficial salió al cruce de Rossi con un extenso texto en el que justificaba el desguace. La fundamentación oficial del traspaso de los hoteles, y por ende del despido de los trabajadores, es que dejaban más de 2.000 millones de pesos de déficit por año.

El diputado nacional respondió que el Gobierno hizo un gran desfalco y que, en lo que va de gestión, Milei ya puso tres personas a cargo del IOSFA y dos al frente de la OSFA, lo que deja en evidencia el descalabro. Para tratar de ocultar los rastros de la mala gestión y de la falta de transparencia, al igual que con ANDIS, disolvieron el IOSFA y crearon el OSFA, afirmó en referencia a la Agencia Nacional de Discapacidad que es foco de una investigación penal por sobreprecios, compras dirigidas y coimas. Y cerró con una sentencia categórica: más chantas no se consigue.

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