El Presidente sostuvo en una entrevista televisiva que este año ya expulsó a 20.000 supuestos terroristas, pero los datos de Migraciones muestran apenas 744 expulsiones y ningún elemento que vincule a los extranjeros frenados con actividades terroristas. La ley de Control Social que impulsa su Gobierno crearía un registro discrecional de sospechosos sin necesidad de causa judicial.
En una nueva entrevista televisiva, el presidente Javier Milei volvió a insistir con una afirmación que ya había formulado meses atrás y que carece de respaldo documental: que su administración deportó a decenas de miles de supuestos terroristas que intentaban “dinamitar el modelo argentino”. Durante la conversación emitida por LN+, el mandatario elevó la apuesta y aseguró que, mientras el año pasado se habían expulsado 10.000 de estas personas, en lo que va del corriente año la cifra ya ascendía a 20.000. Consultado sobre el origen de esos supuestos infiltrados, el Presidente respondió con generalidades, mencionó que provenían de otros países y evitó precisar nacionalidades, resoluciones judiciales o cualquier tipo de documentación que sustente semejante volumen de expulsiones.
La conversación, cuya transcripción fue difundida por la oficina presidencial, careció por completo de repreguntas incisivas. El entrevistador, Luis Majul, se limitó a acompañar las cifras del mandatario sin cuestionarlas ni solicitar precisiones, un comportamiento que contrasta con el de un periodista que, frente a datos de esa magnitud, habría indagado sobre identidades, procesos judiciales o países de destino. Ninguna de esas preguntas se formuló, probablemente porque ninguna podría haber sido respondida con sustento fáctico.
No es la primera vez que Milei recurre a estas cifras. Ya a fines de agosto, cuando mencionó por primera vez los 10.000 deportados por terrorismo, la Dirección Nacional de Migraciones, a cargo de Sebastián Pablo Seoane, recibió un pedido de acceso a la información pública formulado por El Destape. La solicitud requería el detalle del origen de esa afirmación, estadísticas diarias, motivos de las deportaciones, países de destino y las resoluciones judiciales correspondientes. La respuesta oficial llegó incompleta y, paradójicamente, terminó refutando al propio Presidente.
Los números aportados por el organismo revelan una realidad muy distinta a la narrada por el mandatario. Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, las expulsiones efectivas —es decir, de personas que ya se encontraban dentro del territorio nacional— ascendieron a 744. Los incidentes de entrada, ocurridos en la frontera y que implicaron que los involucrados nunca llegaran a ingresar al país, totalizaron 18.947. Esto significa que los expulsados representan veinticinco veces menos que los frenados en el ingreso y que la suma global está muy lejos de los 30.000 que Milei atribuye a una supuesta ofensiva terrorista.
Incluso si se aceptara la interpretación más benevolente y se asumiera que el Presidente se refiere al universo combinado de expulsiones e incidentes fronterizos, el desglose de esos incidentes desarma por completo la hipótesis terrorista. De las 18.947 personas que no pudieron entrar al país, 8.008 fueron detenidas por infracciones migratorias como falsos turistas, flagrancia o alertas, lo que representa el 42 por ciento del total. Otras 4.566 presentaban impedimentos judiciales, como capturas o condenas, equivalentes al 24 por ciento. Un total de 6.298 carecían de documentación habilitante, lo que constituye el 33 por ciento. Solo 33 personas portaban documentación falsa, adulterada o robada, un 0,17 por ciento, y apenas 42 tenían residencia cancelada, un 0,22 por ciento.
Ninguno de estos datos permite sostener la existencia de una infiltración terrorista coordinada. Aun en el escenario más extremo, si se considerara que todas las personas con impedimentos judiciales son terroristas, la cifra representaría una cuarta parte de lo enunciado por Milei. Y nada indica que lo sean: delincuente y terrorista son categorías jurídicas y conceptuales radicalmente distintas. Menos aún puede atribuirse esa condición a un turista con pasaporte vencido o a un estudiante que no completó correctamente su trámite de residencia.
El Gobierno tampoco aportó las resoluciones judiciales que acreditarían la condición de terroristas de los deportados. Todo apunta a que tales resoluciones no existen. La respuesta oficial se limitó a estadísticas anuales que, lejos de confirmar la versión presidencial, la desmienten.
La elección de las cifras tampoco parece ingenua. Milei menciona números que, sumados, alcanzan los 30.000, una cifra que remite directamente a la cantidad de detenidos-desaparecidos durante la dictadura empresario-militar, un período cuya magnitud el propio Presidente ha relativizado en distintas oportunidades. Tampoco es casual que utilice la palabra “terrorista”, el mismo término que empleaban José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla para justificar la represión ilegal.
Pero la manipulación discursiva no se agota en la retórica. En el proyecto de ley de Control Social, presentado bajo el título de Defensa de la Soberanía Nacional, existe un capítulo específicamente dedicado al registro público de personas y entidades vinculadas al terrorismo. El artículo 114 establece que la inscripción en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento requerirá la existencia de “motivos razonables para sospechar” que una persona o entidad está vinculada con esos delitos. El texto agrega que esa incorporación “no estará condicionada a la existencia de una acción penal”, lo que equivale a habilitar un listado de terroristas absolutamente discrecional y al margen de toda legalidad.
La inscripción se realizaría por resolución fundada de la Unidad de Información Financiera, con intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Seguridad Nacional, de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del Ministerio de Justicia. En términos concretos, el Poder Ejecutivo podría incluir a quien quisiera en una lista de terroristas invocando meros “motivos razonables”, sin necesidad de causa judicial y con el respaldo de organismos que dependen directamente del Presidente.
La ley aún no fue tratada en el Congreso, pero Milei ya la aplica de hecho: afirma que todas las personas que no pudieron ingresar al país son terroristas. Su afirmación contradice además las declaraciones del jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, quien ante la Bicameral de Inteligencia descartó la existencia de amenazas terroristas en el territorio nacional. La disyuntiva es inevitable: o el Presidente inventa terroristas o el jefe de inteligencia miente.
La misma iniciativa legislativa prevé penas de cinco a doce años de prisión para quienes “procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. Traducido: encarcelar a periodistas que publiquen información que el Gobierno prefiere mantener oculta. La pregunta que sobrevuela es si publicar estos datos, los mismos que desmienten al Presidente, formará parte de esa categoría.
