La quita de visas a funcionarios bolivianos, la presión sobre la Corte argentina y la interrupción de servicios consulares en Brasil dibujan un tablero donde la Casa Blanca parece mover las piezas judiciales y electorales de la región. Denuncias de golpe institucional en Bolivia, fallos express en Buenos Aires y advertencias sobre Brasil configuran un cuadro de intromisión que ya no se molesta en ocultarse.
La reciente decisión de Estados Unidos de retirar la visa al fiscal general de Bolivia y a otros funcionarios judiciales desencadenó una cadena de acontecimientos que, según denuncias de diversos actores políticos y sociales, constituye un verdadero golpe institucional en el país andino. Apenas 48 horas después de conocerse la medida, el gobierno boliviano ordenó la detención de Mariaca, de dos fiscales y de otras once personas sin que mediara causa judicial alguna, ni en Bolivia ni en territorio estadounidense. La operación, ejecutada por la policía sin intervención de autoridad judicial competente, fue saludada por el ministro de Gobierno con un agradecimiento explícito a la agencia antidrogas de Estados Unidos, lo que dejó al descubierto que las órdenes habrían sido impartidas desde Washington.
El fiscal Roger Mariaca encabezaba las investigaciones que llevaron a prisión a Fernando Cerimedo, exasesor del presidente argentino Javier Milei y del mandatario boliviano Rodrigo Paz. Las acusaciones contra Cerimedo incluían tentativa de femicidio, enriquecimiento ilícito y sobornos vinculados a aviones utilizados para el transporte de drogas, delitos que lo condujeron al penal de Chonchocoro. En medio de ese proceso, la administración estadounidense le retiró la visa a Mariaca y a otros funcionarios judiciales, en lo que se interpreta como una maniobra para proteger a su hombre. La posterior detención de los fiscales, consumada sin orden judicial, fue calificada por el secretario de Estado Marco Rubio como una “medida audaz”, y recibió el respaldo de los gobiernos de derecha de América Latina, que la enmarcaron dentro del llamado Escudo de las Américas, el acuerdo impulsado por Donald Trump con esas administraciones.
La situación se agravó cuando el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, opositor a Paz, denunció que preparaban su detención sobre la base de pruebas falsas. Lara había divulgado audios en los que Cerimedo negociaba quince mil dólares por “carro”, término con el que en Bolivia se designa a los aviones cargados de droga. Tanto el expresidente Evo Morales como Nadia Beller, víctima y expareja de Cerimedo, coincidieron en señalar que lo ocurrido demuestra que Estados Unidos está gobernando Bolivia. En la sesión de la Asamblea Plurinacional en la que se destituyó a Mariaca de manera inconstitucional, por no existir sentencia firme, se detectó la presencia de representantes de las embajadas de Estados Unidos, Argentina y Perú presionando a los legisladores. Entre ellos se identificó a Hermes Grullón, funcionario del Departamento de Estado, que repartía códigos QR entre los congresistas bolivianos para concertar reuniones personales y condicionar sus votos, una prueba adicional de que las directrices llegan desde el norte.
En Argentina, el patrón de injerencia se repite con una sincronía que llama poderosamente la atención. Entre el 6 y el 7 de agosto, el gobierno de Milei retiró el capítulo sobre extranjerización de tierras de la ley que falsamente se presentaba como defensa de la propiedad privada. Ese mismo mes, el 31 de agosto, comenzó a circular en la Corte Suprema el proyecto de fallo que menos de cuatro semanas después firmaron los tres jueces supremos. El expediente dormía en el cuarto piso de Tribunales desde marzo de 2024 y solo fue rescatado del cajón cuando a Milei se le bloqueó todo en el Congreso. El argumento esgrimido resultó vergonzoso: a los excombatientes del CECIM se les dijo que “la soberanía no es un bien colectivo a defender”. La Corte tenía otros treinta expedientes cuestionando el decreto 70/2023, pero eligió únicamente ese para resolverlo a las apuradas, violando la soberanía popular que ya había dejado claro en el Senado que la norma sobre extranjerización de tierras no pasaría.
Detrás de esa resolución se percibe con nitidez un pedido urgente de Estados Unidos, con el gobierno de Trump jugando a favor de Peter Thiel, el magnate de la inteligencia artificial orientada a la cuestión bélica y al espionaje sobre la totalidad de los ciudadanos. Thiel, por ejemplo, calificó al Papa León XIV como “idiota útil del Partido Comunista Chino” a raíz de la encíclica en la que el pontífice advierte sobre la falta de control de la inteligencia artificial. En 2025, en Estados Unidos se cancelaron veinticinco proyectos de data centers por oposición de la población, y en 2026 ya suman veinte los rechazos. Las razones son categóricas: enorme utilización de agua, lo que eleva la tarifa; enorme consumo de energía, que también encarece el costo y empeora el servicio; y, en muchos casos, amplia ocupación de tierras, unas ciento setenta y cinco hectáreas, con ruidos de relevancia. En Pensilvania llegaron a ofrecer diez mil dólares por habitante para que votaran a favor y, aun así, hubo rechazo. El objetivo de Thiel es instalar data centers en la Patagonia, con abundante agua fría para enfriar los equipos, territorio y energía. Solo se trata de ceder el espacio, el agua y la energía, sin ninguna formación de argentinos que permita, por ejemplo, que una universidad intervenga y controle el proyecto. El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó un pedido de cautelar para evitar que se extranjericen tierras mientras la cuestión vuelve a tratarse y derogarse en Diputados, y plantea que debe investigarse, municipio por municipio, quién está comprando tierras.
La secuencia que condujo a la detención de Cristina Kirchner sigue un guion igualmente sospechoso. El 21 de marzo de 2025, el gobierno de Trump le retiró la visa para entrar a Estados Unidos a la expresidenta y a su familia. Ese mismo día, por la tarde, la Cámara de Casación rechazó el recurso de la defensa de Cristina por la escandalosa condena en la causa Vialidad. El 10 de junio, poco más de dos meses después, a una velocidad inédita, la Corte confirmó la condena, lo que derivó en la prisión de la exmandataria. El máximo tribunal tiene casos sin resolver desde hace una década o más, pero en este expediente se tomó setenta y nueve días. Es público y notorio que el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, sostuvo ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de su país que una de sus prioridades en Argentina era “que Cristina Kirchner reciba la justicia que se merece”. Después afirmó que “la prisión domiciliaria de CFK se debía a un favoritismo político” y agradeció al ultraderechista senador Ted Cruz por haber impulsado la quita de visa a la familia de la expresidenta. El panorama se completa con la irrupción de Scott Bessent dos días antes de las elecciones de 2025 y el cheque de veinte mil millones de dólares para presionar a los votantes a favor de Milei. Este mismo viernes, Lamelas volvió a la carga en el Foro de Argentina Andina, donde declaró que han otorgado una línea de crédito que puede expandirse hasta 2027 si Argentina sigue profundizando sus reformas económicas, y explicó que eligieron ese año porque es el de la elección, confirmando el apoyo a este gobierno y anunciando que seguirán respaldando a la Argentina después de 2027. Injerencia electoral en estado puro.
El caso de Brasil no escapa a esta embestida. Nick Zimmerman, exdirector del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, afirmó que nunca hubo una injerencia tan grande en las elecciones brasileñas como la que ejerce ahora Trump, y ratificó las denuncias de Luiz Inácio Lula da Silva. El mismo exfuncionario señaló que si Lula gana por un margen estrecho, Trump no reconocerá el resultado e impondrá sanciones. Al mismo tiempo, para marcar la cancha de manera hostil, el gobierno estadounidense interrumpió los servicios consulares en Brasil por orden directa del secretario de Estado Marco Rubio, con el argumento de razones de seguridad que no aparecen respaldadas por ninguna evidencia concreta. La conducción de la campaña de Lula lo denunció como una injerencia ante el Superior Tribunal Electoral, y el Partido de los Trabajadores citó la carta de los senadores demócratas Jeanne Shaheen, Tim Kaine y Peter Welsch, quienes advirtieron al gobierno estadounidense que no interfiera más en los comicios brasileños. La cuestión viene de lejos: el diario inglés The Guardian denunció que recursos de un fondo norteamericano financian la campaña de Bolsonaro, y el propio Trump inició la guerra aumentando los aranceles a los productos brasileños, no por una disputa comercial, sino porque consideró que Lula y varios jueces, a quienes les retiraron la visa, hostigaban a Bolsonaro.
Aunque parezca delirante, la ofensiva de Trump y la derecha republicana en todo el continente se sustenta en la doctrina Donroe, una referencia a “América para los americanos”. En 1823, el presidente James Monroe sostuvo que ningún país europeo podía tener colonias en América porque sería una amenaza para Estados Unidos, de manera que el continente quedaba bajo la custodia del país del norte. Trump, haciendo gala de su megalomanía, puso ahora una D de su apellido al frente de la doctrina, en lugar de Monroe, y el resultado es “América para Trump”. Así actúan desde Washington, sin tapujos, mientras las democracias latinoamericanas observan cómo sus instituciones, sus elecciones y hasta sus recursos naturales quedan atrapados en una trama de presiones y favores que parece no tener otro árbitro que la Casa Blanca.
